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Partido X.
Programa sobre ciencia del Partido X a partir de propuestas programáticas de la sociedad civil

Ciencia e I+D


TEXTOS DE REFERENCIA

Por orden de aparición. [La Red Ciudadana-PartidoX nunca parte de cero. El siguiente texto programático se ha elaborado a partir de los textos de referencia a continuación indicados, que han sido posteriormente enmendados por la ciudadanía, como puedes ver aquí.]

[1] – INVESTIGACIÓN DIGNA, Carta Abierta por la Ciencia en España, 2012.
Segunda Carta por la Ciencia, 2013
[2] – FEDERACIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES / PRECARIOS, Informe de la Carrera Investigadora en España, 2013
[3]- AMERICAN SOCIETY FOR CELL BIOLOGY (ASCB), San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA), 2012
[4] – ASOCIACIÓN PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN ESPAÑA (AACTE), Propuestas de la Asociación por el Avance de la Ciencia, la Tecnología en España al anteproyecto de Ley de la Ciencia, 2010
[5] – MAX PLANK OPEN ACCESS, Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, 2003
[6] – ASOCIACIÓN PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN ESPAÑA (AACTE), Propuestas de la AACTE para la reforma de las Universidades (punto 3), 2012

Índice

1. Medidas a corto plazo

 
2. Medidas a medio y largo plazo

2.1 Carrera investigadora

2.1.1. Necesidades comunes a todas las etapas de la carrera investigadora
2.1.2. Investigadores en Fase Inicial (predoctorales) e investigadores Experimentados (postdoctorales)
2.1.3. Contratos de reincorporación
2.1.4. Investigador doctor con puesto permanente

 
2.2 Evaluación de la investigación

2.3 Financiación de la investigación

2.4 Fomento del acceso abierto

2.5. Transferencia científica y tecnológica para un cambio de modelo productivo

2.5.1. I+D y PYME
2.5.2. Fomento de la innovación en conocimiento abierto
2.5.3. Incentivación del mecenazgo en I+D
2.5.4. Relaciones Universidad-Empresa
2.5.5. Fomento de spin-off
2.5.6. Fomento de la movilidad del personal del sistema público de I+D
2.5.7. Evaluación de la actividad investigadora en empresas

 
3. Otras referencias

4. Enmiendas desestimadas
 

1. MEDIDAS A CORTO PLAZO.

El Programa de Reformas (PNR) remitido por el Gobierno a la UE anuncia la congelación de la inversión en I+D hasta el año 2020 y reduce el objetivo a alcanzar un 2% del PIB en dicha fecha, frente al 3% inicialmente previsto. Todo ello asumiendo la ilusoria previsión de duplicar una inversión privada que no para de caer por efecto de la crisis. Esto causa un daño a corto y largo plazo al ya muy debilitado sistema de investigación español y contribuye a su colapso. Además, implica el mantenimiento de un modelo económico obsoleto que ya no es competitivo y que es especialmente vulnerable a todo tipo de contingencias económicas y políticas. Ante esta situación, proponemos:

  • Evitar que se lleve a cabo una nueva reducción de la inversión en I+D. En los últimos años, la financiación en I+D (capítulo 46 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha visto recortada en un 4,2% en el 2010, un 7,38% en el 2011 y un 26,4% en 2012 (donde los porcentajes se refieren al recorte con respecto al año anterior). La situación se ve considerablemente agravada por las dificultades financieras de las Universidades, que contribuyen con más del 60% de la investigación del país y cuyos presupuestos están sufriendo severas restricciones en los últimos años, afectando seriamente a su potencial investigador tanto de medios como de recursos humanos. A medio plazo es crítico alcanzar la media de la UE-27 del 2,3% y converger hacia el objetivo del 3% del Consejo Europeo.
  • Que se incluya la I+D entre los “sectores prioritarios” permitiendo una Oferta de Empleo Público y posibilidades de contratación en organismos públicos de investigación, universidades y centros tecnológicos. Esto evitaría una fuga de científicos y personal investigador de la que el país tardaría décadas en recuperarse.

“El modelo productivo español (…) se ha agotado, con lo que es necesario impulsar un cambio a través de la apuesta por la investigación y la innovación como medios para conseguir una economía basada en el conocimiento que permita garantizar un crecimiento más equilibrado, diversificado y sostenible.” Estas palabras, extraídas del Preámbulo de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, fueron aprobadas en Mayo del 2011 por el 99% de los miembros del Congreso y Senado español, constituyendo un Pacto de Estado tácito sobre la necesidad de priorizar la I+D. El diagnóstico es inequívoco y la solución ha sido identificada. Ahora solo falta poner esto en práctica a través de un compromiso con el ámbito científico a través de la aprobación de Presupuestos Generales del Estado que hagan tangible dicho compromiso

Cualquier presupuesto con recortes en I+D, como los que se están barajando actualmente, dañaría gravemente y a largo plazo al ya muy debilitado sistema de investigación en el Estado español, tanto su infraestructura como especialmente su capital humano. Esto supondría una pérdida de competitividad y fue así reconocido por el Consejo Europeo. En el memorándum del 2 de marzo 2012, “El Consejo Europeo confirma la investigación y la innovación como motores del crecimiento y el empleo (…). Los Jefes de Estado y de Gobierno de la EU han enfatizado hoy (…) que la estrategia europea de crecimiento y su respuesta integral al reto actual (…) requiere un impulso de la innovación, la investigación y el desarrollo, (….) componentes vitales de la futura competitividad y desarrollo de Europa” (MEMO/12/153). Por ello, creemos que es urgente tener en cuenta las siguientes consideraciones.”


1.1. RECURSOS HUMANOS EN I+D.

Hay una pérdida acelerada de capital humano, tanto en el sistema productivo como en el académico. Los investigadores que se jubilan no están siendo reemplazados ni siquiera al ritmo del exiguo 10% que permite la ley: el número de nuevas plazas estables en los organismos públicos de investigación se ha desplomado, pasando de 681 en 2007 a 15 en 2013. Los programas de contratación de jóvenes investigadores sufren reducciones del 30% o superiores. Los contratados Ramón y Cajal, investigadores de destacada experiencia internacional y prestigio en su campo, que se recuperaron del éxodo con promesas incumplidas de estabilización, deben ahora, en muchos casos, volverse a expatriar.

La situación es insostenible: el conjunto de todos los organismos públicos de investigación (OPI) agrupa a unos 140 centros con una edad media de 50-55 años, llegando hasta los 58 años en el CSIC. La plantilla fija de los centros de investigación se está reduciendo aceleradamente porque durante los últimos años las plazas que quedan libres por jubilaciones no se reponen. Mientras, el resto de la plantilla queda relegada, en el mejor de los casos, a una concatenación de contratos de corta duración. El resultado es una importante pérdida de competitividad porque formar equipos y captar financiación requiere un grado de estabilidad que un gran número de investigadores en su pico de productividad aún no poseen, ya sea dentro del modelo funcionarial actual o de contratación laboral. De hecho, es urgente flexibilizar la contratación en investigación para permitir una planificación de recursos humanos que haga viable los planes estratégicos. De lo contrario, nunca se alcanzarán los objetivos marcados y el abandono de líneas de investigación supondrá una importante pérdida de inversión.

 

La falta de estabilidad en la política de recursos humanos del sistema nacional de I+D daña su credibilidad y mina la competitividad. El Programa Ramón y Cajal es un buen ejemplo de ello (pero no es el único). A nivel nacional, este programa es el buque insignia del sistema de investigación en el Estado español en términos de recursos humanos. Vio la luz en 2001 con una visión de futuro cuyo compromiso es, y siempre ha sido, ofrecer la posibilidad de estabilización de los investigadores que hayan superado las dos evaluaciones establecidas durante un “periodo de prueba” de 5 años (en el segundo y en el cuarto año): es el “tenure-track” español. Sin embargo, solo un 37% de los investigadores de la convocatoria del 2006 que han superado las evaluaciones establecidas en el programa ha logrado estabilizarse, siendo este porcentaje significativamente más reducido para los investigadores de la convocatoria del 2007 cuyos contratos empiezan a finalizar en los próximos meses. De media, los investigadores que han acabado o están a punto de acabar sus contratos y han superado satisfactoriamente las evaluaciones, tienen 42 años de edad, 17 de los cuales han sido dedicados a la investigación, lideran sus grupos de trabajo, tienen una extensa experiencia en el extranjero y participan en una amplia red de colaboradores internacionales. Existen otros muchos investigadores de perfil similar que se encuentran en la misma situación. Es urgente que el sistema de investigación español cumpla los compromisos de su tenure-track actual y se modifique para permitir una planificación de recursos humanos que haga viable esta figura (el nuevo contrato de acceso en la Ley de la Ciencia dista mucho de ser un tenure-track).

Las características de la labor de investigación exigen décadas para la formación de un capital humano de calidad. No tenemos un sector privado en I+D que pueda absorber y aprovechar a investigadores altamente cualificados. Este capital humano, que tanto ha costado formar y que está óptimamente preparado para contribuir a un modelo productivo basado en el conocimiento, no va a tener otro remedio que emigrar o dejar la investigación. Nuestro país se enfrenta a una “fuga de cerebros” multi-generacional (desde los investigadores que empiezan ahora sus tesis doctorales hasta los de 40-45 años) y a la pérdida de una futura generación de científicos (ahora niños y adolescentes). Dentro de unos años, no tendremos más remedio que importar científicos mediante costosas ofertas que permitan competir con las de países punteros en ciencia, cuyas políticas de recursos humanos tendrán mucha mayor credibilidad. Si no tomamos medidas urgentes para conservar el capital humano de mayor excelencia científica, el sistema de investigación tardará décadas en recuperarse, lastrando el ansiado cambio en el modelo económico.


1.2. INVERSIÓN EN I+D.

La inversión en I+D ha de converger con la media de la UE-27 y aproximarse al objetivo del 3% del PIB establecido por el Consejo Europeo en su Estrategia de Lisboa. La financiación en I+D+i en el 2010 fue un 1,39% del PIB, un 1,36% en 2011 y un 1,30% en 2012. Mientras que los países motores económicos de la UE están cercanos o por encima del 2,5% (con tres países por encima del 3%), los países rescatados o intervenidos se encuentran muy por debajo del 2,3% (la media de inversión en la Europa de los 27). ¿Casualidad? Evidentemente no: ninguno de los países económicamente sanos en el grupo de cabeza de Europa se ha permitido permanecer en los vagones de cola en I+D.

 

La inversión en I+D ha de ser estable e independiente de ciclos políticos y económicos. La ausencia de estabilidad, un mal endémico del sistema de investigación español, hace que pierda efectividad y credibilidad. En los últimos años, la financiación en I+D+i (capítulo 46 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha visto recortada en un 4,2% en el 2010, un 7,38% en el 2011 y un 26,4% en 2012 (donde los porcentajes se refieren al recorte con respecto al año anterior). La inversión pública se ha reducido un 13,7% en subvenciones en el último año, acumulando un recorte del 40% desde 2009. Además, el presupuesto aprobado sufre un posterior secuestro por parte del Ministerio de Hacienda en forma de “no disponibilidad”, a la que se añade la negativa de dicho Ministerio a transferir fondos a las comunidades autónomas que no cumplen el objetivo de reducción de déficit, con la consiguiente muerte por inanición de grupos y centros de investigación, a quienes se les niega la financiación de proyectos que ya estaban aprobados por una cuestión totalmente ajena a los investigadores.

El Estado español sigue en I+D una política cíclica, que hace aún más vulnerable al país cuando peor está su economía, cortando posibles vías de recuperación. Por el contrario, muchos países punteros en investigación adoptan en I+D una política anti-cíclica, de mayor inversión cuanto menos crece la economía. En el 2012, Francia ha anunciado un paquete de estímulo de 35.000 M € para investigación, mientras que Alemania, abanderada de la austeridad, incrementará hasta el 2015 en un 5% el presupuesto de sus principales organismos de investigación (incluyendo al Instituto Max Planck y la Deutsche Forschungsgemeinschaft (Fundación Alemana para la Investigación). Asimismo, el 2 de marzo de 2012, la Comisión Europea, contando con el apoyo del Gobierno español, propuso aumentar muy significativamente la inversión en investigación y desarrollo, pasando de 55.000 M € en el periodo 2007-2013 a 80.000 M € en el 2014-2020 (MEMO/12/153).

 

 

Un modelo económico basado en la generación de conocimiento solo tendrá éxito si se garantiza la estabilidad del sistema de investigación en términos de recursos económicos y humanos y si hay un sector privado que apueste por la investigación y la innovación. Para potenciar este último, el Banco de Inversión Europeo y la Comisión Europea crearon en el año 2007 el Instrumento de Financiación de Riesgo Compartido (RSFF). Sin embargo, si el Estado español no promueve el retorno y captación de investigadores, y su posterior consolidación, el sistema de investigación español tardará décadas en recuperarse debido a un doble factor: ni las empresas españolas encontrarán personal investigador cualificado para hacer uso de estos recursos financieros europeos, ni las instituciones públicas de investigación tendrán capital humano para beneficiarse de los recursos económicos de la Comisión Europea (80.000 M € en el 2014-2020).

El cambio a una economía basada en el conocimiento, que puede llevar décadas en conseguirse, no debe medirse en legislaturas y requiere un acuerdo de Estado que lo blinde de ciclos económicos y políticos. Es una cuestión de Estado y debería considerarse una prioridad. En palabras del Ministro de Economía y Competitividad, Luís de Guindos “vamos a hacer de la I+D+i la base del futuro desarrollo de la economía española (…) y aprovechar el capital humano que tenemos y desarrollar la carrera investigadora” (Sesión Plenaria del Congreso de los Diputados, 21-02-2012).

Los líderes políticos deberían ser coherentes con el mensaje que están enviando a la sociedad española y a otros países e inversores: no pueden mantener la retórica del cambio a un modelo productivo basado en el conocimiento, mientras que todos los pasos que dan van en la dirección opuesta, produciendo irremediablemente un grave daño a corto y largo plazo a la infraestructura científica y su capital humano que sólo puede resultar en una economía de conocimiento “prestado” que alberga pocos expertos locales. “Si el conocimiento te parece caro, prueba con la ignorancia” (Derek Bok).


2. MEDIDAS A MEDIO Y LARGO PLAZO.

2.1. DISEÑO DE LA CARRERA INVESTIGADORA EN EL ESTADO ESPAÑOL.

Para empezar, hay que remarcar que un incremento en la inversión en I+D no basta por sí solo para modernizar el sistema científico español y aumentar su eficiencia, calidad y competitividad. La mejora de la calidad de nuestra investigación ha de sustentarse en dos pilares:

a) En primer lugar, un plan nacional coherente y sostenible orientado al largo plazo. La falta de dicha planificación plurianual en el Estado español convierte en demasiado comunes los retrasos en la publicación, evaluación y resolución de convocatorias de contratos, ayudas y proyectos. Todo ello comporta importantes problemas económicos para los investigadores, además de mermar la productividad de los grupos de investigación, que no pueden planificar sus recursos humanos ni la organización del trabajo y sus resultados a medio y largo plazo.

b) En segundo lugar, un modelo de carrera investigadora sólido, flexible e inseparable de la existencia de sistemas de evaluación de méritos y promoción que sean justos y ágiles. Hasta ahora la ausencia de criterios de selección transparentes, objetivos y basados exclusivamente en méritos profesionales ha convertido la endogamia y la corrupción en factores clave de la baja eficiencia del sistema científico español, y ello pese a los beneficios derivados del reciente sistema de acreditaciones.

 
2.1.1. Necesidades comunes a todas las etapas de la carrera investigadora.

Una buena planificación en política científica requiere un equilibrio en el porcentaje de investigadores que trabaja en cada una de las etapas de la carrera investigadora (predoctoral, postdoctoral, estabilización…), siempre de acuerdo con las posibilidades y objetivos de nuestras instituciones científicas.

Universidades, organismos públicos de investigación (OPI) y hospitales con actividad investigadora deben poseer una estructura de carrera investigadora propia compatible con la idiosincrasia de cada institución. Deben, por tanto, definir las características, obligaciones y derechos de las diferentes etapas de investigación que requieren sus centros. Asimismo, los Investigadores en Fase Inicial (IFI) y los Investigadores Experimentados (IE) deben ser incluidos en los convenios colectivos de cada institución, con los mismos derechos y deberes que los trabajadores de una escala equivalente.

Para coordinar políticas científicas coherentes es fundamental hacer un seguimiento institucional de los investigadores españoles que ejercen en el extranjero, en especial en la etapa de investigador experimentado. En este sentido, se deben eliminar de las convocatorias requisitos de edad ilógicos que excluyen a investigadores experimentados por ser “demasiado mayores”.

Cualquier plaza o ayuda debe tener carácter competitivo, su evaluación debe realizarse de manera transparente y los resultados de las evaluaciones deben ser públicos.

La promoción de figura académica e investigadora debe realizarse siempre mediante el concurso abierto de carácter competitivo, y ello tanto en OPI y universidades públicas como en instituciones privadas. Los criterios de dicha promoción deben ser únicamente los méritos, debidamente estipulados y controlados por tribunales externos para evitar el favoritismo y la corrupción. El tribunal o comité de selección ha de ser mixto, con miembros del departamento en cuestión, miembros de otros departamentos de la institución receptora y miembros de otras instituciones. La elección del tribunal debe igualmente corresponder a varias instituciones.

La convocatoria de nuevas plazas de investigación, desde ayudas predoctorales a plazas de investigador senior, debe ser accesible a cualquier persona independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia. Las plazas susceptibles de ser obtenidas por investigadores extranjeros deben ser convenientemente recopiladas y publicadas en una única página web disponible al menos en inglés.

Por otro lado, en las universidades (tanto públicas como privadas) debe consolidarse la creación y convivencia de dos tipos de plaza: uno con perfil eminentemente investigador y otro con perfil eminentemente docente. Ambas plazas tendrán un estatus idéntico pero contemplarán derechos y deberes diferenciales establecidos a escala estatal. Del mismo modo, los criterios de evaluación y acreditación de cada de plaza serán diferentes, ajustándose a sus características específicas.

La movilidad de los investigadores debería fomentarse y recompensarse en todas las etapas de la carrera investigadora. Las estancias en otros centros no solo permiten adquirir nuevos conocimientos y aprender nuevas técnicas y métodos de trabajo, sino que además fomentan la cooperación con otros grupos de investigación. En este sentido, la movilidad no debe entenderse exclusivamente en términos geográficos, sino que también debe estimularse la movilidad intersectorial y entre áreas de conocimiento.

 
2.1.2. Investigadores en Fase Inicial (predoctorales) e investigadores Experimentados (postdoctorales).

Con la entrada en vigor de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI), la única figura legal aplicable al personal de investigación es la contratación. Exigimos el cumplimiento de la LCTI y, por tanto, la transformación de las becas de investigación en contratos laborales con cotización a la Seguridad Social, así como una legislación que regule los derechos y deberes de este colectivo.

En esta misma línea, deben consolidarse las partidas presupuestarias destinadas a financiar la ejecución de proyectos de investigación que incluyen un porcentaje asociado a pagar parte del personal que ejecutará dichos proyectos.

Igualmente, una mayor frecuencia de convocatorias (plurianual) y mayor flexibilidad en la fecha de inicio permitiría que un grupo ofertara la contratación de investigadores solo cuando el desarrollo de los trabajos lo aconseje.

Las ayudas salariales externas que los investigadores pueden conseguir mientras están contratados deben contemplarse como suplementos al salario, por lo que ningún investigador debe verse obligado a percibir una remuneración de menor cuantía al obtener una ayuda externa.

Por último, debe acabarse con la existencia de investigadores sin remuneración regulada mediante el fomento de contratos-puente de corta duración y el endurecimiento de las sanciones a los centros que permitan estas situaciones.

 
2.1.3. Contratos de reincorporación.

Los investigadores doctores que han adquirido una experiencia investigadora y demostrado su capacidad productiva en diferentes grupos de investigación han de tener la posibilidad de liderar proyectos de investigación propios y, en caso de recibir una evaluación positiva como investigadores independientes, de alcanzar la estabilidad profesional.

La independencia de los investigadores con contratos de reincorporación debe ser real, y ha de acompañarse de un presupuesto acorde con la necesidad de creación de un nuevo grupo de investigación, independientemente de la infraestructura existente en el centro al que se incorpora. Esto daría una oportunidad a aquellos jóvenes talentos que quieran abrir líneas de investigación no existentes en nuestro país.

 
2.1.4. Investigador doctor con puesto permanente.

2.1.4.1. Contratos indefinidos (no funcionarios).

La contratación indefinida permite solventar varios problemas del sistema funcionarial, como el acceso de investigadores no comunitarios y la estabilización de aquellos investigadores que hayan obtenido una evaluación positiva por un organismo externo independiente.

La contratación indefinida debe potenciarse y ofertarse atendiendo exclusivamente a criterios de calidad científica, con el fin de evitar la endogamia y la corrupción.

2.1.4.2. Acceso a las plazas de funcionario.

Se debe regular a nivel estatal la formación y control de tribunales para la convocatoria de plazas, siempre contemplando las necesidades del organismo que solicita. A partir de aquí, se establecerán las bases para que el proceso sea transparente y cuente con presencia de personal externo a la institución convocante.

El proceso de acreditación debe simplificarse y ser transparente en todo momento, estableciendo con anterioridad los criterios que serán tenidos en cuenta y los que no, y justificando los informes de cada acreditación de acuerdo a dichos criterios. Asimismo, esos informes deben ser públicos para garantizar la transparencia.

El principal problema del sistema de acreditación para figuras universitarias es la exigencia de experiencia docente para optar a plazas indefinidas o funcionariales. Con el fin de potenciar la actividad investigadora en la universidad, deberían convocarse esas mismas plazas para perfiles primordialmente o totalmente investigadores, lo cual se hace ya en otros países europeos. Así, convivirían ambos perfiles, investigador y docente, que deberían ser evaluados de manera independiente.


2.2. EVALUACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN.

1. El sistema de evaluación y promoción basado en “sexenios” debe ser modificado, de tal manera que se pueda evaluar al investigador durante toda su carrera investigadora y graduar la evaluación en función de la calidad y la repercusión de la investigación realizada en cada momento. 2. La evaluación ha de ser externa, independiente y transparente en lo relativo a la concesión, denegación y evaluación de los proyectos de investigación. 3. La evaluación debería basarse en una estimación de la productividad (siempre referida a su calidad e impacto) en un período determinado, que no tendría por qué coincidir necesariamente con una duración determinada en el tiempo. La producción requerida para cada unidad se debería establecer para cada área y subárea de forma específica, pudiendo corresponderse con la exigida actualmente para la obtención de un sexenio de investigación. 4. La evaluación debe prescindir del empleo de criterios temporales absolutos, pues estos perjudican a los investigadores jóvenes, no favorecen la investigación de calidad y empujan a una hipercompetitividad que dificulta la vida privada y/o familiar de los investigadores. En este sentido, es importante que la evaluación investigadora tenga en cuenta los permisos y reducciones de jornada asociados a maternidad y paternidad.

5. La actividad investigadora puede enriquecerse con actividades docentes u otras ligadas a la investigación. En estos casos, la docencia u otras actividades profesionales paralelas se valorarán atendiendo no a la cantidad de horas impartidas, sino a su calidad. Asimismo, se deben tener en cuenta las interrupciones en la actividad investigadora derivadas del desempeño de otras actividades profesionales relacionadas con la investigación o la gestión.

6. Las evaluaciones deben poner en valor la divulgación científica y el acercamiento de la ciencia a la sociedad. Las actividades de divulgación han de premiarse con la oportuna valoración curricular.

7. Los investigadores principales y los directores de tesis doctorales deberían ser evaluados tanto en el plano científico como en el de gestión de personal. Esto implica valorar criterios como la satisfacción del personal a su cargo con el trato recibido, la adecuada conciliación con la vida privada y/o familiar y, por supuesto, la consecución de resultados científicos en concordancia con lo esperado en el proyecto.

8. Debe fomentarse una disminución de los trámites burocráticos para la solicitud, desarrollo y evaluación de proyectos de investigación y contrataciones.

9. Las instituciones han de ser explícitas acerca de los criterios utilizados para llegar a la contratación, la estabilización y las decisiones de promoción investigadora. Las agencias financiadoras deben explicitar los criterios de evaluación, incidiendo en que la contribución científica de una publicación es mucho más importante que las métricas asociadas a dicha publicación. Los criterios deben ajustarse al área y subárea concreta, ya que los criterios de producción científica específicos de cada área no tienen por qué coincidir.

10. La evaluación no debe basarse exclusivamente en el número de publicaciones o en el índice de impacto de las revistas, ni siquiera en la posición relativa de estas revistas respecto a otras de la misma categoría (cuartiles, terciles, etc.). Frente a ello, defendemos seguir las directrices establecidas en la San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) de 2012. Aquí mencionamos solo las tres más genéricas:

a) Eliminación del uso de métricas centradas en las revistas, como el factor de impacto, para decisiones de financiación, concesión de plazas y promoción.

b) Evaluación de los investigadores en función de sus propios méritos, y no en función de dónde publican, promoviéndose la evaluación centrada en el valor y la influencia de los resultados de investigación.

c) Aprovechamiento de las oportunidades brindadas por la publicación en internet (tales como la relajación de los límites innecesarios en el número de palabras, gráficos y referencias, y la exploración de nuevos indicadores de relevancia e impacto).

Junto a ello, debe considerarse el valor de todos los resultados de investigación (incluyendo, junto a las publicaciones científicas, los conjuntos de datos y los programas informáticos) y ampliarse el repertorio de medidas de impacto (contemplando indicadores cualitativos como la influencia en las políticas públicas y en la práctica social).


2.3. FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

El ente encargado de la financiación pública de la investigación tiene que tener autonomía orgánica y una entidad jurídica que permita una estructura racional y ágil. El citado organismo tiene que contar también con autonomía de funcionamiento, con unos órganos directivos independientes del poder político y un mandato independiente de las alternancias gubernamentales, subordinada únicamente a las líneas básicas de actuación fijadas en la Estrategia y en el Plan vigentes.

1. Los departamentos de OPI y universidades deben tener acceso a financiación pública ligada a su productividad investigadora y al número de proyectos obtenidos.

2. Los centros de investigación, universidades y departamentos deberían tener dos partidas presupuestarias independientes: una asociada a la calidad de la docencia, si corresponde; y otra asociada a la calidad investigadora, contemplando su evolución a lo largo del tiempo. El porcentaje destinado a cada partida debe ser variable en cada tipo de departamento o centro.

3. El presupuesto se debe utilizar para la mejora de las infraestructuras, la organización de seminarios y congresos, el fomento de la movilidad, etc. Además, se deben utilizar estos fondos para la contratación de personal para servicios comunes, ya sea personal técnico, de gestión o personal investigador. La financiación de contratos-puentes para personal no permanente dará más seguridad a los investigadores y permitirá acabar paulatinamente con los investigadores sin remuneración regulada.

4. La evaluación de calidad de departamentos y grupos también debe tenerse en cuenta a la hora de conceder ayudas para nuevos puestos de investigador temporal o permanente.

5. Los criterios de financiación de la investigación basados en la excelencia de centros demuestran según diversos estudios pérdida de creatividad y diversidad cuando solo grupos grandes absorben gran parte de los fondos. La incertidumbre de los resultados de la investigación exige soluciones para la financiación de la investigación que busquen explícitamente una base suficientemente diversa de investigadores y líneas de investigación. En esta línea, implementar un “sistema de cartera” a la hora de evaluar la financiación tiene en cuenta la distribución desigual de los retornos en I+D, estimulando la variedad y creatividad en la creación de la base científica y tecnológica necesaria para que algunos de los proyectos finaciados generen retornos generosos que permitan cubrir el coste de los muchos proyectos con peores resultados.

6. Se deben potenciar los criterios investigadores (y no solo de necesidades docentes) para la provisión de plazas en las instituciones de enseñanza superior, además de promover puestos de perfil mayoritariamente investigador y de gestión.

7. Aquellos grupos especialmente innovadores o dedicados a líneas emergentes deberían ser premiados, tal y como recomienda el documento CRECE de la COSCE (COSCE, 2005), siguiendo la tendencia del programa I3 (BOE, 2005c) o las ayudas del programa RyC (2013) de incentivación de la estabilización de investigadores, que promueve la creación de puestos estables de personal contratado y funcionario, concediendo ayudas económicas a los centros que creen estos nuevos puestos.

8. La creación de puestos para investigadores y personal de apoyo debe llevar consigo un aumento en el presupuesto para infraestructuras de investigación, material fungible, reactivos, estancias, congresos, etc. De este modo, el conjunto presupuestario puede equilibrarse a la vez que se incrementa, hasta alcanzar las cifras de I+D de los países más avanzados de nuestro entorno.

9. El calculo de las tasas de costes indirectos generados por los proyectos de investigación debe obedecer a un análisis serio de los costes reales soportados por el centro receptor de los proyectos. La gestión de estos gastos indirectos debe en cualquier caso favorecer al grupo receptor del proyecto.


2.4. FOMENTO DEL ACCESO ABIERTO.

Internet ha cambiado fundamentalmente las realidades prácticas y económicas relacionadas con la distribución del conocimiento científico y el patrimonio cultural. Por primera vez en la historia, internet nos ofrece la oportunidad de construir una representación global e interactiva del conocimiento humano, incluyendo el patrimonio cultural, y la perspectiva de su acceso a escala mundial.

Internet se ha convertido en un medio funcional emergente para la distribución del conocimiento que está modificando de manera significativa la naturaleza de las publicaciones científicas. En este sentido, es preciso promover internet como el instrumento que sirva de base mundial del conocimiento científico y la reflexión humana, especificando medidas que deben ser tenidas en cuenta por los encargados de las políticas de investigación y por las instituciones científicas, agencias de financiación, bibliotecas, archivos y museos.

 
Metas.

La misión de difundir el conocimiento será incompleta si este no se pone a disposición de la sociedad de forma generalizada e inmediata. Es necesario apoyar nuevas posibilidades de difusión del conocimiento, no solo a través de los medios clásicos, sino también utilizando el paradigma del acceso abierto a través de internet. Definimos el acceso abierto como una amplia fuente de conocimiento humano y patrimonio cultural aprobada por la comunidad científica.

Para que se pueda alcanzar la visión de una representación del conocimiento accesible mundialmente, la web del futuro tiene que ser sostenible, interactiva y transparente. El contenido y las herramientas de software deben ser libremente accesibles y compatibles.

 
Definición de una contribución de acceso abierto.

Para establecer el acceso abierto como un procedimiento de valor, se requiere idealmente el compromiso activo de todos y cada uno de quienes producen conocimiento científico y mantienen el patrimonio cultural. Las contribuciones del acceso abierto incluyen los resultados de la investigación científica original, datos primarios y metadatos, materiales, fuentes, representaciones digitales de materiales gráficos y pictóricos, y materiales académicos en multimedia.

Las contribuciones de acceso abierto deben satisfacer dos condiciones:

1. El (los) autor(es) y depositario(s) de la propiedad intelectual de tales contribuciones debe(n) garantizar a todos los usuarios por igual el derecho gratuito, irrevocable y mundial de acceder a una obra, así como la licencia para copiarlo, usarlo, distribuirlo, transmitirlo y exhibirlo públicamente, además de para producir y distribuir obras derivadas, en cualquier medio digital para cualquier propósito responsable. Todo lo anterior estará siempre sujeto al adecuado reconocimiento de autoría (los estándares de la comunidad continuarán proveyendo los mecanismos para hacer cumplir el reconocimiento adecuado y el uso responsable de las obras publicadas, como se hace actualmente), así como al derecho a efectuar copias impresas en pequeño número para su uso personal.

2. Debe depositarse (y, en consecuencia, publicarse) una versión completa del trabajo y todos sus materiales complementarios, incluyendo una copia del permiso mencionado arriba, en un formato electrónico estándar adecuado en al menos un repositorio online que utilice estándares técnicos aceptables (tales como las definiciones del acceso abierto) y que reciba el apoyo y mantenimiento de una institución académica, sociedad científica, agencia gubernamental u otra organización reconocida que busque posibilitar el acceso abierto, la distribución sin restricciones, la interoperabilidad y la función archivística a largo plazo.

 
Apoyo de la transición al paradigma del acceso abierto electrónico.

Tenemos interés en la mayor promoción del nuevo paradigma del acceso abierto para obtener el máximo beneficio para la ciencia y la sociedad. En consecuencia, intentamos progresar en este empeño:

  • estimulando a nuestros investigadores/beneficiarios de ayudas a publicar sus trabajos de acuerdo con los principios del paradigma del acceso abierto.
  • estimulando a los depositarios del patrimonio cultural para que apoyen el acceso abierto distribuyendo sus recursos a través de internet.
  • desarrollando medios y formas de evaluar las contribuciones de acceso abierto y las revistas electrónicas, para mantener estándares de garantía de calidad y práctica científica sana.
  • abogando porque la publicación en acceso abierto sea reconocida como factor de evaluación a efectos de promoción y estabilización.
  • reclamando el mérito intrínseco de las contribuciones a una infraestructura de acceso abierto mediante el desarrollo de herramientas de software, la provisión de contenido, la creación de metadatos o la publicación de artículos individuales.

Nos damos cuenta de que el proceso de transición al acceso abierto modifica la difusión del conocimiento en lo que respecta a cuestiones legales y financieras. Por ello, es preciso encontrar soluciones que ayuden a un mayor desarrollo de los marcos legales y financieros existentes, con el fin de facilitar óptimo uso y acceso.


2.5. TRANSFERENCIA CIENTIFÍCA Y TECNOLÓGICA PARA UN CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO.

En nuestro Plan de Emergencia para salir de la Crisis planteamos la Democracia Económica como Derecho a Emprender un nuevo proyecto de sociedad, en el que nadie se quede fuera y en el que partamos de las generaciones más formadas y preparadas de la historia como nuestro principal activo para cambiar nuestro modelo productivo obsoleto.

La riqueza más importante que tenemos es el talento de personas dispuestas a dar lo mejor de sí mismas para la necesaria regeneración productiva, imprescindible para la sociedad, y que en la actualidad están condenadas a emigrar.

Proponemos un Plan de desarrollo de la sociedad del conocimiento y la investigación como motor económico y de desarrollo democrático. Este plan de desarrollo busca avanzar hacia un cambio de modelo productivo eficiente inspirado en el conocimiento abierto y común para el bienestar de todos.

Los trabajadores del conocimiento constituyen el sector de mayor crecimiento económico (con más de 230 millones de trabajadores en el mundo) y suponen la mayor contribución al crecimiento económico global. Un país no es más rico porque tenga más petróleo o más fuerza de trabajo, sino porque tiene mayor producción cognitiva: mayor eficiencia en los procesos logísticos, mejores diseños, más información, etc.

El conocimiento es una fuente de riqueza que aumenta exponencialmente los procesos productivos: cuanto mayor es el conocimiento (sobre materiales, procesos, distribución, logística, ventas, etc.), mayor es la productividad. Y cuanto mayor es la productividad, mayor inversión puede hacerse sobre el conocimiento, lo cual vuelve a repercutir sobre la productividad, etc. Esto diferencia a la economía social del conocimiento de otros modelos económicos basados en la especulación (que tiene techo y desplome), los recursos naturales (que son limitados) o la explotación laboral (que puede mejorar ligeramente la competitividad en un primer momento pero reduce el consumo y empobrece social y económicamente a la mayoría de la población). A diferencia de otros bienes que son escasos y excluyentes (como las materias primas, el suelo o el petróleo), el conocimiento se crea una sola vez y puede beneficiar para siempre a todas las personas y sociedades.

Es necesario sentar los mecanismos para que la producción de conocimiento tenga un impacto en el modelo productivo, basándose en el conocimiento abierto que pueda ser construido y aprovechado por igual desde la ciudadanía y los sectores público y empresarial.

Queremos construir una economía ética y sostenible basada en la creación de riqueza común que acelere la innovación social y el intercambio de conocimiento en los ámbitos de la cultura, la tecnología y la ciencia.

 
2.5.1. I+D y PYME.

Aunque la contribución del sector privado al gasto en I+D en el Estado español es sensiblemente inferior a la media de la OCDE y la UE, el peso de las PYME en el gasto empresarial en I+D es muy superior al que es habitual en países de nuestro entorno, incluso en aquellos países considerados de referencia (Informe Cotec 2013: Tecnología e Innovación en España. Es preciso incentivar el tejido de I+D de nuestra sociedad.

El Estado español es el segundo país de Europa en número de aceleradoras e incubadoras de empresas y startups. Entre 2007 y 2013 el número de aceleradoras se ha multiplicado por 8, pasando de 5 a 40, actualizado en http://emprendedores.ticbeat.com/entrevista-javier-santiso-las-startups-los-emprendedores-van-salvar-espana/).

Sin embargo, muchas de estas iniciativas son muy frágiles debido en gran parte a los obstáculos existentes para pequeñas empresas y autónomos, y a que sucesivos gobiernos han favorecido los intereses de los monopolios y oligopolios generando así condiciones de competencia insostenibles para las PYME y los autónomos.

Frente a esto, el Plan de Emergencia Para Salir de la Crisis ya propone un decidido apoyo a autónomos y PYME, así como políticas antimonopolísticas y estímulos fiscales a empresas que generen empleo de calidad.

Este Plan propone la incentivación de la creación de empresas en I+D y la inversión en I+D por parte de empresas existentes. Crear un tejido empresarial e industrial que saque provecho del conocimiento obtenido por nuestros investigadores para que la inversión que se ha hecho en I+D revierta económicamente en la sociedad.

Buscamos implementar políticas que favorezcan y faciliten la creación de spin-off, permitiendo de este modo sacar provecho propio del conocimiento generado en nuestras universidades y centros de investigación. Para la consecución de este último objetivo, será necesaria la creación de un organismo asesor que conecte realmente a los investigadores con los empresarios y/o inversores, en la línea del programa europeo Horizon 2020.

 
2.5.2. Fomento de la innovación en conocimiento abierto.

Proponemos el fomento de modelos de transferencia basados en el conocimiento abierto, incentivando modelos de negocio centrados en la mejora del acceso a los bienes en lugar de fomentar la escasez artificial de bienes (por ejemplo mediante patentes). Un ejemplo práctico de esto es la innovación en empresas de software libre, donde la “obra” se comparte bajo licencias no restrictivas, permitiendo a terceros utilizarla y modificarla, siempre y cuando la obra derivada permita las mismas libertades, creando así un bien común que es mejorado constantemente con contribuciones sucesivas, sin por ello impedir la explotación comercial de los conocimientos y las competencias que derivan de ellos (http://fcforum.net/es/charter_extended).

Se trata de cambiar el enfoque. No debemos fomentar la artificial escasez de bienes sino enfatizar que el negocio está en la mejora del acceso a los bienes.

 
2.5.3. Incentivación del mecenazgo en I+D.

Consideramos necesaria la incentivación de leyes de mecenazgo para impulsar el papel que el tercer sector (entidades privadas sin ánimo de lucro)en el fomento de la I+D y en la atracción y consolidación del personal investigador. Se precisa acelerar la puesta en marcha de una ley de mecenazgo atractiva y conseguir que las fundaciones se involucren en la mejora de nuestro sistema de I+D del mismo modo en que se está incentivando desde diversos frentes en la UE (p.e. la Agencia Europea para I+D, la European Science Foundation, la EMBO, etc.).

El sector de las fundaciones en nuestro país está formado por alrededor de 14.000 entidades que emplean a 200.000 empleados y cuya actividad representa el 1% del PIB español. Sin embargo, las aportaciones del tercer sector en I+D son escasas. Por ejemplo, mientras que en Reino Unido el tercer sector aportó 1.562 millones de euros al presupuesto anual de I+D en 2011, la cifra en el caso español se queda en unos 25 millones de euros. Si tenemos en cuenta que el tercer sector (dentro del que se encuadran las fundaciones) supone el 5% de nuestro PIB y proporciona el 10% de los puestos de trabajo, la implicación más activa de este potencial en la I+D abriría un nuevo canal de financiación y oportunidades laborales asociadas. Las fundaciones, a diferencia de las empresas, no distribuyen el beneficio que generan entre accionistas o propietarios, sino que están obligadas a reinvertir cualesquiera recursos que obtuvieran en la realización de los fines de interés general para cuya satisfacción han sido constituidas.

 
2.5.4. Relaciones Universidad-Empresa.

Los estudios sobre las relaciones universidad-empresa muestran que esta vinculación no siempre tiene resultados positivos sobre la productividad científica (http://icono.fecyt.es/informesypublicaciones/Paginas/analisis_ciencia_innovacion_espana.aspx, capítulo 2). En el caso concreto de la ciencia española, en la fórmula de la ‘I+D+i’, añadir el término innovación ha sido a menudo una vía para cargar a los presupuestos de I+D ayudas a empresas que no realizan I+D y que no tienen relación con la innovación.

Los estudios muestran que solo cuando la vinculación se basa en actividades de alto contenido científico-tecnológico (contratos de I+D), y solo cuando se lleva a cabo hasta cierto nivel de intensidad, se aprecian efectos positivos sobre la productividad científica de los investigadores universitarios. Por el contrario, en los últimos años se ha observado cómo en otros casos el incentivo orientado a la investigación universitaria de interés para la empresa privada pervierte la actividad investigadora de la universidad generando (1) sobreempleo de becarios de universidad y (2) competencia desleal de las Universidades con las empresas competidoras.

Es necesario reformar los marcos de colaboración entre universidades y empresa, para determinar unos criterios del marco en el que puede desarrollarse esta relación. Algunos de estos criterios podrían ser:

  • Colaboración vía contratos de I+D de calidad y en condiciones dignas, enfocados hacia actividades de alto nivel científico-tecnológico.
  • Transferencia de know-how y desarrollo de prototipos que no existan en el mercado, siendo las empresas las encargadas de fases posteriores al prototipado.
  • Impulso de iniciativas tecnológicas que sirvan de “efecto de demostración” para el tejido de empresas del entorno.
  • Transferir modelos innovadores que no existan en las empresas para que otros los reproduzcan en el mercado.

 
2.5.5. Fomento de spin-off.

Fomento del espíritu emprendedor en las universidades, valorando la creación de empresas spin-off por el profesorado e impartiendo asignaturas de valorización de conocimiento y de organización y creación de empresas. Aumentar el valor curricular de la creación de spin-off y contratos de I+D con empresas. Incluir equivalentes a sexenios extras por actividades de transferencia tecnológica e incorporar mecanismos objetivos y transparentes para evaluar ésta.

Someter a las spin-off creadas a evaluaciones con consecuencias económicas, para incentivar que se cree valor añadido y evitar que se limiten a hacer competencia desleal a las empresas (ofreciendo productos no innovadores pagando salarios más baratos).

 
2.5.6. Fomento de la movilidad del personal del sistema público de I+D.

La movilidad del personal investigador público de I+D hacia las empresas facilita la transferencia de conocimiento desarrollado dentro del sistema público de investigación, mejorando la innovación a través de la explotación y aplicación de conocimiento complementario al que ya poseen (http://icono.fecyt.es/informesypublicaciones/Paginas/analisis_ciencia_innovacion_espana.aspx, capítulo 3).

Incentivar la movilidad de investigadores hacia empresas innovadoras contribuye a ampliar y profundizar sus actividades de I+D, aunque no es útil para conseguir que empresas no innovadoras adopten estrategias de este tipo por primera vez. Por tanto, se debería fomentar la movilidad investigadora hacia aquellas empresas nuevas o existentes que demuestren un alto nivel de innovación y actividad investigadora.

Además, se debería tener en cuenta la posibilidad de una movilidad en el sentido contrario, desde empresas innovadoras o de alto nivel investigador hacia el sistema público de investigación.

 
2.5.7. Evaluación de la actividad investigadora en empresas.

Es necesario mejorar los indicadores utilizados para medir y evaluar el I+D empresarial. Se debe eliminar como indicador el porcentaje de dinero público que se aporta a la empresa privada, que no se usa en ningún país de la UE, sino justo el contrario: el dinero que la empresa privada invierte para generar conocimiento básico, que luego puede revertir en beneficios para la empresa y la sociedad. El indicador europeo para este criterio se llama “Inversión empresarial” y “mide los gastos en I+D e innovación por parte de las empresas.” Estos indicadores pueden consultarse en http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/iu-scoreboard-2010_en.pdf (Anexo C, pág. 65).


 

3. Otras referencias:

– MANYIKA, James, CHUI, Michael, BUGHIN, Jacques, DOBBS, Richard, BISSON, Peter Bisson Y MARRS, Alex Marrs. Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy, 2013

– SALIDO, Eduardo, SABÁS, Marc y FREIXAS, Pedro. The Accelerator and Incubator Ecosystem in Europe

– HORIZON 2020, The EU Framework Programme for Research and Innovation

– FCForum “Carta para la Innovación la Creatividad y el Acceso al Conocimiento 2.0.1”, Barcelona, Foro de Cultura.

– SANZ, Luis y CRUZ, Laura. Análisis sobre ciencia e innovación en España, 2010

– RODRÍGUEZ NAVARRO, Alonso. El fracaso de la investigación no permite cambiar el modelo productivo, El País, 11/12/2012

– REY, Amalio A. Competencia desleal y chiringuitos universitarios, 2008

– INNOVATION UNION SCOREBOARD 2010, The Innovation Union’s performance scoreboard for Research and Innovation, 2011


 

4. Enmiendas desestimadas.

Puestos de investigación permanentes.

Una de las enmiendas recibidas han sugerido reducir el número de puestos de investigación permanentes para evitar el “apoltronamiento” y la pérdida de capacidad de innovación.

Coincidimos en que es necesario tomar medidas para asegurar el óptimo rendimiento y la capacidad de innovación en los organismos públicos de investigación, pero pensamos que empeorar las condiciones laborales de los investigadores no es la forma de conseguirlo. En su lugar, apostamos por mecanismos de financiación y evaluación de la investigación objetivos y transparentes, que premien a aquellos que aporten producción investigadora de calidad.

De cualquier modo, queremos recordar que ya existen mecanismos y normativas para actuar en casos de abusos o negligencia prolongada (artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, asi como los artículos 95 y 96 del Estatuto Básico del Empleado Público). Por ello pensamos que vigilar el cumplimiento de estas normativas es suficiente para erradicar estos casos.

Para profundizar en este importante asunto hemos decidido incluir un texto más detallado sobre la Evaluación de los investigadores proveniente del “Informe de la Carrera Investigadora en España” de la FJI.

Sobre gestión de gastos indirectos.

Se ha señalado el conflicto de que los gastos indirectos de la financiación de proyectos de investigación sea gestionado por las universidades y OPI, o directamente por los grupos de investigación receptores del proyecto.

La motivación que supone para las universidades y OPI gestionar estos gastos a la hora de contratar a investigadores que consigan proyectos, debería ser un factor importante. Sin embargo, en la actualidad, en muchos casos las instituciones españolas no están haciendo un uso apropiado de los fondos que reciben al gestionar los gastos de proyectos de investigación, dedicándolos a sufragar gastos de necesidades básicas que no benefician al grupo receptor del proyecto financiado.

El problema de financiación de las universidades españolas es un obstáculo a la hora de plantear una solución a este problema. Este problema está tratado en la sección ‘Medidas a corto plazo’ del programa. Tras la implementación de estas medidas, sería necesaria una evaluación más a fondo sobre cómo calcular los costes reales derivados de proyectos de investigación soportados por los centros receptores y cómo debería realizarse la gestión de estos fondos. Hemos reflejado esto en el texto.

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