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ÍNDICE
- Introducción
- Áreas de actuación
- PyMEs
- Empleo
- Banca
- Administración
- Corrupción y Fraude
- Contribuciones
- Deuda
- Democracia Económica
#DemocraciaEconómicaTodos y cada uno de nosotros podemos ser parte de la solución si, en lugar de que se nos pongan todo tipo de impedimentos, se establecen las condiciones en las que podamos poner en acción nuestra capacidad de emprender solos o con otras personas.
Una vez más la solución es el control democrático por parte de la ciudadanía.
Ingredientes
Equilibrio entre estos cuatro elementos:
- El Individuo, facilitando sus habilidades y capacidad de emprender.
- Los Grupos, facilitando las capacidades de las personas de federar competencias, fuerzas y habilidades para construir en conjunto.
- El Bien común, o necesidades básicas y oportunidades de partida de todos, sin los cuales no podemos existir como sociedad: educación e I+D+I, sanidad, justicia, energía, vivienda, transportes, sociedad de la información, sostenibilidad medioambiental….
- El Estado bajo control ciudadano, como garante de los límites de convivencia para el bien común.
Debemos poder vivir como ciudadanos libres y autónomos en la plenitud de nuestro desarrollo, cooperando y manteniendo los bienes comunes dentro de los límites que nos hemos dado como sociedad.
Emergencia
¿Cómo crear las condiciones para salir del pozo?
Inversión para aumentar el PIB y permitir el consumo y la circulación de bienes (particularmente difícil, ya que los anteriores gobiernos se lo han llevado absolutamente todo, pero indispensable; en este Plan explicaremos como es posible, sin tener que ser esclavos de la Troika).
Distribución corrigiendo los mecanismos de asignación en el mercado que fuerzan una distribución de la renta que favorece cada vez más a las rentas más altas (monopolios y oligopolios abusivos en servicios imprescindibles, intereses de la deuda crecientes, oligopolio financiero…).
Redistribución de los gastos racionalizándolos y eliminando la corrupción, el despilfarro y las deudas ilegítimas (estamos viviendo bajo un chantaje que no debemos aceptar más).
Contribución justa y no abusiva al bien común, correspondida por retornos de calidad.
Solución: Cambio en profundidad de modelo productivo
Podemos emprender un futuro totalmente nuevo. Tenemos la fuerza y la capacidad. Debemos recuperar la dignidad y no ceder nunca más al chantaje y a los abusos.
Han desmantelado nuestra economía productiva, cambiándola por una economía de servidumbre.
Nunca más.
#NoEsUnaCrisisEsUnaEstafa
Debe incluir un id o clave de campo en el shortcode de su gráfica.
Llevamos décadas asistiendo abiertamente a una estafa programada, planificada y ejecutada por los mismos causantes de la crisis. Esta estafa sale a la luz en 2008 con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Seguir premiando a los responsables que nos han llevado a esta situación y castigar más aún a los que la sufren son los principales lastres para salir de este pozo.
Una sociedad sin Democracia y Punto será siempre una sociedad en la que los ciudadanos estaremos desprotegidos y seremos incapaces de controlar nuestros propios recursos.
El alto precio que estamos pagando en nombre de la crisis es consecuencia de los graves déficits democráticos del Estado. Un Estado con mecanismos de control y de participación democráticos efectivos hubiesen podido frenar, limitar o incluso anular el sometimiento y la connivencia de las élites gobernantes con intereses privados y de la economía financiera.
Esta situación, crítica para todos, dramática ya para muchos, nos enfrenta a un doble desafío:
1. Reaccionar urgentemente estableciendo medidas efectivas para paliar la crisis que afecta a la población, así como relanzar nuestras capacidades de emprender, las de todos y cada uno de nosotros, y nuestras posibilidades de prosperar justa y dignamente como sociedad y como personas.
2. Asentar los mecanismos de control y participación democrática capaces de impedir que los procesos y situaciones que nos han traído hasta aquí puedan volver a repetirse. Nunca más.
DERECHO A EMPRENDER INDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE
#DerechoAEmprenderNuestraSalidaDeLaCrisis
Los Gobiernos han sido incapaces de velar por los intereses de la sociedad en su conjunto. Solo han velado por SUS propios intereses.
En esta situación, los ciudadanos no disponemos más que de nuestra capacidad de emprender una salida de la crisis donde nadie se quede fuera, emprender el camino hacia una Democracia Económica en la que el Estado y la economía estén al servicio del país y de sus ciudadanos y no al revés.
Disponemos de la capacidad y los sueños de la sociedad más reactiva y mejor formada de la historia.
Solo disponemos de esto y con esto lo haremos.
Vamos a sentar las bases de un nuevo modelo productivo y una nueva especialización económica regional dentro de la UE y además, creando los mecanismos necesarios para asegurar la vía de retorno a los que han tenido que irse.
Ha quedado demostrado que nuestros propios Gobiernos han ninguneado y rebajado el valor y la capacidad que tiene el Estado español dentro del proyecto económico europeo, aceptando condiciones de país colonizado, vendiendo a precio de saldo nuestra capacidad emprendedora en una política corrupta de pan para ellos hoy y hambre para todos los demás mañana.
Somos perfectamente conscientes de la magnitud del saqueo. Pero hay algo con lo que podemos contar para salir del pozo es:
– Nuestra iniciativa, nuestra inventiva y nuestra capacidad de emprender como ciudadanos, como individuos y organizándonos en conjuntos humanos que persiguen unos objetivos.
– La capacidad de utilizar nuestra soberanía para negociar políticas europeas comunes en beneficio de la ciudadanía, y no de los bancos y de la clase política connivente.
Democracia Económica en Europa.Ahora nos toca a los ciudadanos tomar la palabra para conseguir un espacio europeo de posibilidades y justicia, y no de explotación y penuria para las personas.
NO QUEREMOS UN RESCATE, NO QUEREMOS UNA DEUDA QUE NOS HACE ESCLAVOS.
QUEREMOS QUE SE JUZGUE A LOS CULPABLES DE LA CRISIS Y UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA CIUDADANÍA (Un «Núremberg Financiero» y un «Plan de reactivación económica basada en la inversión pública» adaptado al siglo XXI, un estímulo necesario para la reconstrucción de una Europa en ruinas).
Un gran plan de acción para emprender líneas de intervención estratégica que generen empleo y actividad en áreas clave de un nuevo modelo productivo adecuado al siglo XXI.
Los sucesivos gobiernos españoles han apostado decididamente por la UE, sobre todo por los grandes poderes financieros europeos que mantienen a las élites de gobierno. Han apostado por la UE incluso contra los intereses de la propia población, que es quien ha sostenido y soportado los procesos de austeridad y recortes exigidos. Creemos que ha llegado el momento en que la UE debe hacer una apuesta decidida por nuestra sociedad.
Es necesario repensar y renegociar nuestra situación en la UE desde una posición de dignidad, hasta las últimas consecuencias. Repensar el papel de la UE y de los socios europeos en el proyecto de construcción de un país para salir de la crisis.
La suma del PIB español más el de Italia iguala el PIB alemán. Nuestra voz y nuestros derechos, incluidos los de ámbito económico, han de hacerse oír con fuerza y claridad. El Estado español se ha comportado como un Estado periférico y vasallo, ya que sus gobernantes no defienden los intereses de la población sino los suyos propios y los de las élites financieras internacionales. En realidad nuestro peso específico dentro de Europa tiene toda la potencialidad para defender nuestras necesidades hasta las últimas consecuencias, pero no es aprovechado por quienes deberían representarnos, volcados solo en cubrir intereses y privilegios, y no en defender nuestros derechos para crecer y prosperar.
#PYMEs
Las PYMES se deben proteger porque es donde se crea empleo
Debe incluir un id o clave de campo en el shortcode de su gráfica.Las PyMEs representan en nuestro país el 99,88 % de las empresas. Su contribución al empleo (75,6 %) se sitúa ocho puntos por encima de la medida europea (67,4 %).
Son las PYMEs los sectores de la economía con mayor capacidad de generación de empleo. Debemos acompañar el tejido productivo empresarial existente en la adaptación a las nuevas condiciones de mercado y hacer posibles y sostenibles los proyectos de emprendimiento, así como hacer atractiva la inversión en estos proyectos, realizando las reformas fiscales y administrativas necesarias.
La persona física (autónomo) es la forma predominante en la constitución de PYMEs.
No obstante, el elevado coste mensual de la cuota de autónomo bloquea el emprendimiento. En una comparativa de los costes de cotización de 160 países, ordenados de menor a mayor, España se encuentra en el puesto 133. Esto hace imposible competir con esos otros países.
Uno de cada dos autónomos que se dieron de baja en 2012 en la UE lo hizo en España.
Por otra parte, nuestros sucesivos gobernantes han favorecido los monopolios y oligopolios en función de sus propios intereses, creando así condiciones de competencia insostenibles para las PYMEs y los autónomos.
MEDIDAS
– No asfixiar a los autónomos
– Una clara política antimonopolística a favor de las PYMEs y de los consumidores
– Medidas de estímulo fiscal para las empresas que cumplan con criterios de calidad en la contratación y la remuneración
– Evitar el ahogo financiero de las PYMEs y los emprendimientos y facilitar la tramitación
– Eliminar las ayudas a grandes empresas
– Transformación de las instituciones de gestión de derechos y patentes en España.
– Más y mejor vigilancia de la competencia
– Regulación de la financiación de proximidad
– Facilitar las figuras del capital emprendedor y del Business Angel (socio financiero en nuevos emprendimientos)
– Apoyo al cooperativismo como figura generadora de empleo
#EMPLEO
No queremos pagar para trabajar
Debe incluir un id o clave de campo en el shortcode de su gráfica.El desempleo es uno de los principales problemas que enfrenta el Estado Español. España tiene más de 6 millones de desempleados y ha alcanzado una tasa de paro del 26,8% (datos Eurostat abril 2013).
Tenemos históricamente una cifra de paro mucho más alta que otros países de nuestro entorno.
En España los parados de larga duración representan la mitad del total de desempleados. De los parados de larga duración, el 26 % tiene menos de 26 años y el 21 % tiene más de 50.
España es el segundo país de la UE con más trabajadores con contrato temporal, un 24,9 % de los contratos.
En este contexto, no tiene cabida plantear medidas como el retraso de la edad de jubilación o la ampliación de la jornada laboral, sino todo lo contrario, un mejor reparto del trabajo.
Por otra parte, en el contexto de una Democracia Económica y del Derecho a Emprender, un trabajador debe tener condiciones dignas de trabajo para poder ahorrar y tener posibilidades de emprender y, al mismo tiempo, estas condiciones no deben ser un lastre para las empresas que le contraten.
Pensamos que las relaciones entre las personas promotoras de una empresa y las personas que trabajan en ella han de ser revisadas bajo el prisma de la colaboración recíproca.
MEDIDAS:
– Cambiar el modelo productivo
– Reforma del régimen de autónomos
– Reducir la concatenación de contratos temporales
– Salario Máximo intra-empresarial
– Mantener las indemnizaciones por despido improcedente
– Fomento de incentivos salariales ligados a la productividad y los beneficios empresariales, que no mermen la calidad del salario
– Bolsa de cotización personal
– Revisión de las últimas reformas en la regulación laboral
– Apoyo al cooperativismo como figura generadora de empleo
#BANCA
Control estricto de la banca
Debe incluir un id o clave de campo en el shortcode de su gráfica.La deficiente regulación y la mala praxis bancaria, consentidas por los gobiernos, han sido factores clave en esta crisis de la que paga los platos rotos la ciudadanía mientras se rescata a bancos y banqueros.
Los agentes financieros y bancarios, con el consentimiento de los responsables públicos, han utilizado irresponsablemente sus competencias y han tomado riesgos inasumibles con el fin de multiplicar su beneficio personal. Esto podría ser asunto suyo si no fuera porque se han practicado modificaciones legislativas con el objetivo de socializar los daños de estas malas praxis.
A cambio de esta connivencia, las entidades financieras han costeado un sinfín de obras públicas faraónicas e inútiles, inmensas bolsas de corrupción, fraude y clientelismo.
A esto se sumaba una mala práctica recurrente y absolutamente legal: la de permitir que los bancos fuesen accionistas, es decir propietarios de facto de grandes empresas de las que eran, además, acreedores.
El desvío de crédito de los bancos a sus propias empresas insolventes ha repercutido negativamente en la capacidad de financiación de las PYMEs. De esta forma, cientos de empresas solventes han sido apartadas del crédito, provocando problemas que van desde la falta de producción al cierre.
Por otro lado, este tipo de operaciones se ha llevado a cabo con la anuencia de los reguladores, como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En este caso, de nuevo, la vinculación de los miembros de estos órganos con los diversos partidos políticos no debe pasarse por alto.
El beneficio privado de las élites financieras (y, a menudo, políticas) se está costeando con dinero público.
Así mismo, la fusión de cajas impuesta por la UE incrementa el número de actores que, por su tamaño, representan un riesgo sistémico. Este tipo de fusiones nos expone a quiebras con un impacto sistémico, imposibilitando que los bancos mal gestionados quiebren con normalidad como cualquier otra empresa.
A pesar de haber permitido y fomentado este peligro sistémico, los gobiernos no han hecho nada para impedir la irresponsabilidad en el sector bancario con el que están estrictamente vinculados en una descarada relación de puertas giratorias.
MEDIDAS
– Velar por la independencia del poder político frente al poder financiero.
– Transformación de las entidades rescatadas en entidades públicas con reglas estrictas para sus gestores y sobre sus operaciones, operando en absoluta transparencia.
– Reforma de la regulación bancaria para imponer medidas estrictas de control y transparencia a las entidades crediticias y financieras.
– Reformular los objetivos de los Bancos Centrales, tanto Español como Europeo.
– Asegurar la protección del cliente bancario, sea este ahorrador o prestatario.
– Regulación de salarios y/o incentivación de objetivos a medio-largo plazo en la actividad bancaria, frente a la actual desregulación salarial y la valoración de resultados a corto plazo.
– Promoción de la banca de proximidad, Banca Ética, cooperativa y responsable.
– Implementar un fondo especial con contribuciones de los grandes bancos para cubrir los costes de liquidación.
– Separar la banca comercial de la de inversión.
– Normalizar las microfinanzas como herramienta para salir de la crisis.
– Creación de entidades bancarias con mayor control por parte de sus clientes (cliente/socio – cliente/accionista) y responsabilidad pública. Proximidad contra el proyecto monopolístico de la Unión Europea.
– Normalizar las monedas alternativas y el intercambio como herramienta para salir de la crisis.
#ADMINISTRACIÓN
Bajo control ciudadano. Stop corrupción
Transparencia y eficiencia en la gestión pública
En contra de algunas ideas generalizadas en la opinión pública, el Estado español no tiene una administración pública sobredimensionada en cómputo total. En número de funcionarios, está en la media de Europa con un funcionario por cada 18,02 habitantes. Una vez señalado que el problema no está en el tamaño de la administración, es preciso indicar que la administración pública tiene problemas en tres ámbitos: en la eficacia y rapidez de la gestión, en la transparencia y en cómo se distribuye el gasto. Aquí es donde se han de acometer reformas en profundidad.
El 39,5% de los funcionarios públicos está dedicado a la sanidad y la educación, el 20,07% trabaja en ayuntamientos y el 22,2% está adscrito a la administración pública estatal (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Ministerios, Agencia Tributaria, prisiones, etc.), según datos de 2013.
En cuanto a la organización de la administración, en España está dividida básicamente en cuatro ámbitos: estatal, comunidades autónomas, provincias y entidades locales. El 22,2% de los empleados públicos depende del Estado, el 50,7% depende de las comunidades autónomas (que poseen las competencias en sanidad y educación), el 21,3% está destinado a la administración local provincial y de cabildos insulares. El resto, el 5,8% estaría destinado a las universidades. Hay que señalar también que casi el 40 % de los empleados públicos no tiene plaza en propiedad.
Como ya indicamos en el Anexo de nuestro programa Democracia y Punto “Obligaciones de los gobiernos y de los ciudadanos representantes de la ciudadanía. Erradicar la corrupción”, donde hay que practicar el recorte más radical es en los privilegios de los representantes de la ciudadanía y en los altos cargos, equiparando su condición a la de cualquier ciudadano medio (véase en detalle el apartado “No más privilegios para políticos”).
En cuanto al reparto de los fondos públicos, la mayoría de los ciudadanos consideramos que Defensa y Obras Públicas en proyectos faraónicos, superfluos y no sostenibles, captan demasiados fondos, mientras que Seguridad Social/Pensiones y Vivienda tienen muy pocos recursos.
En general, los ciudadanos requerimos una revisión periódica del cumplimiento de objetivos tanto programáticos como presupuestarios y que el incumplimiento conlleve sanciones.
La adjudicación de obras públicas ha sido el gran coladero de la corrupción. La modificación del sistema de adjudicación es la única forma de parar este coladero. La transparencia en la adjudicación de contratos públicos debe ser garantizada por ley aumentándose la vigilancia y las penas por delitos contra la hacienda pública, y persiguiéndose las estafas recurrentes como el fraccionamiento de contratas o la filtración de condiciones de concursos públicos a determinadas empresas. En este ámbito hay que aplicar políticas claramente antimonopolísticas.
La transparencia es otro de los pilares básicos de una política de administraciones públicas acorde a los tiempos y las necesidades ciudadanas. Como ya apuntamos en el programa Democracia y Punto, la transparencia en la gestión pública no puede ser opcional.
Por otra parte, la Ley 53/1984 del 26 de diciembre establece una tabla de incompatibilidades para los funcionarios públicos destinadas a que estas personas no puedan compaginar dos o más puestos en los que pudieran darse conflictos de intereses o en los que pueda utilizarse una posición de ventaja para favorecer determinados intereses privados. Sin embargo, estas incompatibilidades se especifican durante el tiempo en el que un cargo público ejerce sus funciones, y no con respecto al futuro. Este es el gran problema de las llamadas “puertas giratorias”. Aunque establezcamos que los altos funcionarios y políticos, mientras están en su puesto público, solo reciban retribuciones de él, es al abandonar sus cargos cuando utilizan sus influencias públicas para intereses privados.
Es necesario que la ley de incompatibilidades sea mucho más restrictiva con las puertas giratorias entre el sector público y privado, contemplando la incompatibilidad de un cargo con otro puesto en el sector privado en el futuro, con un determinado plazo de años. Además se debe acomodar el sistema de libre designación al procedimiento concursal para plazas funcionariales.
La Ley 3/2004 establece que la Administración Pública debe pagar en el plazo de los 60 días y que el interés de demora será el establecido en la Ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad.
Sin embargo esta ley es frecuentemente incumplida por parte de la Administración, que se ha llegado a convertir en el sector que paga con más retrasos. Esta situación está conllevando un ahogo financiero a las empresas proveedoras de bienes y servicios, además de un gran incremento sobre los precios de mercados, puesto que la administración debe pagar intereses de demora.
#CORRUPCIÓNYFRAUDE
Es el grifo del malgobierno. Podemos acabar con él
Debe incluir un id o clave de campo en el shortcode de su gráfica.Depuración de responsabilidades: Nuremberg financiero
Los responsables de esta estafa que llaman crisis tienen nombres y apellidos. Por acción y omisión han contribuido a una estafa orquestada de la que, además, se han beneficiado económicamente.
“Lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar”
Proverbio chino.
Lo primero que hay que hacer para salir de la crisis es dejar de premiar a los responsables que nos han llevado a esta situación.
Porque no es una crisis; es una estafa.
Se ha producido en España un espantoso deterioro en la distribución de riqueza que ha ahogado económicamente a los ciudadanos. Mientras las grandes fortunas se disparaban, el resto de los ciudadanos se ahogaban por falta de acceso al empleo o al crédito. En muy pocos casos este enriquecimiento ha sido producto de la capacidad emprendedora; en la mayoría de los casos ha sido ilícito, y solo ha sido posible con la connivencia de gobiernos corruptos.
Durante las dos últimas décadas los gobernantes pusieron las reglas que pedían los grandes especuladores; los especuladores jugaron y ganaron mucho; hasta que perdieron y ahora los políticos han creado las condiciones para que la ciudadanía pague estas pérdidas que no le corresponden.
Hay personas que creen que hemos sido irresponsables, y posiblemente así habrá sido en algunos casos. En ningún caso comparables con las responsabilidades de los causantes de la crisis y de sus complices políticos.
Llevamos 5 años de crisis desde que estalló la burbuja de la estafa inmobiliaria y en ese tiempo todos hemos pagado:
– Las familias y las personas han pagado con loque tenían, con sus casas, y algunos con sus vidas.
– Los trabajadores han pagado con sus nóminas, sus derechos y, muchos, con su empleo.
– Las PYMEs han pagado desapareciendo.
– Los ahorradores han pagado perdiéndolo todo (preferentes, etc.).
– Los menos pudientes han pagado con su sustento y la pobreza hace estragos
Todos hemos pagado, todos menos…
…los tramposos, los jugadores de ventaja, los grandes especuladores y los gobernantes que han creado y mantenido irresponsablemente la burbuja inmobiliaria y financiera, cuyos riesgos ahora nos obligan a asumir. Ellos son los únicos que faltan por pagar. Y no solo eso: en vez de ser juzgados están siendo premiados por los gobernantes a los que mantienen.
La Red Ciudadana Partido X invita a todos ellos a “arrimar el hombro” y “apretarse el cinturón”, tal y como sucede en otros países, donde los super ricos no solo lo entienden sino que lo piden.
Por otra parte, ya solo la lucha contra el fraude reportará ingresos. Según Gestha Catalunya, en mayo de 2012 el fraude es del 23% del PIB, unos 240 000 millones. De este dinero, el 72 % corresponde a grandes fortunas. Solamente la reducción del fraude fiscal cometido por grandes empresas reportaría al Estado unos ingresos de 30.000 millones de euros. Por poner un ejemplo de la magnitud de este fraude, esto equivaldría a más de 70 millones y medio de subsidios a personas “discriminadas por la crisis”, casi 6 millones de subsidios durante un año.
Por otra parte, la fuga de capitales es inevitable en un país con un gobierno corrupto que no da ninguna garantía de estabilidad para las inversiones. Lo primero que hay que hacer para evitar la fuga de capitales es acabar con estos gobiernos corruptos.
Dicho todo esto pueden aparecer sesudos economistas con alguna teoría que diga “es irrelevante” o “es contraproducente”. Explicaremos en las siguientes páginas porqué esto no es así. Y por si todo lo aquí expuesto no fuera suficiente, vamos a decirles una sola cosa:
es lo justo.
Que las grandes fortunas de la especulación inmobiliaria, financiera y del fraude fiscal, así como los políticos que les han ayudado y auspiciado, paguen también; que reviertan en la sociedad una parte de las ganancias obtenidas a su costa.
MEDIDAS
– Depuración de responsabilidades: Núremberg financiero
– Legislar en materia financiera para poder acorralar a los grandes defraudadores.
– Creación de una Oficina Nacional Anticorrupción bajo control ciudadano
– Luchar contra el fraude genera ingresos para las arcas del Estado.
– Dificultar la fuga de capitales y penalizar la inversión desde paraísos fiscales.
– Regulación del número máximo de consejos de administración en los que puede participar una misma persona física en empresas con muchos ingresos.
[1] Una nota aparte sobre los grandes especuladores y sus amigos políticos.
#DEUDA
No pagaremos la deuda privada de los bancos
Debe incluir un id o clave de campo en el shortcode de su gráfica.¿Qué pasa?
Desmontando lugares comunes: La inmensa mayoría de los Estados tienen deuda, ya que al igual que las empresas deben invertir para construir su futuro
El problema no es la existencia de deuda, sino la estafa que suponen los modos actuales por los que se genera y el tamaño que ha alcanzado debido a que se han socializado masivamente las deudas privadas de los bancos.
El gasto público del Estado se ha reducido en un 2,1 %, pero esto no sirve porque al mismo tiempo hemos aumentado nuestros gastos un 8,4 % debido a la corrupción, los rescates bancarios, el abono de los intereses de la deuda (que seguirán creciendo) y el pago a oligopolios energéticos.
Para evitar los ataques especulativos que hacen subir la prima de riesgo convirtiendo la deuda en impagable, dicha deuda debe ser respaldada por una política fiable que genere confianza para la inversión, evitando el despilfarro y la corrupción.
Somos partidarios de pagar las deudas legítimamente contraídas, pero aquí se han sumado a la cuenta muchos gastos que no nos corresponden. Gastos para mantener unos privilegios que no hemos elegido, ni aceptado.
Gran parte de la actual deuda pública se ha generado mediante dos mecanismos ilegítimos que rompen la legalidad vigente: la conversión del patrimonio común en subsidiario del expolio producido y, al mismo tiempo, el amparo a los responsables del mismo.
Por otra parte, existen empresas que no han cumplido. Quienes más deuda tienen no somos las personas, ni las familias, ni las PYMEs sino las grandes empresas del IBEX35 (28 empresas tienen el 50 % de la deuda privada).
Al sistema financiero se le rescata, a las personas no.
Qué vamos a hacer
1 – Reducir el gasto público de un modo equilibrado y justo, diferente al que se ha venido haciendo por parte de los gobiernos que han desmantelado las mismas estructuras de la sociedad.
2 – Auditar las cuentas de la deuda que se ha generado para saber qué debemos y a quién, en qué condiciones se ha contraído esa deuda y explorar nuevos métodos para satisfacer lo que, tras este análisis, tengamos que pagar.
3 – Cambiar firmemente nuestra actitud en las relaciones con la UE.
MEDIDAS
– Lucha contra la corrupción y el clientelismo
– Las entidades rescatadas serán públicas y quedarán bajo control democrático ciudadano
– Auditoría de la deuda bajo control ciudadano
– Derogación de la reforma constitucional del Artículo 135 sobre déficit.
– Separación analítica de la deuda de familias y PYMEs de la deuda de grandes empresas
– Mejora de las condiciones de quiebra para las familias endeudadas por necesidad
– Revocación del MoU y MEDE
– Reducción de la deuda mediante la revisión de las partidas de gasto
– Moratoria sobre el límite del 3% de déficit de la Unión Europea hasta que la economía se recupere
#CONTRIBUCIONES
Queremos contribuir al común, no pagar un estado que saquea
Debe incluir un id o clave de campo en el shortcode de su gráfica.Un proyecto de contribuciones para mantener el bien común no debe asfixiar. Debe contribuir a un reparto equitativo y justo de los esfuerzos necesarios para proteger los bienes comunes y acometer la salida de la crisis, teniendo sobre todo en cuenta los sectores que más se han beneficiado de ella o que directamente la han causado.
La desigualdad ha aumentado 3 puntos desde el inicio de la crisis. La brecha entre el 20% de personas más ricas y el 20% de las más pobres ha crecido hasta situar al Estado español como cuarto país más desigual de la Zona Euro, solo superado por Letonia, Rumanía y Lituania.
En este contexto, la fuga de grandes capitales no para de aumentar.
La tendencia a tasar principalmente a las rentas del trabajo ha creado grandes brechas y estancamiento de capital productivo.
En el estado español, tal como está planteada la fiscalidad, los impuestos dañan mucho y sirven de poco: los impuestos lastran la capacidad de emprendimiento y en una proporción apreciable acaban costeando gastos absurdos e ineficientes.
Con este tipo de sistema fiscal se está bloqueando la capacidad de emprender. A eso se le suma el fraude fiscal.
Para atraer inversiones hay que garantizar 3 cosas: rentabilidad, seguridad para las inversiones y una fiscalidad razonable. Mientras que no seamos capaces de ofrecer las dos primeras seguiremos teniendo grandes fugas de capital. Por ello es necesario vincular la reforma tributaria a la recuperación económica general del país.
MEDIDAS
1ª fase:
– Revisión de la política de gasto.
2ª fase:
– Revisión del actual régimen de exenciones fiscales del régimen de IRPF y rentas del capital.
– Tasas a patrimonios, donaciones y sucesiones por encima de una cierta cifra.
– Revisión del IBI: no tasar las primeras viviendas en uso y terrenos en uso de subsistencia; penalizar las viviendas y terrenos en desuso.
– Impulso de un nuevo marco de relaciones europeas. Revisión comunitaria del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.
– Eliminación del IRPF a las decilas inferiores hasta 25.000 euros.
– Incentivos a la inversión y al consumo de proximidad.
– Tasas a los movimientos especulativos financieros y aumento de la presión fiscal sobre este tipo de operaciones.
Aportaciones no incluidas en Contribuciones y por qué:
– Pese a que la ponderación abierta situó la medida «Tasas a los movimientos especulativos financieros y aumento de la presión fiscal sobre este tipo de operaciones» en primer lugar, se ha decidido mantenerla en último lugar como en el borrador ya que esta medida solo sería realmente funcional de aplicarse a escala internacional y este es un programa de mínimos de ámbito estatal.
CAMBIO DEL MODELO PRODUCTIVODEMOCRACIA ECONÓMICA: DERECHO A EMPRENDER
DERECHO DE LOS CIUDADANOS A VIVIR BIEN Y CAMBIO DEL MODELO PRODUCTIVO EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
El modelo productivo no está adaptado a la realidad del siglo XXI.
Se necesita un cambio radical en la política económica y productiva para que deje de estar estrangulada por las políticas de austeridad, por una fiscalidad orientada al expolio y por el pago de una deuda ilegítima que es un sinsentido.
Democracia Económica es Derecho a Emprender un nuevo proyecto de sociedad, en el que nadie se quede fuera y en el que partamos de nuestro principal activo, las generaciones más formadas y preparadas de la historia de modo que se pongan manos a la obra para lanzar esta nueva vía que pueda crear trabajo de verdad.
Debemos alimentar la capacidad de emprender de las personas para que puedan alcanzar sus metas. Someterlas a condiciones de precariedad laboral y financiera les impide desarrollar su potencial y supone un lastre para sociedad en su conjunto.
Todo el mundo debe y puede tener oportunidades, no solo unos pocos.
Vamos a utilizar el talento y los recursos de nuestra sociedad para emprender el camino de una sociedad de conocimiento, de una democracia bajo control ciudadano y del desarrollo apegado al vivir bien de la ciudadanía.
Planteamos un equilibrio entre las capacidades y aspiraciones individuales, nuestra capacidad de organizarnos para actuar en conjunto y la preservación de los bienes comunes, con un Estado bajo control ciudadano como facilitador garante y no como competidor, usurero y depredador.
DERECHO A EMPRENDER es poner en marcha la capacidad individual y colectiva de desbloquear la situación política y económica actual.
DERECHO A EMPRENDER es un cambio profundo en la política económica, y productiva.
DERECHO A EMPRENDER es /desarrollarnos/mejorar/avanzar como personas y como sociedad.
DERECHO A EMPRENDER es poner primero a la personas.
Porque la solución al problema del paro no es tener cada vez más trabajos peores, sino garantizar las condiciones en que las que pueda desarrollarse la enorme capacidad humana que tenemos.
DERECHO A EMPRENDER es invertir en la generación más formada de la historia para que cree un nuevo modelo productivo.
DERECHO A EMPRENDER son soluciones para poner en marcha nuevos sectores estratégicos.
DERECHO A EMPRENDER es reposicionar la situación de España en Europa y en el mundo.
DERECHO DE LOS CIUDADANOS A VIVIR BIEN EN UNA ECONOMÍA ORIENTADA AL BIEN COMÚN
El derecho a vivir bien de la ciudadanía está ligado al desarrollo de las capacidades y la vitalidad de la sociedad civil. En esto consiste la Democracia Económica.
Es el reconocimiento del valor de las capacidades y es crear oportunidades para desarrollarlas.
Vivir bien es garantizar que ninguna persona se quede fuera de la posibilidad de emprender un nuevo proyecto de vida, formarse y trabajar en función de sus deseos y capacidades.
Vivir bien es que ninguna persona tenga que trabajar por debajo de su cualificación, sea esta la que sea.
Vivir bien es también derecho a la felicidad individual y colectiva, es defender lo común y lo individual, en equilibrio y de forma sostenible.
Se trata pues de poner en marcha un gran cambio de dirección.
Sabemos que los gobiernos anteriores han destruido el tejido productivo en una política de vasallaje hacia la Troika.
Sabemos que han vaciado las arcas del Estado.
Sabemos que la solución solo pasa por cambiar el rumbo.
Tenemos que volcar nuestros esfuerzos en encontrar cómo financiar este cambio de rumbo.
Es por esto que debemos cambiar nuestra actitud hacia las instituciones europeas, de forma dialogante pero firme.
No queremos un rescate, no queremos una deuda que nos hace esclavos, queremos un Nuremberg financiero y un plan de inversión y regeneración económica para PYMEs y personas.
Estamos en condiciones de exigirlo y si los gobiernos no lo han hecho con la suficiente contundencia es porque no defienden los intereses de la ciudadanía sino los de las élites financieras, que verían así desviado el flujo de dinero a la economía productiva y no a mantener a flote, cueste lo que cueste, su tren de vida.
Las inversiones necesitan un ambiente de confianza.
Por esta razón se necesita la confianza a nivel internacional hacia las personas que vivimos en el Estado español, la confianza que ninguno de nuestros gobiernos ha sabido darnos.
Una razón más de los ciudadanos para organizarse.
La ciudadanía en su conjunto es solvente, capaz, preparada y emprendedora.
Se puede invertir en nosotros.
Cambiar un modelo productivo obsoleto y relanzar sectores que han sido desmantelados, pero que son fundamentales para nuestra economía, es crear miles de empleos y PYMEs.
Para esto necesitamos romper monopolios y favorecer radicalmente un régimen de PYMEs y cooperación mutua basado en la ética, la colaboración y la sostenibilidad.
En este sentido lanzamos 5 líneas de cambio por las que vamos a luchar y que ya están en marcha.
1 – Somos vanguardia en sociedad del conocimiento
2 – Democracia como modelo productivo
3 – Economía del bien común
4 – El vivir bien como modelo productivo
5 – Revalorizar y reconvertir los sectores tradicionales como modelo productivo
[Para todos los detalles, lee la versión integra del Plan de Emergencia contra la Crisis]
Todos y cada uno de nosotros podemos ser parte de la solución si, en lugar de que se nos pongan todo tipo de impedimentos, se establecen las condiciones en las que podamos poner en acción nuestra capacidad de emprender solos o con otras personas.
Una vez más la solución es el control democrático por parte de la ciudadanía.
Ingredientes
Equilibrio entre estos cuatro elementos:
- El Individuo, facilitando sus habilidades y capacidad de emprender.
- Los Grupos, facilitando las capacidades de las personas de federar competencias, fuerzas y habilidades para construir en conjunto.
- El Bien común, o necesidades básicas y oportunidades de partida de todos, sin los cuales no podemos existir como sociedad: educación e I+D+I, sanidad, justicia, energía, vivienda, transportes, sociedad de la información, sostenibilidad medioambiental….
- El Estado bajo control ciudadano, como garante de los límites de convivencia para el bien común.
Debemos poder vivir como ciudadanos libres y autónomos en la plenitud de nuestro desarrollo, cooperando y manteniendo los bienes comunes dentro de los límites que nos hemos dado como sociedad.
Emergencia
¿Cómo crear las condiciones para salir del pozo?
Inversión para aumentar el PIB y permitir el consumo y la circulación de bienes (particularmente difícil, ya que los anteriores gobiernos se lo han llevado absolutamente todo, pero indispensable; en este Plan explicaremos como es posible, sin tener que ser esclavos de la Troika).
Distribución corrigiendo los mecanismos de asignación en el mercado que fuerzan una distribución de la renta que favorece cada vez más a las rentas más altas (monopolios y oligopolios abusivos en servicios imprescindibles, intereses de la deuda crecientes, oligopolio financiero…).
Redistribución de los gastos racionalizándolos y eliminando la corrupción, el despilfarro y las deudas ilegítimas (estamos viviendo bajo un chantaje que no debemos aceptar más).
Contribución justa y no abusiva al bien común, correspondida por retornos de calidad.
Solución: Cambio en profundidad de modelo productivo
Podemos emprender un futuro totalmente nuevo. Tenemos la fuerza y la capacidad. Debemos recuperar la dignidad y no ceder nunca más al chantaje y a los abusos.
Han desmantelado nuestra economía productiva, cambiándola por una economía de servidumbre.
Nunca más.
#NoEsUnaCrisisEsUnaEstafa
Debe incluir un id o clave de campo en el shortcode de su gráfica.
Llevamos décadas asistiendo abiertamente a una estafa programada, planificada y ejecutada por los mismos causantes de la crisis. Esta estafa sale a la luz en 2008 con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Seguir premiando a los responsables que nos han llevado a esta situación y castigar más aún a los que la sufren son los principales lastres para salir de este pozo.
Una sociedad sin Democracia y Punto será siempre una sociedad en la que los ciudadanos estaremos desprotegidos y seremos incapaces de controlar nuestros propios recursos.
El alto precio que estamos pagando en nombre de la crisis es consecuencia de los graves déficits democráticos del Estado. Un Estado con mecanismos de control y de participación democráticos efectivos hubiesen podido frenar, limitar o incluso anular el sometimiento y la connivencia de las élites gobernantes con intereses privados y de la economía financiera.
Esta situación, crítica para todos, dramática ya para muchos, nos enfrenta a un doble desafío:
1. Reaccionar urgentemente estableciendo medidas efectivas para paliar la crisis que afecta a la población, así como relanzar nuestras capacidades de emprender, las de todos y cada uno de nosotros, y nuestras posibilidades de prosperar justa y dignamente como sociedad y como personas.
2. Asentar los mecanismos de control y participación democrática capaces de impedir que los procesos y situaciones que nos han traído hasta aquí puedan volver a repetirse. Nunca más.
DERECHO A EMPRENDER INDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE
#DerechoAEmprenderNuestraSalidaDeLaCrisis
Los Gobiernos han sido incapaces de velar por los intereses de la sociedad en su conjunto. Solo han velado por SUS propios intereses.
En esta situación, los ciudadanos no disponemos más que de nuestra capacidad de emprender una salida de la crisis donde nadie se quede fuera, emprender el camino hacia una Democracia Económica en la que el Estado y la economía estén al servicio del país y de sus ciudadanos y no al revés.
Disponemos de la capacidad y los sueños de la sociedad más reactiva y mejor formada de la historia.
Solo disponemos de esto y con esto lo haremos.
Vamos a sentar las bases de un nuevo modelo productivo y una nueva especialización económica regional dentro de la UE y además, creando los mecanismos necesarios para asegurar la vía de retorno a los que han tenido que irse.
Ha quedado demostrado que nuestros propios Gobiernos han ninguneado y rebajado el valor y la capacidad que tiene el Estado español dentro del proyecto económico europeo, aceptando condiciones de país colonizado, vendiendo a precio de saldo nuestra capacidad emprendedora en una política corrupta de pan para ellos hoy y hambre para todos los demás mañana.
Somos perfectamente conscientes de la magnitud del saqueo. Pero hay algo con lo que podemos contar para salir del pozo es:
– Nuestra iniciativa, nuestra inventiva y nuestra capacidad de emprender como ciudadanos, como individuos y organizándonos en conjuntos humanos que persiguen unos objetivos.
– La capacidad de utilizar nuestra soberanía para negociar políticas europeas comunes en beneficio de la ciudadanía, y no de los bancos y de la clase política connivente.
Democracia Económica en Europa.Ahora nos toca a los ciudadanos tomar la palabra para conseguir un espacio europeo de posibilidades y justicia, y no de explotación y penuria para las personas.
NO QUEREMOS UN RESCATE, NO QUEREMOS UNA DEUDA QUE NOS HACE ESCLAVOS.
QUEREMOS QUE SE JUZGUE A LOS CULPABLES DE LA CRISIS Y UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA CIUDADANÍA (Un «Núremberg Financiero» y un «Plan de reactivación económica basada en la inversión pública» adaptado al siglo XXI, un estímulo necesario para la reconstrucción de una Europa en ruinas).
Un gran plan de acción para emprender líneas de intervención estratégica que generen empleo y actividad en áreas clave de un nuevo modelo productivo adecuado al siglo XXI.
Los sucesivos gobiernos españoles han apostado decididamente por la UE, sobre todo por los grandes poderes financieros europeos que mantienen a las élites de gobierno. Han apostado por la UE incluso contra los intereses de la propia población, que es quien ha sostenido y soportado los procesos de austeridad y recortes exigidos. Creemos que ha llegado el momento en que la UE debe hacer una apuesta decidida por nuestra sociedad.
Es necesario repensar y renegociar nuestra situación en la UE desde una posición de dignidad, hasta las últimas consecuencias. Repensar el papel de la UE y de los socios europeos en el proyecto de construcción de un país para salir de la crisis.
La suma del PIB español más el de Italia iguala el PIB alemán. Nuestra voz y nuestros derechos, incluidos los de ámbito económico, han de hacerse oír con fuerza y claridad. El Estado español se ha comportado como un Estado periférico y vasallo, ya que sus gobernantes no defienden los intereses de la población sino los suyos propios y los de las élites financieras internacionales. En realidad nuestro peso específico dentro de Europa tiene toda la potencialidad para defender nuestras necesidades hasta las últimas consecuencias, pero no es aprovechado por quienes deberían representarnos, volcados solo en cubrir intereses y privilegios, y no en defender nuestros derechos para crecer y prosperar.
#PYMEs
Las PYMES se deben proteger porque es donde se crea empleo
Las PyMEs representan en nuestro país el 99,88 % de las empresas. Su contribución al empleo (75,6 %) se sitúa ocho puntos por encima de la medida europea (67,4 %).
Son las PYMEs los sectores de la economía con mayor capacidad de generación de empleo. Debemos acompañar el tejido productivo empresarial existente en la adaptación a las nuevas condiciones de mercado y hacer posibles y sostenibles los proyectos de emprendimiento, así como hacer atractiva la inversión en estos proyectos, realizando las reformas fiscales y administrativas necesarias.
La persona física (autónomo) es la forma predominante en la constitución de PYMEs.
No obstante, el elevado coste mensual de la cuota de autónomo bloquea el emprendimiento. En una comparativa de los costes de cotización de 160 países, ordenados de menor a mayor, España se encuentra en el puesto 133. Esto hace imposible competir con esos otros países.
Uno de cada dos autónomos que se dieron de baja en 2012 en la UE lo hizo en España.
Por otra parte, nuestros sucesivos gobernantes han favorecido los monopolios y oligopolios en función de sus propios intereses, creando así condiciones de competencia insostenibles para las PYMEs y los autónomos.
MEDIDAS
– No asfixiar a los autónomos
– Una clara política antimonopolística a favor de las PYMEs y de los consumidores
– Medidas de estímulo fiscal para las empresas que cumplan con criterios de calidad en la contratación y la remuneración
– Evitar el ahogo financiero de las PYMEs y los emprendimientos y facilitar la tramitación
– Eliminar las ayudas a grandes empresas
– Transformación de las instituciones de gestión de derechos y patentes en España.
– Más y mejor vigilancia de la competencia
– Regulación de la financiación de proximidad
– Facilitar las figuras del capital emprendedor y del Business Angel (socio financiero en nuevos emprendimientos)
– Apoyo al cooperativismo como figura generadora de empleo
#EMPLEO
No queremos pagar para trabajar
El desempleo es uno de los principales problemas que enfrenta el Estado Español. España tiene más de 6 millones de desempleados y ha alcanzado una tasa de paro del 26,8% (datos Eurostat abril 2013).
Tenemos históricamente una cifra de paro mucho más alta que otros países de nuestro entorno.
En España los parados de larga duración representan la mitad del total de desempleados. De los parados de larga duración, el 26 % tiene menos de 26 años y el 21 % tiene más de 50.
España es el segundo país de la UE con más trabajadores con contrato temporal, un 24,9 % de los contratos.
En este contexto, no tiene cabida plantear medidas como el retraso de la edad de jubilación o la ampliación de la jornada laboral, sino todo lo contrario, un mejor reparto del trabajo.
Por otra parte, en el contexto de una Democracia Económica y del Derecho a Emprender, un trabajador debe tener condiciones dignas de trabajo para poder ahorrar y tener posibilidades de emprender y, al mismo tiempo, estas condiciones no deben ser un lastre para las empresas que le contraten.
Pensamos que las relaciones entre las personas promotoras de una empresa y las personas que trabajan en ella han de ser revisadas bajo el prisma de la colaboración recíproca.
MEDIDAS:
– Cambiar el modelo productivo
– Reforma del régimen de autónomos
– Reducir la concatenación de contratos temporales
– Salario Máximo intra-empresarial
– Mantener las indemnizaciones por despido improcedente
– Fomento de incentivos salariales ligados a la productividad y los beneficios empresariales, que no mermen la calidad del salario
– Bolsa de cotización personal
– Revisión de las últimas reformas en la regulación laboral
– Apoyo al cooperativismo como figura generadora de empleo
#BANCA
Control estricto de la banca
La deficiente regulación y la mala praxis bancaria, consentidas por los gobiernos, han sido factores clave en esta crisis de la que paga los platos rotos la ciudadanía mientras se rescata a bancos y banqueros.
Los agentes financieros y bancarios, con el consentimiento de los responsables públicos, han utilizado irresponsablemente sus competencias y han tomado riesgos inasumibles con el fin de multiplicar su beneficio personal. Esto podría ser asunto suyo si no fuera porque se han practicado modificaciones legislativas con el objetivo de socializar los daños de estas malas praxis.
A cambio de esta connivencia, las entidades financieras han costeado un sinfín de obras públicas faraónicas e inútiles, inmensas bolsas de corrupción, fraude y clientelismo.
A esto se sumaba una mala práctica recurrente y absolutamente legal: la de permitir que los bancos fuesen accionistas, es decir propietarios de facto de grandes empresas de las que eran, además, acreedores.
El desvío de crédito de los bancos a sus propias empresas insolventes ha repercutido negativamente en la capacidad de financiación de las PYMEs. De esta forma, cientos de empresas solventes han sido apartadas del crédito, provocando problemas que van desde la falta de producción al cierre.
Por otro lado, este tipo de operaciones se ha llevado a cabo con la anuencia de los reguladores, como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En este caso, de nuevo, la vinculación de los miembros de estos órganos con los diversos partidos políticos no debe pasarse por alto.
El beneficio privado de las élites financieras (y, a menudo, políticas) se está costeando con dinero público.
Así mismo, la fusión de cajas impuesta por la UE incrementa el número de actores que, por su tamaño, representan un riesgo sistémico. Este tipo de fusiones nos expone a quiebras con un impacto sistémico, imposibilitando que los bancos mal gestionados quiebren con normalidad como cualquier otra empresa.
A pesar de haber permitido y fomentado este peligro sistémico, los gobiernos no han hecho nada para impedir la irresponsabilidad en el sector bancario con el que están estrictamente vinculados en una descarada relación de puertas giratorias.
MEDIDAS
– Velar por la independencia del poder político frente al poder financiero.
– Transformación de las entidades rescatadas en entidades públicas con reglas estrictas para sus gestores y sobre sus operaciones, operando en absoluta transparencia.
– Reforma de la regulación bancaria para imponer medidas estrictas de control y transparencia a las entidades crediticias y financieras.
– Reformular los objetivos de los Bancos Centrales, tanto Español como Europeo.
– Asegurar la protección del cliente bancario, sea este ahorrador o prestatario.
– Regulación de salarios y/o incentivación de objetivos a medio-largo plazo en la actividad bancaria, frente a la actual desregulación salarial y la valoración de resultados a corto plazo.
– Promoción de la banca de proximidad, Banca Ética, cooperativa y responsable.
– Implementar un fondo especial con contribuciones de los grandes bancos para cubrir los costes de liquidación.
– Separar la banca comercial de la de inversión.
– Normalizar las microfinanzas como herramienta para salir de la crisis.
– Creación de entidades bancarias con mayor control por parte de sus clientes (cliente/socio – cliente/accionista) y responsabilidad pública. Proximidad contra el proyecto monopolístico de la Unión Europea.
– Normalizar las monedas alternativas y el intercambio como herramienta para salir de la crisis.
#ADMINISTRACIÓN
Bajo control ciudadano. Stop corrupción
Transparencia y eficiencia en la gestión pública
En contra de algunas ideas generalizadas en la opinión pública, el Estado español no tiene una administración pública sobredimensionada en cómputo total. En número de funcionarios, está en la media de Europa con un funcionario por cada 18,02 habitantes. Una vez señalado que el problema no está en el tamaño de la administración, es preciso indicar que la administración pública tiene problemas en tres ámbitos: en la eficacia y rapidez de la gestión, en la transparencia y en cómo se distribuye el gasto. Aquí es donde se han de acometer reformas en profundidad.
El 39,5% de los funcionarios públicos está dedicado a la sanidad y la educación, el 20,07% trabaja en ayuntamientos y el 22,2% está adscrito a la administración pública estatal (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Ministerios, Agencia Tributaria, prisiones, etc.), según datos de 2013.
En cuanto a la organización de la administración, en España está dividida básicamente en cuatro ámbitos: estatal, comunidades autónomas, provincias y entidades locales. El 22,2% de los empleados públicos depende del Estado, el 50,7% depende de las comunidades autónomas (que poseen las competencias en sanidad y educación), el 21,3% está destinado a la administración local provincial y de cabildos insulares. El resto, el 5,8% estaría destinado a las universidades. Hay que señalar también que casi el 40 % de los empleados públicos no tiene plaza en propiedad.
Como ya indicamos en el Anexo de nuestro programa Democracia y Punto “Obligaciones de los gobiernos y de los ciudadanos representantes de la ciudadanía. Erradicar la corrupción”, donde hay que practicar el recorte más radical es en los privilegios de los representantes de la ciudadanía y en los altos cargos, equiparando su condición a la de cualquier ciudadano medio (véase en detalle el apartado “No más privilegios para políticos”).
En cuanto al reparto de los fondos públicos, la mayoría de los ciudadanos consideramos que Defensa y Obras Públicas en proyectos faraónicos, superfluos y no sostenibles, captan demasiados fondos, mientras que Seguridad Social/Pensiones y Vivienda tienen muy pocos recursos.
En general, los ciudadanos requerimos una revisión periódica del cumplimiento de objetivos tanto programáticos como presupuestarios y que el incumplimiento conlleve sanciones.
La adjudicación de obras públicas ha sido el gran coladero de la corrupción. La modificación del sistema de adjudicación es la única forma de parar este coladero. La transparencia en la adjudicación de contratos públicos debe ser garantizada por ley aumentándose la vigilancia y las penas por delitos contra la hacienda pública, y persiguiéndose las estafas recurrentes como el fraccionamiento de contratas o la filtración de condiciones de concursos públicos a determinadas empresas. En este ámbito hay que aplicar políticas claramente antimonopolísticas.
La transparencia es otro de los pilares básicos de una política de administraciones públicas acorde a los tiempos y las necesidades ciudadanas. Como ya apuntamos en el programa Democracia y Punto, la transparencia en la gestión pública no puede ser opcional.
Por otra parte, la Ley 53/1984 del 26 de diciembre establece una tabla de incompatibilidades para los funcionarios públicos destinadas a que estas personas no puedan compaginar dos o más puestos en los que pudieran darse conflictos de intereses o en los que pueda utilizarse una posición de ventaja para favorecer determinados intereses privados. Sin embargo, estas incompatibilidades se especifican durante el tiempo en el que un cargo público ejerce sus funciones, y no con respecto al futuro. Este es el gran problema de las llamadas “puertas giratorias”. Aunque establezcamos que los altos funcionarios y políticos, mientras están en su puesto público, solo reciban retribuciones de él, es al abandonar sus cargos cuando utilizan sus influencias públicas para intereses privados.
Es necesario que la ley de incompatibilidades sea mucho más restrictiva con las puertas giratorias entre el sector público y privado, contemplando la incompatibilidad de un cargo con otro puesto en el sector privado en el futuro, con un determinado plazo de años. Además se debe acomodar el sistema de libre designación al procedimiento concursal para plazas funcionariales.
La Ley 3/2004 establece que la Administración Pública debe pagar en el plazo de los 60 días y que el interés de demora será el establecido en la Ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad.
Sin embargo esta ley es frecuentemente incumplida por parte de la Administración, que se ha llegado a convertir en el sector que paga con más retrasos. Esta situación está conllevando un ahogo financiero a las empresas proveedoras de bienes y servicios, además de un gran incremento sobre los precios de mercados, puesto que la administración debe pagar intereses de demora.
#CORRUPCIÓNYFRAUDE
Es el grifo del malgobierno. Podemos acabar con él
Depuración de responsabilidades: Nuremberg financiero
Los responsables de esta estafa que llaman crisis tienen nombres y apellidos. Por acción y omisión han contribuido a una estafa orquestada de la que, además, se han beneficiado económicamente.
“Lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar”
Proverbio chino.
Lo primero que hay que hacer para salir de la crisis es dejar de premiar a los responsables que nos han llevado a esta situación.
Porque no es una crisis; es una estafa.
Se ha producido en España un espantoso deterioro en la distribución de riqueza que ha ahogado económicamente a los ciudadanos. Mientras las grandes fortunas se disparaban, el resto de los ciudadanos se ahogaban por falta de acceso al empleo o al crédito. En muy pocos casos este enriquecimiento ha sido producto de la capacidad emprendedora; en la mayoría de los casos ha sido ilícito, y solo ha sido posible con la connivencia de gobiernos corruptos.
Durante las dos últimas décadas los gobernantes pusieron las reglas que pedían los grandes especuladores; los especuladores jugaron y ganaron mucho; hasta que perdieron y ahora los políticos han creado las condiciones para que la ciudadanía pague estas pérdidas que no le corresponden.
Hay personas que creen que hemos sido irresponsables, y posiblemente así habrá sido en algunos casos. En ningún caso comparables con las responsabilidades de los causantes de la crisis y de sus complices políticos.
Llevamos 5 años de crisis desde que estalló la burbuja de la estafa inmobiliaria y en ese tiempo todos hemos pagado:
– Las familias y las personas han pagado con loque tenían, con sus casas, y algunos con sus vidas.
– Los trabajadores han pagado con sus nóminas, sus derechos y, muchos, con su empleo.
– Las PYMEs han pagado desapareciendo.
– Los ahorradores han pagado perdiéndolo todo (preferentes, etc.).
– Los menos pudientes han pagado con su sustento y la pobreza hace estragos
Todos hemos pagado, todos menos…
…los tramposos, los jugadores de ventaja, los grandes especuladores y los gobernantes que han creado y mantenido irresponsablemente la burbuja inmobiliaria y financiera, cuyos riesgos ahora nos obligan a asumir. Ellos son los únicos que faltan por pagar. Y no solo eso: en vez de ser juzgados están siendo premiados por los gobernantes a los que mantienen.
La Red Ciudadana Partido X invita a todos ellos a “arrimar el hombro” y “apretarse el cinturón”, tal y como sucede en otros países, donde los super ricos no solo lo entienden sino que lo piden.
Por otra parte, ya solo la lucha contra el fraude reportará ingresos. Según Gestha Catalunya, en mayo de 2012 el fraude es del 23% del PIB, unos 240 000 millones. De este dinero, el 72 % corresponde a grandes fortunas. Solamente la reducción del fraude fiscal cometido por grandes empresas reportaría al Estado unos ingresos de 30.000 millones de euros. Por poner un ejemplo de la magnitud de este fraude, esto equivaldría a más de 70 millones y medio de subsidios a personas “discriminadas por la crisis”, casi 6 millones de subsidios durante un año.
Por otra parte, la fuga de capitales es inevitable en un país con un gobierno corrupto que no da ninguna garantía de estabilidad para las inversiones. Lo primero que hay que hacer para evitar la fuga de capitales es acabar con estos gobiernos corruptos.
Dicho todo esto pueden aparecer sesudos economistas con alguna teoría que diga “es irrelevante” o “es contraproducente”. Explicaremos en las siguientes páginas porqué esto no es así. Y por si todo lo aquí expuesto no fuera suficiente, vamos a decirles una sola cosa:
es lo justo.
Que las grandes fortunas de la especulación inmobiliaria, financiera y del fraude fiscal, así como los políticos que les han ayudado y auspiciado, paguen también; que reviertan en la sociedad una parte de las ganancias obtenidas a su costa.
MEDIDAS
– Depuración de responsabilidades: Núremberg financiero
– Legislar en materia financiera para poder acorralar a los grandes defraudadores.
– Creación de una Oficina Nacional Anticorrupción bajo control ciudadano
– Luchar contra el fraude genera ingresos para las arcas del Estado.
– Dificultar la fuga de capitales y penalizar la inversión desde paraísos fiscales.
– Regulación del número máximo de consejos de administración en los que puede participar una misma persona física en empresas con muchos ingresos.
[1] Una nota aparte sobre los grandes especuladores y sus amigos políticos.
#DEUDA
No pagaremos la deuda privada de los bancos
¿Qué pasa?
Desmontando lugares comunes: La inmensa mayoría de los Estados tienen deuda, ya que al igual que las empresas deben invertir para construir su futuro
El problema no es la existencia de deuda, sino la estafa que suponen los modos actuales por los que se genera y el tamaño que ha alcanzado debido a que se han socializado masivamente las deudas privadas de los bancos.
El gasto público del Estado se ha reducido en un 2,1 %, pero esto no sirve porque al mismo tiempo hemos aumentado nuestros gastos un 8,4 % debido a la corrupción, los rescates bancarios, el abono de los intereses de la deuda (que seguirán creciendo) y el pago a oligopolios energéticos.
Para evitar los ataques especulativos que hacen subir la prima de riesgo convirtiendo la deuda en impagable, dicha deuda debe ser respaldada por una política fiable que genere confianza para la inversión, evitando el despilfarro y la corrupción.
Somos partidarios de pagar las deudas legítimamente contraídas, pero aquí se han sumado a la cuenta muchos gastos que no nos corresponden. Gastos para mantener unos privilegios que no hemos elegido, ni aceptado.
Gran parte de la actual deuda pública se ha generado mediante dos mecanismos ilegítimos que rompen la legalidad vigente: la conversión del patrimonio común en subsidiario del expolio producido y, al mismo tiempo, el amparo a los responsables del mismo.
Por otra parte, existen empresas que no han cumplido. Quienes más deuda tienen no somos las personas, ni las familias, ni las PYMEs sino las grandes empresas del IBEX35 (28 empresas tienen el 50 % de la deuda privada).
Al sistema financiero se le rescata, a las personas no.
Qué vamos a hacer
1 – Reducir el gasto público de un modo equilibrado y justo, diferente al que se ha venido haciendo por parte de los gobiernos que han desmantelado las mismas estructuras de la sociedad.
2 – Auditar las cuentas de la deuda que se ha generado para saber qué debemos y a quién, en qué condiciones se ha contraído esa deuda y explorar nuevos métodos para satisfacer lo que, tras este análisis, tengamos que pagar.
3 – Cambiar firmemente nuestra actitud en las relaciones con la UE.
MEDIDAS
– Lucha contra la corrupción y el clientelismo
– Las entidades rescatadas serán públicas y quedarán bajo control democrático ciudadano
– Auditoría de la deuda bajo control ciudadano
– Derogación de la reforma constitucional del Artículo 135 sobre déficit.
– Separación analítica de la deuda de familias y PYMEs de la deuda de grandes empresas
– Mejora de las condiciones de quiebra para las familias endeudadas por necesidad
– Revocación del MoU y MEDE
– Reducción de la deuda mediante la revisión de las partidas de gasto
– Moratoria sobre el límite del 3% de déficit de la Unión Europea hasta que la economía se recupere
#CONTRIBUCIONES
Queremos contribuir al común, no pagar un estado que saquea
Un proyecto de contribuciones para mantener el bien común no debe asfixiar. Debe contribuir a un reparto equitativo y justo de los esfuerzos necesarios para proteger los bienes comunes y acometer la salida de la crisis, teniendo sobre todo en cuenta los sectores que más se han beneficiado de ella o que directamente la han causado.
La desigualdad ha aumentado 3 puntos desde el inicio de la crisis. La brecha entre el 20% de personas más ricas y el 20% de las más pobres ha crecido hasta situar al Estado español como cuarto país más desigual de la Zona Euro, solo superado por Letonia, Rumanía y Lituania.
En este contexto, la fuga de grandes capitales no para de aumentar.
La tendencia a tasar principalmente a las rentas del trabajo ha creado grandes brechas y estancamiento de capital productivo.
En el estado español, tal como está planteada la fiscalidad, los impuestos dañan mucho y sirven de poco: los impuestos lastran la capacidad de emprendimiento y en una proporción apreciable acaban costeando gastos absurdos e ineficientes.
Con este tipo de sistema fiscal se está bloqueando la capacidad de emprender. A eso se le suma el fraude fiscal.
Para atraer inversiones hay que garantizar 3 cosas: rentabilidad, seguridad para las inversiones y una fiscalidad razonable. Mientras que no seamos capaces de ofrecer las dos primeras seguiremos teniendo grandes fugas de capital. Por ello es necesario vincular la reforma tributaria a la recuperación económica general del país.
MEDIDAS
1ª fase:
– Revisión de la política de gasto.
2ª fase:
– Revisión del actual régimen de exenciones fiscales del régimen de IRPF y rentas del capital.
– Tasas a patrimonios, donaciones y sucesiones por encima de una cierta cifra.
– Revisión del IBI: no tasar las primeras viviendas en uso y terrenos en uso de subsistencia; penalizar las viviendas y terrenos en desuso.
– Impulso de un nuevo marco de relaciones europeas. Revisión comunitaria del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.
– Eliminación del IRPF a las decilas inferiores hasta 25.000 euros.
– Incentivos a la inversión y al consumo de proximidad.
– Tasas a los movimientos especulativos financieros y aumento de la presión fiscal sobre este tipo de operaciones.
Aportaciones no incluidas en Contribuciones y por qué:
– Pese a que la ponderación abierta situó la medida «Tasas a los movimientos especulativos financieros y aumento de la presión fiscal sobre este tipo de operaciones» en primer lugar, se ha decidido mantenerla en último lugar como en el borrador ya que esta medida solo sería realmente funcional de aplicarse a escala internacional y este es un programa de mínimos de ámbito estatal.
CAMBIO DEL MODELO PRODUCTIVODEMOCRACIA ECONÓMICA: DERECHO A EMPRENDER
DERECHO DE LOS CIUDADANOS A VIVIR BIEN Y CAMBIO DEL MODELO PRODUCTIVO EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
El modelo productivo no está adaptado a la realidad del siglo XXI.
Se necesita un cambio radical en la política económica y productiva para que deje de estar estrangulada por las políticas de austeridad, por una fiscalidad orientada al expolio y por el pago de una deuda ilegítima que es un sinsentido.
Democracia Económica es Derecho a Emprender un nuevo proyecto de sociedad, en el que nadie se quede fuera y en el que partamos de nuestro principal activo, las generaciones más formadas y preparadas de la historia de modo que se pongan manos a la obra para lanzar esta nueva vía que pueda crear trabajo de verdad.
Debemos alimentar la capacidad de emprender de las personas para que puedan alcanzar sus metas. Someterlas a condiciones de precariedad laboral y financiera les impide desarrollar su potencial y supone un lastre para sociedad en su conjunto.
Todo el mundo debe y puede tener oportunidades, no solo unos pocos.
Vamos a utilizar el talento y los recursos de nuestra sociedad para emprender el camino de una sociedad de conocimiento, de una democracia bajo control ciudadano y del desarrollo apegado al vivir bien de la ciudadanía.
Planteamos un equilibrio entre las capacidades y aspiraciones individuales, nuestra capacidad de organizarnos para actuar en conjunto y la preservación de los bienes comunes, con un Estado bajo control ciudadano como facilitador garante y no como competidor, usurero y depredador.
DERECHO A EMPRENDER es poner en marcha la capacidad individual y colectiva de desbloquear la situación política y económica actual.
DERECHO A EMPRENDER es un cambio profundo en la política económica, y productiva.
DERECHO A EMPRENDER es /desarrollarnos/mejorar/avanzar como personas y como sociedad.
DERECHO A EMPRENDER es poner primero a la personas.
Porque la solución al problema del paro no es tener cada vez más trabajos peores, sino garantizar las condiciones en que las que pueda desarrollarse la enorme capacidad humana que tenemos.
DERECHO A EMPRENDER es invertir en la generación más formada de la historia para que cree un nuevo modelo productivo.
DERECHO A EMPRENDER son soluciones para poner en marcha nuevos sectores estratégicos.
DERECHO A EMPRENDER es reposicionar la situación de España en Europa y en el mundo.
DERECHO DE LOS CIUDADANOS A VIVIR BIEN EN UNA ECONOMÍA ORIENTADA AL BIEN COMÚN
El derecho a vivir bien de la ciudadanía está ligado al desarrollo de las capacidades y la vitalidad de la sociedad civil. En esto consiste la Democracia Económica.
Es el reconocimiento del valor de las capacidades y es crear oportunidades para desarrollarlas.
Vivir bien es garantizar que ninguna persona se quede fuera de la posibilidad de emprender un nuevo proyecto de vida, formarse y trabajar en función de sus deseos y capacidades.
Vivir bien es que ninguna persona tenga que trabajar por debajo de su cualificación, sea esta la que sea.
Vivir bien es también derecho a la felicidad individual y colectiva, es defender lo común y lo individual, en equilibrio y de forma sostenible.
Se trata pues de poner en marcha un gran cambio de dirección.
Sabemos que los gobiernos anteriores han destruido el tejido productivo en una política de vasallaje hacia la Troika.
Sabemos que han vaciado las arcas del Estado.
Sabemos que la solución solo pasa por cambiar el rumbo.
Tenemos que volcar nuestros esfuerzos en encontrar cómo financiar este cambio de rumbo.
Es por esto que debemos cambiar nuestra actitud hacia las instituciones europeas, de forma dialogante pero firme.
No queremos un rescate, no queremos una deuda que nos hace esclavos, queremos un Nuremberg financiero y un plan de inversión y regeneración económica para PYMEs y personas.
Estamos en condiciones de exigirlo y si los gobiernos no lo han hecho con la suficiente contundencia es porque no defienden los intereses de la ciudadanía sino los de las élites financieras, que verían así desviado el flujo de dinero a la economía productiva y no a mantener a flote, cueste lo que cueste, su tren de vida.
Las inversiones necesitan un ambiente de confianza.
Por esta razón se necesita la confianza a nivel internacional hacia las personas que vivimos en el Estado español, la confianza que ninguno de nuestros gobiernos ha sabido darnos.
Una razón más de los ciudadanos para organizarse.
La ciudadanía en su conjunto es solvente, capaz, preparada y emprendedora.
Se puede invertir en nosotros.
Cambiar un modelo productivo obsoleto y relanzar sectores que han sido desmantelados, pero que son fundamentales para nuestra economía, es crear miles de empleos y PYMEs.
Para esto necesitamos romper monopolios y favorecer radicalmente un régimen de PYMEs y cooperación mutua basado en la ética, la colaboración y la sostenibilidad.
En este sentido lanzamos 5 líneas de cambio por las que vamos a luchar y que ya están en marcha.
1 – Somos vanguardia en sociedad del conocimiento
2 – Democracia como modelo productivo
3 – Economía del bien común
4 – El vivir bien como modelo productivo
5 – Revalorizar y reconvertir los sectores tradicionales como modelo productivo
[Para todos los detalles, lee la versión integra del Plan de Emergencia contra la Crisis]