«El fraude fiscal y la evasión de capitales de las multinacionales han minado la confianza de los ciudadanos en el sistema y es responsabilidad de los líderes políticos restablecer el orden.»
Mientras en la cumbre de ministros del G20 se hacía este llamamiento a actuar contra el fraude fiscal y la evasión de las multinacionales [1], las negociaciones de los tratados de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA) y la Unión Europea y los EE.UU. (TTIP) avanzan en dirección totalmente contraria, hacia una mayor opacidad y desregulación del mercado financiero.
Tras concluir en Otawa (Canadá) las negociaciones del CETA y comienzan en los Estados Unidos la séptima ronda de negociaciones del TTIP. Ambas negociaciones se vienen llevando a cabo a puerta cerrada, con un elevado grado de secretismo y pretenden otorgar a las mismas multinacionales que «han minado la confianza de los ciudadanos en el sistema» un poder mucho mayor del que ya tienen, haciendo prácticamente imposible en el futuro cualquier acción de gobierno que contravenga su «derecho» a obtener beneficios a cualquier precio, incluyendo la regulación sobre el control de los flujos financieros que el G-20 se plantea conseguir.
No olvidamos que tanto el grupo parlamentario Socialdemócrata como el Partido Popular Europeo, con los votos favorables de la coalición encubierta #PPSOE, votaron a favor de comenzar las negociaciones por el TTIP en mayo de 2013, en una resolución cuyo texto incluía recomendaciones que atacan directamente la soberanía de los Estados y los principios fundamentales de la democracia. [2]
No olvidamos y sabemos que la presión de la sociedad civil organizada sobre las instituciones europeas puede y debe continuar hasta paralizar las negociaciones. Es por eso que desde el Partido X seguiremos vigilando, informando y participando en el desarrollo y amplificación de las campañas de lucha animando a todos a uniros a ellas porque Solo la ciudadanía puede pararlos.
[1] El G20 hace frente a los excesos fiscales
[2] Resolución del Parlamento Europeo del 23 de mayo de 2013 que incluye recomendaciones como la inclusión en el acuerdo de mecanismos de Resolución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés) y la adopción de medidas de «convergencia regulatoria»
Detalle de la votación
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