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Partido X.
Programa sobre sanidad del Partido X a partir de propuestas programáticas de la sociedad civil

TEXTOS DE REFERENCIA

Por orden de aparición. [La Red Ciudadana-PartidoX nunca parte de cero. El siguiente texto programático se ha elaborado a partir de los textos de referencia a continuación indicados, que han sido posteriormente enmendados por la ciudadanía, como puedes ver aquí.]

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) Declaración ALMA ATA. Conferencia Internacional sobre la Atención Primaria de Salud (6-12/09/1978)
ASOCIACIÓN DE FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE MADRID (AFEM) López Rodo y Cruz Ferrer: Sobre la inconstitucionalidad de la concesión de los servicios sanitarios de hospitales y centros de salud por la Comunidad de Madrid (19/03/2013)
LEY GENERAL DE SANIDAD, Ley 14/1986 de 25 de abril. Noticias jurídicas (26/07/2013)
SÁNCHEZ BAYLE Marciano y MARTÍN GARCÍA Manuel (FADSP), Situación, amenazas y estrategias para defender la sanidad pública Dempeus per la salut pública (21/11/2013)
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (SEMFYC)
Copago: Conclusiones desde la evidencia científica. (05/2011)
Prevención Cuaternaria Wikipedia (25/09/2013)
GONZÁLEZ DE LAS HERAS M.ª Pilar, El derecho a la asistencia sanitaria en España dentro de territorio nacional: regulación, sistema de financiación y administraciones competentes. Noticias jurídicas (11/2004)
BAGNARA Raffaella, Impacto del Real Decreto-Ley 16/2012 sobre la asistencia sanitaria pública y universal en España. Universidad Pompeu Fabra: Administración de la Inmigración en España y Cataluña (30/05/2013)
YO SI SANIDAD UNIVERSAL Un año de exclusión sanitaria desde la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012. Periodismo Humano (25/12/2013)
PADILLA Javier, Desfinanciando inmigrantes enfermos: efectividad y costes Médico Crítico (18/08/2012)
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Noticias jurídicas (22/12/2013)
MONGE Vanesa, El artículo 135 de la Constitución Española es Inconstitucional. El Libre Pensador (21/05/2013)
SUBCOMISIÓN PARA EL PACTO DE ESTADO EN LA SANIDAD, Borrador recomendaciones Finales. CAS Madrid (27/09/2010)
NICE, Una guía rápida sobre lo que es NICE. Hacia el cuidado de la salud de calidad. NICE (04/2012)
ABELLÁN José Mª ,DEL LLANO Juan y PLAZA Federico, Cuarta Garantía: ¿es aplicable el sistema del NICE en España?. Fundación Gaspar Casal (2012)
EUROPEAN COMMISSION (DIRECTORATE-GENERAL HEALTH AND CONSUMER PROTECTION), Euphoric Un proyecto europeo. Evaluación de los sistemas sanitarios para mejorar la calidad de los tratamientos.
OECD Nations, ¿Cómo la financiación privada afecta a los sistemas de atención de salud pública? Universidad de Toronto.
Partido X, Democracia Y Punto.
COORDINADORA ANTIPRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD (CAS Madrid), Díptico copago.
COORDINADORA ANTIPRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD (CAS Madrid). Los nuevos hospitales de la CAM. La aplicación del modelo de Concesión Sanitaria en el Servicio Madrileño de Salud. Blog de CAS Madrid.
Hospital de la Ribera. Wikipedia (16/10/2013)
COORDINADORA ANTIPRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD (CAS Madrid). Algunas reflexiones sobre el argumentario del PSOE sobre la ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión en el SNS.
CARDEÑOSO HERRERO Rocío, Gastar en prevenir es invertir en salud. Promocionemos la prevención. COLEGIO DE ENFEMERIA DE CANTABRIA (25-26/11/2010)
CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS, Sobre los derechos de las personas con diversidad funcional (discapacidad). Derechos Humanos Ya.
CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. United Nations
HERNÁN Mariano, MORGAN Antony y MENA Angel Luis, Formación en salutogénesis y activos para la salud.

 

ÍNDICE:

1) La salud es un derecho humano fundamental de todas las personas, y las instituciones públicas deben garantizarlo.

2) Nuestro modelo de Sistema Nacional de Salud y su eficiencia.

  • 2.1) Derecho a la protección de la salud. Garantías ya recogidas por la legislación vigente: universalidad, igualdad efectiva de acceso, financiación pública, accesibilidad y libertad de elección.
  • 2.2) La calidad de nuestro Sistema Sanitario.

3) Objetivos estratégicos para mejorar y preservar el SNS.

  • 3.1) Situar la salud como un objetivo prioritario: Que tenga una financiación suficiente y con carácter finalista.
    3.1.1) Rechazo del copago.
    3.1.2) Universalidad en la atención sanitaria.
    3.1.3) Priorización del gasto sanitario respecto al pago de la deuda.
  • 3.2) Utilizar los recursos tecnológicos y humanos de manera racional y basándose en la evidencia.
    3.2.1) Utilización de recursos tecnológicos. Eficiencia y eficacia. Organismo evaluador independiente. Nuevos indicadores de evaluación. Carrera investigadora.
    3.2.2) Utilización de los Recursos Públicos al 100%.
    3.2.3) Utilización de recursos humanos.
  • 3.3) Construir un modelo cada vez más participativo y transparente, con un amplio control social y profesional.
  • 3.4) Planificación y coherencia, asegurando la cohesión y la equidad entre poblaciones y territorios.
    3.4.1) Cartera de servicios común al SNS para garantizar el acceso en igualdad sin discriminar por Comunidades Autónomas de origen,
    3.4.2) Central Nacional de Compras.
    3.4.3) Farmacia.
  • 3.5) Titularidad, provisión y gestión pública.
  • 3.6) Basar la asistencia en la Atención Primaria de Salud: “Gastar en prevenir es invertir en salud”.
    3.6.1) Control y cuidado de los pacientes con pluripatologías y enfermedades crónicas.
    3.6.2) Ciudadanos participativos, especialmente las personas con enfermedades crónicas y diversidad funcional.
    3.6.3) Políticas de salud basadas en la prevención.

4) Leyes a derogar.

5) Enmiendas desestimadas.


 

1) La salud es un derecho humano fundamental de todas las personas, y las instituciones públicas deben garantizarlo.

La Organización Mundial de la Salud en el año 1978 nos dice:

“La salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además del de la salud.”

La Sanidad Pública es un elemento esencial de la Seguridad Social y una de las principales manifestaciones del Estado social, garantizado por la Constitución. El modelo español de Sanidad Pública se basa en su aseguramiento universal y en su financiación pública por parte del Estado.

La asistencia sanitaria se presta mediante el Sistema Nacional de Salud, organizado bajo una concepción integral, en la que todos los servicios se coordinan como un dispositivo único al que todos los ciudadanos pueden acceder en condiciones de igualdad, con libertad de elección y en cualquier parte del territorio. Es el servicio público más apreciado y mejor valorado por los ciudadanos y se considera como uno de los mejores del mundo por todas las organizaciones internacionales que han valorado sus resultados sobre la salud en nuestro país.

España se constituye en un Estado social y democrático de derecho” (art. 1.1 de la Constitución, CE).

La definición del Estado como social no es una proclamación vacía de contenido: impregna de sentido todo el proyecto constitucional y la actuación de los poderes públicos.

Las líneas esenciales de este proyecto se definen por su fundamento: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social” (art. 10.1 CE); y por su finalidad: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” (art. 9.2 CE).

Las exigencias de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de su personalidad coinciden con las condiciones que corresponde promover a los poderes públicos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas: el acceso universal a la enseñanza (art. 27.4 CE), el mantenimiento de un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad (art. 41 CE), y el derecho a la protección de la salud (art. 43 CE).

Para un completo estado de bienestar es necesario poner por encima de los legisladores o intereses ideológicos la autonomía del individuo, la protección de la salud mental y física de las personas y el derecho a una vida digna. Por ello, cualquier ley que coarte la libertad del individuo sobre su propio cuerpo en principio es contraria a los derechos fundamentales y deberá estudiarse de una forma rigurosa, introduciendo otras medidas de prevención y educación en la salud. Siempre contando con la ciudadanía afectada y dentro de un proceso de legislación colaborativa.

Los valores del Estado social forman parte de la tradición constitucional común de los estados miembros de la Unión Europea y se han incorporado a sus tratados constitutivos, desde el Tratado de Roma de 1957 que reconoce expresamente la importancia de los sistemas de Seguridad Social. Estos valores se llevan a la práctica, entre otras, a través de la Política Social (arts. 151ss. del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE).

La Unión Europea combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección social, la igualdad y la solidaridad (art. 2 del Tratado de la Unión Europea, TUE).

En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana (art. 9 TFUE).


2) Nuestro modelo de Sistema Nacional de Salud y su eficiencia.

2.1) Derecho a la protección de la salud: Garantías ya recogidas por la legislación vigente: universalidad, igualdad efectiva de acceso, financiación pública, accesibilidad y libertad de elección.

  • Universalidad.
    El aseguramiento de la asistencia sanitaria es universal y público por parte del Estado (art. 2.b LCSNS) y la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española (art.3.2 LGS).
    Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Artículo 1.2. Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional.
  •  

  • Igualdad efectiva de acceso: equidad en la salud.
    La prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud se efectuará en condiciones de igualdad efectiva y calidad (art. 2.a LCSNS). El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva (art. 3.2 LGS). La política de salud está orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales (art. 3.3 LGS).
  •  

  • Financiación pública.
    La financiación del Sistema Nacional de Salud es pública (art. 2.e LCSNS).

    “El Sistema Nacional de Salud integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, son responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud.” (art. 45 LGS)

    “Son características fundamentales del Sistema Nacional de Salud:

    a) La extensión de sus servicios a toda la población.
    b) La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, comprensiva tanto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad como de la curación y rehabilitación.
    c) La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único.
    d) La financiación de las obligaciones derivadas de esta Ley se realizará mediante recursos de las Administraciones Públicas, cotizaciones y tasas por la prestación de determinados servicios.
    e) La prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados.” (art. 46 LGS)
  •  

  • Accesibilidad y libertad de elección.
    El acceso a las prestaciones sanitarias reconocidas en la ley se garantizará en condiciones de igualdad efectiva, con independencia del lugar del territorio nacional en que se encuentren en cada momento los usuarios (art. 23 y 24 LCSNS). El acceso inicial y básico a los servicios se efectúa a través de la atención primaria del Centro de Salud asignado al usuario por su lugar de residencia (art. 12 LCSNS). La libertad de elección de médico de atención primaria y de especialista se realiza por el usuario en el marco de su área de salud, de acuerdo con las condiciones establecidas al efecto (arts. 14 y 15 LGS)

2.2) La calidad de nuestro Sistema Sanitario.

La sanidad es el servicio público sistemáticamente más apreciado y mejor valorado por los ciudadanos.

Esta valoración positiva es compartida por organizaciones internacionales de distinto tipo. Los informes que establecen rankings sobre la competitividad de los países, en función de la calidad de sus instituciones y procesos económicos, políticos y sociales, sitúan a España en el puesto 36 (World Economic Forum 2013), o en el puesto 44 (Banco Mundial 2013); sin embargo, la valoración de nuestro sistema sanitario la sitúa entre los mejores del mundo.

Esta es también la valoración de la OCDE (2012), en función de la esperanza de vida, teniendo en cuenta la calidad de vida, las intervenciones en salud pública y el desarrollo de la atención sanitaria.

Con carácter más específico y objetivo, determinados análisis empíricos, como NOLTE y McKEE (2008) o GAY et al. (2011), se fijan en las causas de muerte innecesariamente prematura y sanitariamente evitables (MIPSE), que son las más sensibles a la actuación sanitaria, llegando a conclusiones similares y reiteran que la calidad de nuestro sistema sanitario se encuentra entre los mejores del mundo.

Los datos son los que son y los análisis comparados entre sistemas (no olvidando los niveles de riqueza, ni las características de la idiosincrasia propia de cada país en cuanto a las pautas de comportamiento cívico o de transparencia y control político) resultan relevantes si se quieren establecer expectativas razonables.


3) Objetivos estratégicos para mejorar y preservar el SNS

En primer lugar es una tarea prioritaria detener la ofensiva privatizadora, así como revertir la vinculación del derecho a la atención sanitaria a la condición de asegurado y priorizar el gasto sanitario al pago de la deuda, derogando la reciente modificación del art. 135 de la Constitución Española de 1978 (puesto que se hizo sin el consentimiento de la ciudadanía).

En segundo lugar, el sistema nacional de salud tiene casi todos los ingredientes para dar un paso más y avanzar hacia una mayor eficiencia y eficacia de dicho sistema, que repercutiría en un menor coste para el estado manteniendo la calidad y cobertura universales. En este plan de mejora hay que poner en marcha determinadas medidas que ya están consensuadas por los profesionales médicos y la sociedad en general.

  • Situar la Salud como un objetivo prioritario.
  • Utilizar los recursos tecnológicos y humanos de manera racional y basándose en la evidencia. Nuevos sistemas de evaluación y guías de práctica clínica. Comisión independiente.
  • Construir un modelo cada vez más participativo, y transparente, con un amplio control social y profesional.
  • Planificación y coherencia asegurando la cohesión y la equidad entre poblaciones y territorios.
  • Titularidad, provisión y gestión pública.
  • Basado en la Atención Primaria de Salud.

Este es un momento crítico para la Sanidad Pública. Si prospera la contrarreforma se producirá una regresión de más de 40 años en el sistema sanitario y consecuentemente un retroceso en las condiciones de salud de la población, que es preciso evitar.

3.1) Situar la salud como un objetivo prioritario: Que tenga una financiación suficiente y con carácter finalista.

La OMS en su DECLARACION DE ALMA-ATA ya en el año 78, nos da las mismas pautas y nos define de esta forma la salud:

La Conferencia reitera firmemente que la salud, estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además del de la salud.

 

3.1.1) Rechazo del copago.

Dado que no existen pruebas concluyentes de sus beneficios, pero en cambio sí existen evidencias, aunque sean débiles, y derivadas de múltiples estudios, sobre sus posibles efectos perjudiciales en la equidad y en la salud de la población, especialmente la más desfavorecida socioculturalmente no se respalda la aplicación de copagos en los servicios sanitarios.

Dado que tampoco hay evidencia de beneficios por el copago (salvo una leve disminución de la utilización que no se mantiene al cabo de 1 año) y en cambio hay indicios (de poca calidad pero concordantes y en muy distintos países) de perjuicios en la salud y en la equidad de la atención sanitaria, es más que razonable sugerir que, si se considerara aplicar algún tipo de copago sanitario, este debería someterse a pilotaje y evaluación. Es decir, no es una medida contrastada para su uso: en todo caso, es una intervención que se debería monitorizar, prestando especial atención a los efectos sobre la equidad.

Además, la evidencia disponible sugiere que los copagos no tienen ninguna capacidad para contener el gasto sanitario, sobre todo el gasto global a largo plazo.

En cualquier caso, los expertos coinciden en que deberían eximirse de copago las prestaciones sanitarias personales que implican externalidades en beneficios (p.ej., las vacunas). Así mismo, los programas de cribado poblacional coste-efectivos deberían quedar en cualquier caso al margen de los copagos para las personas del grupo diana.

En uno de los documentos referenciados se llega a afirmar taxativamente: «Diferenciar entre consultas necesarias o innecesarias por parte del profesional sanitario socavaría la relación de agencia (confianza) entre el médico y el paciente, convirtiendo al primero en juez más que el consejero del segundo y no conviene recargar todavía más la agenda de trabajo y lista de tareas del médico». Esta idea también se repite en otros textos.

En general, se observa que los países que utilizan el copago destinan una gran parte de su producto interior bruto (PIB) a los servicios de salud, una proporción mucho mayor que la de los que tienen sistemas de copago poco desarrollados, por lo que quizá sería una prioridad aumentar esa parte del PIB antes de plantear otras medidas. Sobre este tema, los textos consultados subrayan una serie de puntos:

El abuso imputable al paciente parece ser muy limitado en los sistemas públicos de salud (menos del 2% del gasto), por lo que la atención debe redirigirse al comportamiento de los proveedores. En consecuencia, se precisaría una estrategia de compromiso de los profesionales sanitarios que necesariamente pasa por la incentivación y la mejora de las condiciones laborales, así como la capacidad de decisión.

El papel de médico de familia como referencia y primera vía de acceso al resto de servicios del sistema, es una alternativa racional y que ha demostrado su utilidad en otros países. Es necesario dotar a la atención primaria (AP) de los recursos y capacidad de decisión que permitan ejercer su papel. Para ello será importante que los profesionales sanitarios tengan acceso a la información suficiente para tomar medidas de prevención cuaternaria (conjunto de medidas adoptadas para identificar al paciente en riesgo de sobremedicalización, para protegerlo de nuevas incursiones médicas, y sugerirle las intervenciones que son éticamente aceptables)

En concreto, en nuestro país, algunos autores señalan que el problema no es el abuso de los servicios sanitarios por parte de la población, sino el diseño de la AP sanitaria, que sobrecarga al médico con responsabilidades que en otros países realizan otro tipo de profesionales, como los de enfermería o personal administrativo.

Además, sintetizando lo que dice M.ª Pilar González de las Heras en su artículo “el derecho a la asistencia sanitaria en España dentro de territorio nacional: regulación, sistema de financiación y administraciones competentes” la Sanidad desde el año 1999 se financia íntegramente con impuestos generales (IVA, IRPF…)

Ya que la atención sanitaria se financia con impuestos generales (directos e indirectos) diversos colectivos y plataformas llaman acertadamente “repago” al copago.


3.1.2) Universalidad en la atención sanitaria.

Sin embargo, la reciente vinculación del derecho a la atención sanitaria con la condición de asegurado a la Seguridad Social, ha producido que la atención sanitaria deje de ser universal. Por tanto, para que la universalidad de la atención sea real, es necesaria la derogación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

El 20 de Abril de 2012 el gobierno del Partido Popular (PP) promulgó el Real Decreto-Ley 16/2012 “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”

La puesta en marcha del mencionado Real Decreto-Ley (RDL) implica modificaciones legislativas importantes que cambian sustancialmente la concepción de la atención sanitaria que se conoce hasta la fecha. De hecho, vinculando el derecho a la atención sanitaria a la condición de asegurado, el gobierno marca un retroceso a una etapa anterior a la Ley General de Sanidad de 1986, regresando al modelo de Seguridad Social heredado del franquismo. La asistencia sanitaria deja de ser universal.

Es más, la sanidad se sigue financiando por impuestos, y sin embargo las personas que pagan estos impuestos y deberían por tanto tener acceso al servicio que se paga por los mismos, no lo tienen al estar supeditada la cotización a la condición de estar asegurado.

El Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de Abril dispone en su Capítulo 1, las siguientes medidas:

Derecho a la asistencia:

La asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud se garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado”.

Requisitos del asegurado:

a) Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada a la de alta.

b) Ostentar la condición de pensionista del Sistema de Seguridad Social.

c) Ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, incluidas la prestación y el subsidio por desempleo.

d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo y figurar inscrito en la oficina correspondiente como demandante de empleo”.

Beneficiarios del asegurado:

“Siempre que residan en España, el cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, que deberá acreditar la inscripción oficial correspondiente, el excónyuge a cargo del asegurado, así como los descendientes a cargo del mismo que sean menores de 26 años o que tengan una discapacidad en grado igual o superior al 65%”.

Extranjeros:

Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España recibirán asistencia sanitaria:

a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica.

b) De asistencia al embarazo, parto y postparto.

c) Menores de 18 años en misma condiciones que los españoles”.

Los colectivos de población que residen legalmente en España y que quedan excluidos de la cobertura de salud pública y universal son los siguientes:

1. Ciudadanos españoles mayores de 26 años residentes en España que nunca han estado en situación de alta o asimilada al alta en el Sistema de Seguridad Social.

Considerando que un 50% de la juventud española está en paro y nunca ha podido cotizar, y por ende está excluida en gran parte de la posibilidad de ser considerada como “asegurada”, las restricciones del RDL sobre los “beneficiarios de un asegurado” dejarán fuera de cobertura a muchísimos jóvenes.

2. Ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que carezcan de autorización de residencia en España o no puedan acreditar su situación de paro involuntario.

Inconstitucionalidad de la Reforma y derechos fundamentales afectados.

El RDL ha sido criticado por vulnerar el orden constitucional al modificar el artículo 12 de la Ley Orgánica de Extranjería.

Este artículo establecía, en su antigua redacción, que los inmigrantes irregulares registrados en el municipio tenían derecho a acceder a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los nacionales del país.

Con la nueva legislación, la inscripción en el padrón ya no es condición suficiente para acceder a los servicios de salud. Este derecho, como se ha mencionado, se garantizará exclusivamente a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado.

El gobierno afirma que en los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas concurrían los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad de afrontar la reforma estructural del Sistema Nacional de Salud mediante el mecanismo de un Real Decreto-Ley.

Sin embargo, el artículo 86.1 de la Constitución Española (CE), establece que los Decretos-Leyes no pueden afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título Primero de la constitución. Y en dicho título se encuentra precisamente el artículo 13, que dispone “Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los Tratados y la Ley”.

Por otra parte, según el artículo 86.2 de la CE, los Decretos-Leyes deben ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados. Debido a este precepto, los derechos y libertades reconocidos a los extranjeros en España pueden modificarse únicamente por Ley aprobada por las Cortes. Asimismo, según el Consejo General de Abogacía, la limitación de acceso a la salud vulnera no solo la Constitución sino también los Estatutos de Autonomía de Aragón, Cataluña, País Vasco y Andalucía. El Estatuto de Aragón recoge en su artículo 14 que “todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad”.

Los Estatutos hablan del derecho a la salud como un derecho de “todas las personas”. Las autonomías deberían entonces modificar sus estatutos para poder aplicar la nueva normativa o caer en la inconstitucionalidad.

Nuestro SNS tiene deficiencias como el gasto hospitalario desproporcionado en ocasiones, el uso de fármacos de bajo valor terapéutico, el empleo de tecnología de última generación (y cara) en ocasiones innecesarias, el exceso de medicalización y medicación de situaciones sin relevancia patológica o la realización de determinadas actividades preventivas basadas en costosas tecnologías de importación pero de baja eficacia.

Sin embargo, se recortan recursos en personal sanitario de considerable valor no solo en la prevención, también en la promoción de salud. Redirigir los recursos permitirá el ahorro acompañado de una mayor eficiencia del sistema sanitario. El ahorro real obtenido por el Gobierno con el recorte de derechos sobre los inmigrantes será muy bajo comparado con el obtenido revisando otras soluciones.

Por otra parte los servicios sanitarios recortados obligarán a buscar una cobertura privada que aumentará el endeudamiento familiar.

La creación de un sistema sanitario paralelo más ligado a un al mercado de la salud, aumentará el riesgo de exclusión social de inmigrantes en situación irregular debilitando los cimientos básicos a los que se comprometió al firmar la Declaración de los Derechos Humanos y al ser admitido en la Organización de las Naciones Unidas. El derecho a la igualdad y a la no discriminación respecto a la población autóctona. Este derecho ha sido desarrollado por el Comité Económico, Social y Cultural de Naciones Unidas (PDESC)14, en la Observación numero 14 relativa a Tener el Nivel Más Alto Posible de Salud, que desarrolla el contenido del Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.

Un sistema sanitario paralelo como se ha dejado entrever por el Gobierno, crearía una carga sobre las organizaciones sin ánimo de lucro de la sociedad civil que no pueden y que no deben aceptar la tarea de prestar servicios sanitarios básicos a las personas que necesitan atención medica.

Estas mismas conclusiones son las obtenidas por la plataforma Yo sí Sanidad Universal, a las que se añaden:

Que supone un cambio de modelo sanitario al completo y no un paquete de medidas de ahorro. El modelo pasa de ser universal a fraccionado, excluyendo a parte de la población del acceso al mismo, atacando directamente el derecho básico a la salud protegido por la Constitución Española y estableciendo un sistema sanitario en el que dejamos de ser pacientes para ser personas aseguradas.

Que tiene un efecto disuasorio sobre el uso del sistema de salud, al incorporar los cobros en el mismo y ello contribuye de nuevo a la construcción de una sanidad fraccionada y no universal que afecta a toda la población.

Que todo ello se ha acompañado de un discurso político basado en la escasez y la falta de eficiencia totalmente falso en todos sus elementos. El sistema universal y público que están tratando de destruir era de los más eficientes a nivel mundial en lo referente a la relación entre atención integral y medios económicos dedicados a ella, en oposición al modelo privado, que genera un nivel de gastos mucho mayor.

Se llevaría a cabo la derogación del RD-Ley 16/2012, de 20 de Abril especificando la recuperación de la vigencia de la Ley General de Salud Pública 33/2011 del 4 de Octubre.

3.1.3) Priorización del gasto sanitario respecto al pago de la deuda.

Siendo necesario para ello la derogación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que viene de la modificación en la constitución de septiembre de 2011, añadiendo un nuevo artículo: el 135 estableciendo lo siguiente: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.Por tanto, derogación de la modificación del artículo 135 de la constitución. Texto que justifica su derogación: “El artículo 135 de la Constitución Española es Inconstitucional”.

3.2) Utilizar los recursos tecnológicos y humanos de manera racional y basándose en la evidencia.

3.2.1) Utilización de recursos tecnológicos. Eficiencia y eficacia. Organismo evaluador independiente. Nuevos indicadores de evaluación. Carrera investigadora.

Con objeto de mantener y mejorar la calidad y la satisfacción de los ciudadanos y garantizar su sostenibilidad es necesario mejorar aún más su eficiencia y eficacia.

Por una parte, se trabajará en la implementación de un modelo de gestión mediante un sistema que plantee unos parámetros objetivos así como herramientas de gestión al que todos los profesionales puedan acudir como referencia de forma transparente y compartida. Sería un sistema en el que los profesionales tengan un margen de actuación, valorando las competencias de los mismos y fomentando su responsabilidad en la mejora de la gestión e intervenciones en torno a esos parámetros, separándo al máximo la gestión de intereses políticos y fomentando la profesionalidad.

Para ello se estudiarán tecnologías de gestión e información escalables, interoperables y sólidas que puedan mejorar la eficiencia del sistema reduciendo la burocracia al mínimo necesario.

Respecto a la fijación de parámetros y evaluaciones podemos tomar como modelo las experiencias en paises vecinos, siempre adaptadas a la idiosincracia del SNS del estado español.

Modelos que funcionan son los que cuentan con un organismo evaluador independiente formado por comités que emiten unas recomendaciones y guías de práctica clínica, salud pública, prevención, atención a la diversidad funcional, etc., siendo clave una función evaluadora de nuevas tecnologías y medicamentos.

También se analizarán las nuevas tecnologías y medicamentos en torno a las mejoras significativas que aportan y al coste que suponen.

Se tomaría como refencia el NICE británico en cuanto a lo participativo y la transparencia y, además, el modelo escocés en cuanto a tiempos de evaluación y eficiencia.

La naturaleza descentralizada del SNS español frente al sistema británico de único financiador no supone un problema al tener otros ejemplos en el panorama internacional. Estos ejemplos demuestran que es posible disponer de un sistema de evaluación único en un SNS que no lo es, como el caso del procedimiento de revisión ordinaria de medicamentos (‘common drug review’) vigente en Canadá.

Dichos comités estarán formados por personas con un amplio conocimiento, incluyendo profesionales de la salud, profesionales que trabajan en otros campos relevantes, investigadores y consultores para el cuidado social. Estos comités también incluyen personas que representan las visiones del público, incluidos pacientes, representantes de organizaciones, etc.

Las decisiones de los comités están basadas en la mejor y más actualizada evidencia disponible. Esto incluye evidencia publicada en revistas académicas y evidencia basada en la experiencia real. Expertos y académicos se aseguran de que la evidencia utilizada es relevante y de buena calidad. Especialistas en los diferentes temas comparten su experiencia con el comité, aconsejando sobre cómo dichas recomendaciones podrían ser implementadas. Pacientes y cuidadores juegan un rol fundamental, aportando sus experiencias y visión.

Este organismo encuentra solución a diferentes medidas:

a) Evaluación rigurosa de la efectividad en términos de salud de cada euro invertido y reorientación del SNS en el sentido indicado por esa permanente evaluación.
b) Mejora sistemática de la eficacia y eficiencia del sistema.
c) Estableciendo como prioridades del sistema la equidad, la seguridad, la calidad y la satisfacción.
d) Esfuerzo conjunto de las administraciones central y autonómica.

A la hora de evaluar el Sistema Nacional de Salud en cuanto a prestaciones, equidad y cohesión del sistema, habrá que reforzar la función evaluadora de la Agencia y dotarla de indicadores de medida. Para ello se propondrían mecanismos como el de euphoric project:

EUPHORIC es un proyecto multidisciplinar co-financiado por la Unión Europea, pero también es una red que, al final del proyecto, ha incluido 15 instituciones de 10 países europeos diferentes e Israel, la colaboración de una institución tecnológica (Consorzio interuniversitario per le Applicazioni di Supercalcolo per Università e Ricerca – CASPUR) y la agencia de comunicación científica Zadig.
“Medir la eficiencia de las instituciones sanitarias es uno de los caminos para proporcionar servicios sanitarios de alto nivel y parar salvaguardar y mejorar la salud de todos los ciudadanos. Por tanto, es importante hallar una plataforma común que permita a los servicios nacionales de salud, y a cada hospital en particular valorar su propia efectividad.
Para responder a esa exigencia, el proyecto EUPHORIC (European Public Health Outcome Research and Indicators Collection) ha elaborado modelos de evaluación útiles para recoger la información sobre los estándares de calidad ya presentes en cada país miembro. Además, ha desarrollado protocolos para compartir información entre los diferentes sectores de la sanidad pública.
El proyecto está enmarcado en una rama de la investigación bien conocida, la investigación de resultados o outcome research, que analiza el resultado de intervenciones o tratamientos sanitarios específicos. Creemos que el objetivo de estos estudios y, en concreto, los resultados del proyecto EUPHORIC representan para la Unión Europea una importante contribución a la discusión y a la cooperación en la sanidad pública.”

También es importante potenciar la carrera investigadora en los propios centros, por lo que se estudiará la implementación progresiva de un modelo de investigación dentro del SNS de una forma estructurada, planificada a largo plazo, coherente y racional, equiparable con los sistemas de los países de nuestro entorno, con especial atención en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

3.2.2) Utilización de los Recursos Públicos al 100%

Funcionamiento de Quirófanos y alta tecnología mañana y tarde.
Reducción progresiva de los conciertos con la privada. Vuelta a manos públicas de los centros ya privatizados.

3.2.3) Utilización de recursos humanos.

  • Los recursos humanos representan el capítulo presupuestario mayor y son el factor más determinante a la hora de alcanzar los objetivos del sistema. Se debe establecer una política general de recursos humanos adecuada a la importancia de este factor, y por ello deben hacerse esfuerzos al objeto de articular un plan general de RRHH en donde participen todas las partes afectadas.
  • Es necesario un refuerzo en temas como la formación, la homologación, los perfiles profesionales, la formación continuada, el registro de profesionales transparente, la carrera profesional, un nuevo mapa de especialidades fundamentado en un nuevo modelo troncal de formación y el marco retributivo.
  • Definir criterios comunes para las retribuciones e incentivos que refuercen la eficiencia y el compromiso de los profesionales. Se propone que, de acuerdo con las organizaciones sindicales y entidades profesionales, el SNS concluya un acuerdo social por los recursos humanos que impulse una gestión más eficiente de los mismos buscando la calidad al servicio del paciente, mayor productividad y rendimientos óptimos y la reducción de la variabilidad en el rendimiento personal y en variabilidad clínica.
  • Desarrollar mecanismos comunes para aumentar la participación de los profesionales en la gestión y dirección de los servicios de salud y en la asignación de los recursos.

3.3) Construir un modelo cada vez más participativo y transparente, con un amplio control social y profesional.

Se reconoce el escaso desarrollo de la participación de ciudadanos y profesionales en el gobierno del SNS. Incluso de las limitadas previsiones que en este sentido hacía la L.G.S.
Tanto la literatura como la experiencia transmitida por multitud de expertos, ponen de manifiesto la importancia estructural de dicha participación a la hora de legitimar, orientar correctamente y procurar la sostenibilidad del sistema sanitario público.
Por ello, hay que trabajar en elevar la función de participación a un primer lugar en la agenda política de los gobiernos nacional y autonómicos, y lo hace con la sugerencia de desarrollar los mecanismos de participación social y profesional a un nivel no meramente consultivo o informativo sino gestor, en el marco de un nuevo modelo de gobierno del SNS y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas.
La participación de los pacientes y usuarios debe dirigirse a la calidad de la atención, y la de los ciudadanos a la corresponsabilidad.
Para todo ello debe mejorarse el acceso de la ciudadanía al sistema de información y promover que la ciudadanía conozca y asuma sus deberes cívicos en el cuidado de su propia salud y en el uso responsable de los servicios sanitarios, mediante, entre otras, estrategias educativas y de concienciación de costes. Ha de buscarse la mayor implicación de los profesionales orientada a una mayor calidad y eficiencia en la utilización adecuada de los recursos sanitarios siempre presionados por demandas crecientes, no siempre justificadas sanitariamente.
Entendemos que la creación de una comisión u organismo evaluador independiente (ver apartado anterior) crearía un ámbito de participación adecuado, sumándolo a las medidas de control del programa democracia y punto.

3.4) Planificación y coherencia, asegurando la cohesión y la equidad entre poblaciones y territorios

3.4.1) Cartera de Servicios común al SNS para garantizar el acceso en igualdad sin discriminar Comunidades Autónomas de origen.

Una oferta de servicios en exceso diferenciada por Comunidades Autónomas, puede suponer una fuente de inequidad para las personas. Por ello, con el mayor respeto para la iniciativa de las Comunidades Autónomas, la Comisión propone una revisión de la Cartera de Servicios común al SNS de forma que se garantice el acceso a la misma en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos con independencia de la comunidad autónoma de origen o de prestación de los mismos, y sin perjuicio de sus competencias en la materia.

3.4.3) Farmacia.

  • Compra centralizada de medicamentos genéricos o aquellos que, manteniendo los mismos principios activos, supongan un ahorro para el SNS.
  • Transparencia y rigurosidad en los procesos de autorización de medicamentos, así como en los acuerdos de fijación de precios de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
    • La elaboración de los medicamentos genéricos han de tener en su composición la misma proporción de principios activos que las no genéricas.
    • Los nuevos medicamentos que no demuestren mejoras significativas sobre los ya existentes, no serán utilizados, salvo que dichos medicamentos supongan un coste menor para el SNS manteniendo la eficacia.
  • Auditoría y regulación de las relaciones entre la industria farmacéutica y los miembros de los órganos de regulación en materia de fijación de precios, aprobación y financiación de medicamentos.
  • Fomento de la formación médica por el SNS para desvincular dicha formación de los laboratorios farmacéuticos y empresas de tecnología sanitaria, evitando así cualquier tipo de retribución o regalo al personal sanitario porque entra en conflicto de intereses con la priorización de la salud y del paciente.
  • Se estudiará la dispensación progresiva en los propios centros de los medicamentos más prescritos que estén ya subvencionados al 100%, siempre que suponga un ahorro al SNS. Realizando previamente un balance del impacto de las repercusiones en las farmacias.
  • Financiación del 100% del importe en determinados medicamentos de referencia, con financiación parcial del resto de medicamentos y nula de aquellos que no hayan demostrado aportar nada en términos de coste-efectividad incremental.
  • Se priorizará la financiación de medicamentos elaborados por PYMES y empresas que tengan modelos de gestión más sociales.
  • Se estudiará la transición hacia un modelo de distribución propia de la compra centralizada.

    3.5) Titularidad, provisión y gestión pública.

    La sanidad pública es un derecho, no un objeto de lucro o mercancía. En consecuencia, los gobiernos deben utilizar modelos de financiación que no favorezcan la financiación privada o mixta por encima de la pública.

    Modelo PFI (Iniciativa de Financiación Privada)
    Bajo este modelo, los proyectos de construcción de hospitales son financiados por el sector privado, reemplazando el sistema tradicional utilizado en las últimas décadas en las que la construcción de nuevos hospitales ha sido pagada directamente con dinero público y los centros permanecían en manos públicas; de forma que un grupo de empresas privadas, generalmente sin experiencia en el campo sanitario (suelen coincidir empresas de la construcción, servicios y bancos), financian y construyen un nuevo hospital. La Administración Sanitaria paga un alquiler o arrendamiento durante un plazo de entre 30 y 60 años al grupo de empresas propietarias del hospital, que cubre gastos de construcción, alquiler del edificio, el gasto de servicios de soporte y los teóricos riesgos transferidos al sector privado.

    Modelo PPP (Participación o colaboración Público-Privada) también conocido como Modelo Alzira.
    Este modelo de gestión está basado en cuatro principios básicos:

    • Financiación pública: La Administración paga a la empresa concesionaria una cantidad anual fija y preestablecida por cada uno de los habitantes adscritos. También paga por la atención prestada a los enfermos que no residan en la zona.
    • Propiedad pública: En todo momento se garantiza la naturaleza pública del servicio de salud. El centro objeto de concesión es un hospital público, construido en suelo público y perteneciente a la red de hospitales públicos.
    • Control público: La empresa concesionaria está sujeta al cumplimiento de las cláusulas establecidas en el pliego de condiciones. La Administración tiene capacidad de control y de inspección, así como facultad normativa y sancionadora.
    • Prestación privada: La prestación del servicio sanitario se adjudica durante un periodo de tiempo preestablecido a una empresa concesionaria, que se compromete a la buena marcha y gestión del servicio público, a cambio de una cantidad que le garantice un nivel suficiente de beneficios.

    Para poder evitar la introducción masiva de estos modelos de gestión privada en la sanidad pública, es necesaria la derogación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, ya que:
    La Ley 15/97, sobre habilitación de Nuevas Formas de Gestión en el Sistema Nacional de Salud, no sólo adecúa el marco normativo de la LGS a la realidad de las Comunidades Autónomas, sino que “amplía” las posibilidades de gestión, limitadas fundamentalmente a la gestión directa en la LGS (artículo 90), posibilitando la entrada en la sanidad pública de las empresas con ánimo de lucro.

    El artículo 90 de la LGS 14/1986 establece:

    1. Las Administraciones Públicas Sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas. A tales efectos, las distintas Administraciones Públicas tendrán en cuenta, con carácter previo, la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios.
    2. A los efectos de establecimiento de conciertos, las Administraciones Públicas darán prioridad, cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes, a los establecimientos, centros y servicios sanitarios de los que sean titulares entidades que tengan carácter no lucrativo.
    6. En cada concierto que se establezca, no se establecerán servicios complementarios respecto de los que existan en los centros sanitarios públicos dependientes de la Administración Pública concertante.

    Por tanto, se concluye lo siguiente:

    • La autonomía de gestión de los servicios sanitarios transferidos, en lo relativo a la aplicación de nuevas formas de gestión, se produce exclusivamente a través de la Ley 15/1997.
    • Las normas estatales anteriores (Constitución Española, Ley General de Sanidad,etc.) no hacen ninguna referencia a la posibilidad de gestión indirecta ni menos aún a la cesión de centros y servicios a empresas privadas con ánimo de lucro.
    • Que el Estado mantenga competencias exclusivas sobre ciertos aspectos significa únicamente que en ellos no pueden entrar las Comunidades Autónomas, no que se le impida legislar sobre el derecho a la salud.
    • No es ninguna incongruencia o contradicción que se establezca desde el Estado, la legislación básica respecto al modelo de gestión sanitaria de las Comunidades Autónomas. Eso fue exactamente lo que se hizo mediante la Ley 15/1997.

    3.6) Basar la asistencia en la Atención Primaria de Salud: “Gastar en prevenir es invertir en salud”

    La atención primaria es el nivel básico e inicial de atención, que garantiza la globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente, actuando como gestor y coordinador de casos y regulador de flujos (art. 12.1 LCSNS).

    Se aboga por programas que fomenten el desarrollo de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, tanto en la atención especializada como, sobre todo, en atención primaria (AP). Para ello se utiliza como herramienta la información sanitaria y la educación para la salud.

    La dinámica en el desarrollo y puesta en marcha de programas exclusivos en promoción de la salud ha sido cada vez menor, anecdótico y circunstancial; lo que ha impedido desarrollar una de las funciones fundamentales de la AP, como es conseguir una población más sana, con mayor calidad de vida y más autónoma en sus cuidados en salud.

    En contrapartida, nos encontramos con centros de salud donde los profesionales ocupan la totalidad del tiempo a la demanda y la atención a pacientes crónicos, y la promoción de salud pasa a representar experiencias aisladas dentro de su actividad diaria.

    Actualmente, casi la totalidad del presupuesto sanitario se dedica a la atención especializada y el gasto en la atención a los pacientes crónicos aumenta cada año, suponiendo el 77% del total del presupuesto en sanidad, poniendo ya en un peligro real la sostenibilidad del sistema sanitario

    Para establecer cómo debe desarrollarse en los próximos años nuestro sistema sanitario y qué cambios y estrategias se tienen que ir adoptando para conseguir, con el presupuesto asignado, la mejor atención posible; existen tres retos importantes que se describen en los puntos siguientes.

    3.6.1) Control y cuidado de los pacientes con pluripatologías y enfermedades crónicas.

    El aumento de las enfermedades crónicas en el mundo se debe a una amplia diversidad de factores, lo cual supone una carga creciente y plantea exigencias nuevas y diferentes a los sistemas de salud de todo el mundo. Todos los elementos de los sistemas de salud se ven afectados y la mayoría han de cambiar su orientación y pasar de los cuidados intensivos episódicos a los cuidados crónicos.

    Existen costos indirectos de las enfermedades crónicas para las personas y para las familias, para las comunidades, los empleadores y las economías; que van en rápido aumento (OXHA 2009a). Por tanto, la sociedad debe adaptarse a los mismos.

    El Plan de Actuación 2008-2013 de la OMS para la Estrategia Global de Prevención y de Lucha contra las enfermedades no transmisibles (OMS 2008), ofrece directrices para que los países reorienten y fortalezcan sus sistemas de salud.

    Por ejemplo, según diferentes estudios, hasta el 80% de las enfermedades cardiacas, el ictus, la diabetes de tipo 2 y más de la tercera parte de los cánceres, podrían evitarse eliminando los factores de riesgo comunes.
    Estas cifras, y su proyección de aumento, son las que justifican como medida inicial frenar su progresión con políticas de prevención en la población sana y en personas con factores de riesgo a edades más tempranas. Además, son fundamentales las estrategias activas de atención al paciente crónico.

    3.6.2) Ciudadanos participativos, especialmente las personas con enfermedades crónicas y diversidad funcional.

    Para ello es necesario el empoderamiento del ciudadano pasando del paternalismo al ciudadano responsable de su salud.

    Es fundamental instaurar un modelo que permita la participación activa de los ciudadanos a través de las asociaciones de pacientes, estableciendo un conjunto de estrategias que faciliten los autocuidados y el autocontrol de pacientes con enfermedades crónicas y de diversidad funcional.

    Por otra parte debemos adaptar la legislación para cumplir la convención de la ONU sobre diversidad funcional, firmada por el Estado español en 2008, donde se recoge el derecho a una vida inclusiva y no segregadora (concretamente Arts. 5, 7 y 25).

    Con estrategias como:

    Educación terapéutica, individual y grupal; para aumentar los conocimientos del paciente sobre la patología y reforzar los cambios en los estilos de vida y comportamientos saludables conseguidos.

    Plan personalizado de autocuidados con objetivos e intervenciones pactadas individualmente con el paciente.

    Programas de paciente experto. Se llama paciente experto a aquella persona afectada por una enfermedad crónica que es capaz de responsabilizarse de su enfermedad y autocuidarse, identificar síntomas y responder frente a ellos, adquiriendo instrumentos que le ayuden a gestionar el impacto físico, emocional y social de su enfermedad.

    Escuelas de pacientes.

    Educación de grupos de pacientes.

    Educación terapéutica remota e incorporación de nuevas tecnologías.

    Desarrollo de materiales educativos y publicaciones informativas con un carácter periódico.

    Esto permitirá que realmente sean los ciudadanos los protagonistas y el eje central del sistema sanitario, a la vez que ayudará a conseguir un mejor control, más autonomía y menor dependencia tanto del sistema sanitario como de los propios profesionales.

    3.6.3) Políticas de salud basadas en la prevención.

    El conocido refrán de más vale prevenir que curar tiene aquí un nuevo sentido. Invertir ahora en programas de bienestar puede reportar en un futuro beneficios como la disminución de enfermedades e incluso, ante determinadas patologías, un ahorro económico.

    El mejor argumento de la prevención es humano: “es mucho mejor estar bien que mal”. Hay un amplio margen en el que la prevención evita costes económicos, humanos y laborales; por ejemplo, con políticas de prevención de la obesidad, movilidad urbana o políticas para que los jóvenes vayan caminando a la escuela, tienen un enorme potencial, hacen el entorno más agradable, reducen emisiones y, también, el riesgo de obesidad.

    Aunque la prevención con campañas de concienciación es útil, lo verdaderamente eficaz es evitar que aparezca la enfermedad. Es decir, las políticas primarias. Por ejemplo, en el caso de la obesidad y diabetes, impedir que los niños abusen de comidas ricas en grasas. Algunas de las patologías que más incrementan la factura de la salud son aquellas causadas por el tabaquismo, las enfermedades coronarias, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los cánceres de boca o pulmón, etc. Patologías que, además, son fácilmente reducibles.

    Pero más que hablar de ahorro cuando se menciona la prevención, se debería hablar de una mejor utilización de los recursos. Y es aquí donde los gestores deberían tener en cuenta los beneficios futuros del bienestar, porque el beneficio es doble: humano y económico. En los últimos años hemos oído hablar mucho de prevención, pero poco de las inversiones y programas puestos en marcha a nivel nacional que permitan conocer sus beneficios a largo plazo, de los programas más efectivos y de cómo debe ser su implantación.

    Los expertos indican que la puesta en marcha de políticas de promoción y prevención son imprescindibles para frenar el imparable aumento de las enfermedades crónicas. Sin duda, esto, junto con el aumento de la esperanza de vida, justifican con creces dicha necesidad.

    Expertos economistas que analizan el mundo laboral actual, dicen:

    Prevenir no es gastar sino invertir en futuro.

    La interrelación entre prevención y crisis se pone de manifiesto, aún más, cuando por todas partes se subraya la necesidad de reforzar las políticas preventivas en los momentos críticos. Políticas preventivas, se arguye, que son medidas terapéuticas destinadas a mejorar las condiciones laborales y a buscar procedimientos que reduzcan los costes de producción de la empresas. El criterio de que la prevención no está asociada a un gasto sino a una inversión surge, ahora más que nunca, como un axioma incontrovertible.
    La OMS ya ha presentado muchos estudios que demuestran y calculan el ahorro con medidas concretas de promoción:

    • En un estudio noruego, las estimaciones indicaban que, en 25 años, se conseguirían unos ahorros de 188 millones de dólares en EUA, si se evitaban las enfermedades del corazón y los ataques cardiacos, reduciendo 2 mmHg el nivel de la presión sanguínea de la población y solo mediante una disminución de la ingesta de sal (OMS 2005, pág. 77).
    • Según estimaciones hechas en un estudio canadiense, reduciendo un 10% la prevalencia de la inactividad física, podrían recortarse en 150 millones de dólares canadienses (unos 124 millones de dólares EUA) los gastos anuales directos en atención sanitaria en un año (OMS 2005, pág. 77).
    • En los países de la OCDE sólo se destina a la prevención el 3% del gasto en salud (PriceWaterhouseCoopers LLP 2008).
      Eric Brown: “Invertir en programas de prevención puede ahorrar dinero en el largo plazo”. Este experto en investigación en promoción de la salud, expuso, en octubre de 2010, en el Seminario Internacional en Chile, el resultado de diversas evaluaciones a programas preventivos implementados.

    El investigador y académico de la Universidad de Washington dio a conocer además los detalles del programa “Communities that Care”,que tiene como objetivo prevenir el consumo de drogas y otros comportamientos como violencia, problemas de salud mental, embarazo adolescente y otros. Brown presentó porcentajes de dicho programa después de 10 años de funcionamiento, con datos que reflejan una disminución de aparición de adicciones en jóvenes o embarazos, y añadió que también se ha demostrado que la inversión en programas y estrategias de prevención pueden ahorrar dinero a largo plazo.
    En materia de prevención, hay expertos a nivel mundial y existen programas que ya han demostrado su eficacia en términos absolutos. Hay que dejar de hacer intervenciones puntuales que no estén amparadas en un plan que garantice la consecución de sus objetivos y nos permita conocer tanto el ahorro, como la disminución de enfermedades, conseguidos tras la puesta en marcha de dichos planes.
    Sin duda, hay muchas razones para defender la promoción de la prevención, pero la más importante es la de conseguir una mayor calidad de vida de las personas y con el menor coste económico.
    Parece claro que el momento actual es clave para la puesta en marcha de una política que vaya más allá de la prevención o la promoción, de una forma más transversal y menos sanitariocéntrica, como es la salutogénesis y los activos en salud.

    Para ello:
    Es necesaria la planificación y ejecución de los programas de prevención.
    Siempre se ha vivido, tanto por profesionales como usuarios, como algo secundario. Eso hace que no se les de credibilidad, ni se midan resultados en salud, ni se calcule el ahorro económico que generan a la larga dichos programas. Tenemos que superar un sistema sanitario totalmente paternalista, en el cual el ciudadano tiene un papel secundario, y el rol que asume dentro del sistema es de dependencia hacia el sistema y hacia el propio profesional, generando sobrecarga y saturación.
    La rentabilidad en salud y económica de la implantación de medidas de promoción son a largo plazo.
    Un buen plan de promoción de la salud tendrá resultados en un plazo de 10 a 20 años.
    Gestión en la abundancia con la sensación de recursos ilimitados. Sin duda es en los países con menos recursos donde más implantados están todos los programas de prevención. Disponen de agentes de salud que educan a la población.
    Resulta de carácter vital el papel de la atención primaria y sus funciones de prevención, asumiendo cada vez más funciones rehabilitadoras y curativas.
    Siendo necesaria la formación de los profesionales para el diseño, desarrollo y puesta en marcha de dichos programas y la credibilidad en los mismos.

    Los gestores deben incluir en sus objetivos o líneas estratégicas la prevención y promoción como líneas fundamentales con dotación de personal y con gestos claros de compromiso para ello.
    Se debe llegar a un pacto por la sanidad que asegure la continuidad y compromiso de todos por el desarrollo de programas de prevención y promoción.

    Inversión del tiempo asistencial en prevenir:

    Los profesionales sanitarios deben invertir tiempo en ello, deben estar formados en metodología de prevención y promoción, e incorporar en la práctica asistencial diaria intervenciones en prevención de una manera sistemática y continuada en el contacto con el ciudadano.
    Sin duda es la AP la que debe llevar el peso fundamental, pero desde la especializada también se tiene que potenciar la promoción, prevención y manejo del cuidado en la persona con enfermedad crónica; buscando facilitar el autocuidado y autonomía personal del paciente, y también en aras de alcanzar lo que se llama “el mal menor”: un paciente diabético mal controlado puede desarrollar en el futuro HTA, insuficiencia renal, cardiopatía, ACV, etc.
    Es más fácil educar a los niños y jóvenes para que no fumen, beban con moderación, prevengan accidentes de coche y moto, que tener programas de deshabituación tabáquica, enfermos hepáticos o jóvenes con minusvalías.
    La promoción de la salud y la prevención de las principales enfermedades pasan inexorablemente por la adquisición de comportamiento y actitudes saludables, el fomento de la autonomía y el autocuidado como ejes centrales del trabajo sanitario. Mediante la educación para la salud, puesto que se hace imprescindible para la consecución de mejores niveles de salud individual y colectiva.
    Es fundamental la incorporación de la enfermera dentro del ambiente escolar, de una manera sistemática y generalizada, de modo que los niños y jóvenes incorporen en su formación curricular y de una manera transversal todos los conocimientos y capacidades necesarios para su autocuidado y el de sus dependientes (por ejemplo abuelos o, en un futuro, hijos). Facilitando a la enfermera ser el nexo de unión con el sistema sanitario
    “gastemos en prevenir”, con urgencia, planificación y control.

    La sostenibilidad del sistema sanitario pasa por la aplicación de políticas públicas y la creación de ambientes saludables, el desarrollo de habilidades personales (reconociendo al ciudadano como titular de los derechos y deberes que le son propios, favoreciendo su participación y responsabilidad como miembro activo que es de la sociedad), el refuerzo de la acción comunitaria y la reorientación de los servicios de salud.

    Esto conlleva una reducción del carácter paternalista tradicionalmente adjudicado al Estado y al profesional, y educar al usuario para la salud, de forma que él mismo se convierta en su principal motor de control y mejora.


    4) Leyes a derogar:

    • Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
    • Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
    • Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la modificación del artículo 135 de la Constitución.

    5) Enmiendas desestimadas.

    Se ha desestimado la supresión del actual sistema de licencias de oficinas de farmacia, transición hacia un modelo de oficina de farmacia pública debido a que no existe un consenso al respecto, más bien las oficinas de farmacia solicitan una mayor autonomía del SNS.

    La idea de una farmacia pública ha fracasado en todos los países donde se aplicó. Sube el gasto público y el derroche de medicamentos. La dispensación directa en los centros de salud se intentó en Galicia y se abandonó por aumento de gasto. También se propuso en Cataluña hace años y se abandonó por el mismo motivo. La compra por subasta de medicamentos en Andalucía esta llevando a continuos desabastecimientos de medicamentos básicos.

    Respecto a la creación de una marca y empresa pública de fabricación de medicamentos genéricos, así como a la distribución completa en manos del SNS, no la consideramos una medida de emergencia, ni de mínimos. En caso de abordar esta cuestión debería hacerse con un estudio económico, informes de viabilidad y de forma rigurosa.

    No incluimos la propuesta relativa a que el SNS solo financie medicamentos elaborados por empresas españolas que paguen el grueso de sus impuestos en España, debido a que no somos partidarios de este tipo de proteccionismo. Sin embargo hemos recogido esta medida en forma de priorización de medicamentos provinientes de empresas con un modelo social sostenible.

    Respecto al debate acerca de sustituir el término “recursos humanos” por personal, trabajadores, profesionales, etc. hemos decidido dejar el término inicial. Coincidimos con la enmienda que comentaba que el término recursos humanos deja claro su entidad e importancia. Entendemos que no menosprecia el valor de las personas ni su dignidad. Es un término aceptado e introducido, tanto en el sector sanitario, como en otros muchos sectores de la sociedad. Hemos mantenido el término en los títulos y sin embargo hemos introducido el término profesionales de la sanidad en determinados contextos para que RRHH no fuera tan reiterativo.

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