Menu
Partido X.
No más privilegios para los políticos

Anexo – Obligaciones de los gobiernos y de los ciudadanos representantes de la ciudadanía

El método utilizado por el Partido X para elaborar los cuatro puntos del programa Democracia y Punto consiste en someter un borrador creado con ciudadanos expertos a discusión pública.

El programa Democracia y Punto contempla 4 mecanismos para recuperar la soberanía ciudadana, que son Transparencia en la gestión, Derecho a voto real y permanente, WikiGobierno y Referéndum obligatorio y vinculante. Sin embargo, debido a que durante los días de discusión del programa hemos recibido muchísimas aportaciones respecto a la necesidad de vincular a la Democracia y Punto la regulación de las obligaciones de los gobiernos y de los futuros funcionarios públicos elegidos representantes de la ciudadanía, hemos introducido un quinto punto, el Anexo.

La consideración de estos aspectos estaba ya prevista en nuestra Hoja de Ruta y en el apartado “No más privilegios para políticos”, pero hemos querido anticipar la recogida de las propuestas en esta materia, vista la urgencia expresada por las personas que nos han contactado.

Propuestas:

No más privilegios para políticos:

  • Recorte drástico del sueldo de los políticos equiparándolo al sueldo de la media de la población, de modo que el régimen jurídico y retributivo de los políticos se equipare al de la Función Pública según lo recogido en el Estatuto de los Trabajadores.
  • Supresión de los privilegios en el pago de sueldos, impuestos, dietas, inmunidad, años de cotización y pensiones. Los representantes de la ciudadanía tendrán los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador.
  • Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos y de los cargos públicos y de libre designación. Sanciones específicas por dejación de funciones.
  • Reducción de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción para ejercer en la función pública.
  • Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.
  • Penalización a los representantes de los ciudadanos por el incumplimiento del programa electoral.
  • Todos los cargos de los servicios públicos y magistraturas son revocables. Transcurridos 3/10 del período para el cual fueron elegidos, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referéndum para revocar su mandato.

A estudiar en profundidad:

– Reforma de la ley electoral. En breve publicaremos una propuesta que estamos trabajando.
De momento aquí tenéis un buen análisis sobre la reforma del sistema electoral: http://www.consejo-estado.es/pdf/ANEXOII.pdf


– Reforma de la ley de partidos para su democracia interna (con la introducción de formas de sufragio pasivo) así como la reforma de su financiación.

Estas dos reformas legislativas deberán contener los elementos enunciados con anterioridad, además de profundizar en la viabilidad de las siguientes aportaciones recogidas en la consulta ciudadana:

  • Penalización del incumplimiento del programa electoral. Las modificaciones que cambien la naturaleza del programa deberán ser sometidas a consulta. En caso de que los ciudadanos rechacen las modificaciones propuestas, deberán convocarse nuevas elecciones.
  • Los programas electorales serán creados como una wikilegislación incluyendo presupuestos y una hipótesis de plazos. Recordamos que las wikilegislaciones no implican una no elección entre opuestos, sino una reducción de la polarización en las materias tratadas. De esta forma los partidos serán los catalizadores de las diferentes corrientes existentes en la ciudadanía.

    De esta manera no se votarán partidos ni personas, más bien programas y su viabilidad, “Opciones de gobierno”. Digamos “Opción de Gobierno A”, “Opción de Gobierno B”, “Opción de Gobierno C”.

  • La CEOE se ha pasado muchos años pidiendo que se vincule el salario a la productividad. El salario de los diputados debería medirse también en relación al trabajo que sacan adelante.
  • Obligación de los representantes de mantener contactos periódicos con su comunidad de elección. Los representantes tienen la obligación de explicar a sus electores sus decisiones y de responder periódicamente a las preguntas que los electores, periodistas y adversarios políticos formulen. Una oficina virtual deberá recoger todas las preguntas y respuestas de forma que los ciudadanos tengamos una ventanilla única para verificar fehacientemente las contradicciones en las que puedan incurrir.
  • A través de la moción de censura ciudadana se podrá revocar el mandato de los elegidos.
  • Reforma de la Ley de 18 de Junio de 1.870 modificada por la Ley 1/1988, de 14 de enero, reguladoras del indulto, en el sentido de añadir que quede expresamente prohibido el indulto en los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial con perjuicio de las arcas públicas.
  • No somos favorables a las listas abiertas puras ya que suponen un problema añadido a la ciudadanía, que debe conocer a cada uno de los candidatos de la lista electoral para poder emitir un voto congruente, por lo que acaba desincentivando la participación (así se ha demostrado donde se ha aplicado).

    Sin embargo, sí somos partidarios de un sistema de listas “mixtas” cerrada-abierta (como en Finlandia, Austria, Holanda, Bélgica, Dinamarca o Suecia) en las que los partidos proponen a su serie de candidatos y son los electores los que pueden priorizar a unos sobre otros en el momento del voto.

    Véase aquí una exhaustiva explicación en la que abogaríamos por la opción de Listas cerradas desbloqueadas:
    http://wiki.15m.cc/wiki/Listas_abiertas#Listas_abiertas

  • Dedicación exclusiva de los cargos públicos, de tal manera que no puedan compatibilizar otro empleo remunerado mientras estén en el ejercicio de sus funciones delegadas.
  • Los cargos electos pueden permanecer más de 8 años solo si son ratificados por voto directo.
  • Una sentencia firme de culpabilidad debería ser motivo suficiente para que un político quede inhabilitado para ocupar un cargo público.
  • Los cargos públicos deben demostrar amplia experiencia, aptitudes y capacidad de gestión en relación con los temas que van a tratar. Se penalizarán rigurosamente aquellos casos en los que los empleados públicos electos se beneficien económicamente, ya sea durante su mandato o a posteriori, de medidas que han aprobado durante el mismo.
  • Los colaboradores eventuales que elige un alto cargo deberían demostrar asimismo su experiencia en el campo donde vayan a trabajar.
  • Los partidos y agrupaciones serán responsables subsidiarios de los desfalcos o pérdidas económicas de fondos públicos cometidos por sus miembros y cargos, si así se ha acreditado mediante sentencia firme.
  • No a la disciplina de voto en los partidos.
  • No al voto secreto en los parlamentos.
  • Modificar el régimen de financiación de los partidos políticos, prohibiendo toda forma de financiación que no sea transparente, reduciendo la financiación de las campañas a las asignaciones públicas previstas.
  • Comité de ética: los ciudadanos, igual que son válidos para auxiliar a la justicia como jurado popular o para constituir las mesas electorales, están dispuestos a cooperar formando parte de comisiones independientes que, orientadas por funcionarios de la justicia o la fiscalía, y una vez fijados los objetivos políticos en unas elecciones, se responsabilizarán de supervisar periódicamente la gestión de los cargos públicos y las instituciones, visitándolas y emitiendo informes responsables de la calidad observada.

    Esta comisión estará compuesta por ciudadanos competentes, independientes y cada año renovaría a la mitad de sus miembros, corresponsabilizándose de sus informes. Por una parte, favorecería a aquellos cargos públicos cumplidores, cooperando con ellos para evitar el acoso de la corrupción y, por otra, garantizaría la fidelidad de la política ante el mandato de sus ciudadanos. Estos informes, registrados en su estamento independiente, públicos y accesibles, darían fe de haber verificado la transparencia, independencia y buena gestión de las instituciones.

  • Las siguientes instituciones y entidades instrumentales deberán garantizar su independencia (tanto política como económica): el Consejo General del Poder Judicial, los Tribunales Supremo y Constitucional, el Banco de España, el Tribunal de Cuentas, el INE, el CIS, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional de Comunicaciones Electrónicas (CMT).
  • Modificación de la normativa que regula el funcionamiento de los Tribunales de Cuentas (estatal y autonómicos), y especialmente de la Ley de Contratos del Sector Público actualmente contenida en el Real Decreto Legislativo 3/2.011. No es admisible que quien haya de ser intervenido por administrar fondos públicos sea el que designe a quien le debe intervenir.
  • Evitar las puertas giratorias entre la administración pública y empresas privadas. Este punto debe ser objeto de reflexión: Por un lado, debe poder evitarse que un exministro legisle en vista de su beneficios posteriores en el sector privado o utilice su influencia y favores debidos para acabar ocupando (p.e.) la presidencia de una entidad bancaria. No obstante no se debería imposibilitar que un profesional con años de servicio a sus espaldas, como p.e. un buen médico, pueda hacerse cargo de una cartera ministerial (la de sanidad en este caso) y luego, una vez acabado su servicio público, pueda volver a su puesto con total normalidad.
  • Jurado popular bien instrumentalizado para juzgar a jueces, fiscales, políticos y policías por todos los delitos en el ejercicio de sus cargos, especialmente los delitos de prevaricación.
  • Implementación urgente de los arts. de obligado cumplimiento ratificados por nuestro Congreso en 2006 para su directa aplicación, arts. 13, 6, 11 y otros de la Convención Anticorrupción de la ONU del 2003 UNCAC. Aunque firmado y ratificado por nuestro congreso y por el Rey en el 2006, no se ha aplicado y nadie ha exigido ni denunciado su no implementación. Según la ley internacional de la propia convención, es obligatorio implementar las medidas reflejadas en los Arts. de obligado cumplimiento. http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html
APORTACIONES DESESTIMADAS Y MOTIVACIONES:
Aportaciones que hemos recibido en la consulta ciudadana y que hemos considerado alejadas de los objetivos para los que el Partido X quiere servir y porqué:

  • 1- Eliminación de todos los puestos de libre designación:
    Entendemos que, al elegir a funcionarios con amplias competencias de gobierno, debe permitirse que ellos formen equipos con los que puedan trabajar eficazmente, siempre que estos demuestren sus competencias en la materia, sean completamente transparentes y puedan ser revocados si la ciudadanía lo considera oportuno mediante los mecanismos previstos. Sin duda hay que poner unos límites para evitar que sea excusa para amiguismo y abusos.
  • 2- Elección de cargos por azar:
    Las personas que ocupen puestos públicos deben ser competentes en sus materias y elegidas previamente por los electores. El azar o cualquier tipo de sorteo imposibilitan esto.
  • 3- Elecciones diferenciadas para el poder legislativo, ejecutivo, y judicial:
    Las elecciones al Ejecutivo, propias de los sistemas presidencialistas, tienden a concentrar todo el poder en unas pocas personas y a fomentar las decisiones despóticas y poco consensuadas. Las elecciones a la judicatura son poco oportunas, ya que los jueces deben serlo de carrera. Sin embargo, la revocación de los cargos públicos, prevista en el Plan mínimo de contingencia, afectaría a estos tres poderes, lo que solucionaría los problemas expuestos. A reflexionar.
  • 4- No remunerar los funcionarios electos:
    La retribución de los cargos públicos es un derecho ganado a partir de la Revolución Francesa para facilitar que cualquiera, por pocos recursos de los que disponga, pueda dedicarse a la política. Si los cargos públicos no son retribuidos, solo aquellas personas con grandes patrimonios o rentas del capital podrán utilizar su tiempo en política, ya que los demás deberán trabajar.
    Hay aún otra poderosa razón para retribuir a las personas que se dedican a la política, y es fomentar que las personas competentes asuman puestos públicos en vez de irse a otros puestos en los que se les garantiza un sustento.
Destacados
Todos