El colapso de la sanidad pública durante la crisis del coronavirus a causa de los recortes ha sido objeto de debate en el Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.

Más allá de discursos partidistas de políticos o de algunas de sus plataformas satélites, como siempre decimos, el diablo está en los detalles. Afortunadamente no hace falta un gran esfuerzo para llegar al detalle ya que grupos como la Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad y muchas otras organizaciones de la sociedad civil han hecho ya ese trabajo. Esto que escribimos a continuación es un intento de hacer un resumen de lo que la sociadad civil organizada lleva años diciendo.

El proceso de deterioro del sistema sanitario español empieza con su privatización en los 90. Los recortes que llegaron a partir del 2008 son solo la segunda fase del desmantelamiento del sistema sanitario. Si queremos ir a la raíz del problema no solo tenemos que frenar los recortes. También -y sobre todo- la privatización. Cómo en otras muchas ocasiones el PSOE forzó la puerta y el PP saqueó la casa.
La transferencia de competencias sanitarias a las autonomías nos proporciona 17 experimentos perfectos para comprobar la raíz del problema:
País Vasco, Navarra y Asturias son las que tienen menos procesos de privatización en marcha y donde el sistema sanitario ha aguantado mejor.
Madrid* y Cataluña** son las autonomías con una sanidad pública más invadida por empresas privadas y también los lugares donde el sistema sanitario ha colapsado más dramáticamente.

La depredación de la sanidad pública por parte de empresas privadas se apoya en dos estafas legalizadas:

• • • • • • • La Ley 15/97 de «nuevas formas de gestión» del Sistema Nacional de Salud. Eufemismo para referirse, grosso modo, a la gestión privada de hospitales públicos, concesiones de hospitales a empresas privadas, etc
            • Artículo 90 de la Ley General de Sanidad. Es la ley que posibilita, muy en resumen, los «conciertos» público-privados. Es decir que la sanidad pública contrate (desvíe fondos) a empresas privadas.

El Roto

La derogación de estas dos leyes privatizadoras son la clave para comenzar a revertir el deterioro de la sanidad pública. Su derogación no es suficiente e invitamos a completar este post con más medidas urgentes, pero sin la derogacion de estas leyes las conclusiones de esta comisión son solo un campo de batalla más entre partidos para sacar rédito electoral y no un instrumento para evitar nuevos colapsos sanitarios.

Gracias a estas dos leyes en el año 2018 se dedicaron más de 8.000 millones de dinero público a conciertos privados. Está claro que dedicar más dinero público a la sanidad pública no frenará su deterioro mientras estás leyes privatizadoras no se deroguen. Quizás incluso Ayuso estará de acuerdo en hacerlo tras el coronavirus.

Esa «inversión» de 8.000 millones en sanidad privada no sirvió de nada durante la pandemia. Los objetivos de la sanidad privada son conseguir beneficios, así que ante la llegada de una pandemia han cerrado plantas, han dado vacaciones a empleados…
La cacareada intervención de los centros privados por parte del Ministerio de sanidad fue una gran medida de propaganda, pero no una solución al problema. La sanidad privada no está capacitada para descargar eficientemente a la pública. El gran negocio de la sanidad privada consiste en que le deriven de la pública (cuanto más colapsada mejor) actividad quirúrgica simple y pruebas diagnósticas fáciles. Beneficios rápidos al menor coste posible. No hay sanidad privada que se pueda ocupar de una pandemia ni de nada remotamente parecido.
El principal efecto del anuncio de la intervención de la sanidad privada sí ha servido para algo. Para que ahora la patronal de la sanidad privada pueda pasar la factura y pedir más dinero público para seguir depredando la sanidad pública.

La comisión ha terminado y ahora se anunciarán grandes inversiones. Si no derogamos las leyes privatizadoras ese dinero irá a empresas privadas que lo usaran para seguir minando la sanidad pública y por lo tanto la salud de la población.
Se anunciarán planes de choque para reducir las listas de espera que tras la crisis del coronavirus son más grandes que nunca. Si no derogamos las leyes privatizadoras esos planes de choque servirán para derivar pacientes con bajo riesgo y alto beneficio a la sanidad privada y así seguir minando la sanidad pública y por lo tanto la salud de la población.
Ni rastro de la más mínima critica ni revisión de las leyes privatizadoras en las conclusiones de la Comisión y si mucho más apoyo a la colaboración público-privada. Todo el debate parece haber sido de cara a la galería.

La financiación de la sanidad pública en España está por debajo de la media europea, pero el problema principal es a dónde va ese dinero. Esto no se soluciona (solo) con más dinero. No se trata de dinero se trata de enviar un mensaje claro de derogación de las leyes privatizadoras. La invasión privada de la sanidad pública debe acabar.

Si los políticos a favor de la sanidad pública quieren mejorar la salud pública, que deroguen las leyes privatizadoras. Si los políticos a favor de la sanidad privada quieren reducir el gasto público, la comunidad sanitaria les puede explicar cómo: invirtiendo en prevención.

*El caso de Madrid es paradigmático. Hay siete hospitales más que en 2008 pero tambien 3000 camas menos y varios miles de trabajadores menos. El diablo está en los matices: el problema no es (solo) el gasto en sanidad sino la invasión de empresas privadas.

**Cataluña fue de las más precoces y la colaboración público–privada se implementa prácticamente desde el traspaso de competencias allá por el 81. Y se ha ido consolidando y potenciando con leyes anteriores a la 15/97. La LOSC de 1990 define ya claramente la separación entre las funciones de compra y de provisión de los servicios sanitarios. Su modificación de 1995 ya legaliza de forma oficiosa el ánimo de lucro en la sanidad pública.