El colapso de la sanidad pública durante la crisis del coronavirus a causa de los recortes ha sido objeto de debate en el Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.

Más allá de discursos partidistas de políticos o de algunas de sus plataformas satélites, como siempre decimos, el diablo está en los detalles. Afortunadamente no hace falta un gran esfuerzo para llegar al detalle ya que grupos como la Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad y muchas otras organizaciones de la sociedad civil han hecho ya ese trabajo. Esto que escribimos a continuación es un intento de hacer un resumen de lo que la sociadad civil organizada lleva años diciendo.

El proceso de deterioro del sistema sanitario español empieza con su privatización en los 90. Los recortes que llegaron a partir del 2008 son solo la segunda fase del desmantelamiento del sistema sanitario. Si queremos ir a la raíz del problema no solo tenemos que frenar los recortes. También -y sobre todo- la privatización. Cómo en otras muchas ocasiones el PSOE forzó la puerta y el PP saqueó la casa.
La transferencia de competencias sanitarias a las autonomías nos proporciona 17 experimentos perfectos para comprobar la raíz del problema:
País Vasco, Navarra y Asturias son las que tienen menos procesos de privatización en marcha y donde el sistema sanitario ha aguantado mejor.
Madrid* y Cataluña** son las autonomías con una sanidad pública más invadida por empresas privadas y también los lugares donde el sistema sanitario ha colapsado más dramáticamente.

La depredación de la sanidad pública por parte de empresas privadas se apoya en dos estafas legalizadas:

• • • • • • • La Ley 15/97 de «nuevas formas de gestión» del Sistema Nacional de Salud. Eufemismo para referirse, grosso modo, a la gestión privada de hospitales públicos, concesiones de hospitales a empresas privadas, etc
            • Artículo 90 de la Ley General de Sanidad. Es la ley que posibilita, muy en resumen, los «conciertos» público-privados. Es decir que la sanidad pública contrate (desvíe fondos) a empresas privadas.

El Roto

La derogación de estas dos leyes privatizadoras son la clave para comenzar a revertir el deterioro de la sanidad pública. Su derogación no es suficiente e invitamos a completar este post con más medidas urgentes, pero sin la derogacion de estas leyes las conclusiones de esta comisión son solo un campo de batalla más entre partidos para sacar rédito electoral y no un instrumento para evitar nuevos colapsos sanitarios.

Gracias a estas dos leyes en el año 2018 se dedicaron más de 8.000 millones de dinero público a conciertos privados. Está claro que dedicar más dinero público a la sanidad pública no frenará su deterioro mientras estás leyes privatizadoras no se deroguen. Quizás incluso Ayuso estará de acuerdo en hacerlo tras el coronavirus.

Esa «inversión» de 8.000 millones en sanidad privada no sirvió de nada durante la pandemia. Los objetivos de la sanidad privada son conseguir beneficios, así que ante la llegada de una pandemia han cerrado plantas, han dado vacaciones a empleados…
La cacareada intervención de los centros privados por parte del Ministerio de sanidad fue una gran medida de propaganda, pero no una solución al problema. La sanidad privada no está capacitada para descargar eficientemente a la pública. El gran negocio de la sanidad privada consiste en que le deriven de la pública (cuanto más colapsada mejor) actividad quirúrgica simple y pruebas diagnósticas fáciles. Beneficios rápidos al menor coste posible. No hay sanidad privada que se pueda ocupar de una pandemia ni de nada remotamente parecido.
El principal efecto del anuncio de la intervención de la sanidad privada sí ha servido para algo. Para que ahora la patronal de la sanidad privada pueda pasar la factura y pedir más dinero público para seguir depredando la sanidad pública.

La comisión ha terminado y ahora se anunciarán grandes inversiones. Si no derogamos las leyes privatizadoras ese dinero irá a empresas privadas que lo usaran para seguir minando la sanidad pública y por lo tanto la salud de la población.
Se anunciarán planes de choque para reducir las listas de espera que tras la crisis del coronavirus son más grandes que nunca. Si no derogamos las leyes privatizadoras esos planes de choque servirán para derivar pacientes con bajo riesgo y alto beneficio a la sanidad privada y así seguir minando la sanidad pública y por lo tanto la salud de la población.
Ni rastro de la más mínima critica ni revisión de las leyes privatizadoras en las conclusiones de la Comisión y si mucho más apoyo a la colaboración público-privada. Todo el debate parece haber sido de cara a la galería.

La financiación de la sanidad pública en España está por debajo de la media europea, pero el problema principal es a dónde va ese dinero. Esto no se soluciona (solo) con más dinero. No se trata de dinero se trata de enviar un mensaje claro de derogación de las leyes privatizadoras. La invasión privada de la sanidad pública debe acabar.

Si los políticos a favor de la sanidad pública quieren mejorar la salud pública, que deroguen las leyes privatizadoras. Si los políticos a favor de la sanidad privada quieren reducir el gasto público, la comunidad sanitaria les puede explicar cómo: invirtiendo en prevención.

*El caso de Madrid es paradigmático. Hay siete hospitales más que en 2008 pero tambien 3000 camas menos y varios miles de trabajadores menos. El diablo está en los matices: el problema no es (solo) el gasto en sanidad sino la invasión de empresas privadas.

**Cataluña fue de las más precoces y la colaboración público–privada se implementa prácticamente desde el traspaso de competencias allá por el 81. Y se ha ido consolidando y potenciando con leyes anteriores a la 15/97. La LOSC de 1990 define ya claramente la separación entre las funciones de compra y de provisión de los servicios sanitarios. Su modificación de 1995 ya legaliza de forma oficiosa el ánimo de lucro en la sanidad pública.

La Administración de Justicia no proporciona información accesible a la ciudadanía sobre los casos referentes a corrupción que pasan por sus manos.

La ciudadanía de a pie, la misma que destapa la mayor parte de casos de corrupción (como el mismo Ministerio Fiscal reconoció en su Memoria Anual de 2014 [1]) hemos elaborado unos gráficos interactivos para poner negro sobre blanco esta dejadez por parte de la Administración de Justicia, tras haber recopilado y estructurado los datos parciales, discontinuos y desactualizados de la web del Ministerio Fiscal y otras fuentes oficiales sobre la corrupción política y administrativa [2].

En ellos podemos observar cómo aumentan las diligencias previas de delitos de corrupción entre 2013 y 2014 mientras las sentencias caen a cuentagotas y simultáneamente, los indultos son, en proporción por otro lado, más generosos con este tipo de delitos [3].

Notablemente en 2015 (y la mayor parte de los datos de 2013) la información no está siquiera abierta al público sino editados en un DVD no accesible [4].

Sólo a partir de 2015, tras la evidente alarma social por la corrupción y tras continuadas y decisivas denuncias judiciales ciudadanas, el Consejo General del Poder Judicial se ha aprestado a comenzar una recopilación de los presuntos o probados delitos de corrupción sometidos a la administración de justicia… [5] delitos que también pudieran estar cometiéndose contra ella misma (como por ejemplo los recientes indicios de nepotismo en ciertos nombramientos por el CGPJ [6]).

Según la RAE, de «judicializar» se trata cuando se lleva «por vía judicial un asunto que podría conducirse por otra vía, generalmente política»… ¿Generalmente?; ¿en la realidad práctica se trata siempre de vías diferenciadas o acaso exentas de corrupción ambas?; ¿no deja la academia fuera de esta definición lingüística la acción directa de la ciudadanía, es decir, la que se está demostrando decisiva y libre de la intermediación por parte de unos partidos políticos aquejados del mismo mal?

Denunciamos que la sociedad civil no dispone todavía de datos detallados para conocer cómo se está tratando el asunto de la corrupción por parte de la justicia. Mientras tanto, detrás de la mayoría de los casos destapados de corrupción se hallan ciudadanos o funcionarios de a pie [7] que la afrontaron y se animaron a denunciarlos, no las propias instituciones o los partidos políticos.
 
Partido X – Carmelo Ordóñez

 

La partitocracia está de enhorabuena: el Tribunal Supremo se lava las manos sobre financiación ilegal y reconoce la impunidad de los partidos.

Lo ha hecho con esta reciente sentencia que pone fin a uno de los contados procesos sancionadores abiertos por el Tribunal de Cuentas contra los partidos políticos en toda su historia.

En esta sentencia el Tribunal Supremo ha expresado su “extrañeza” ante el hecho de que, dentro de la Ley sobre Financiación de Partidos de 2007, los delitos relacionados con financiación ilegal NO tuvieran plazos concretos para su prescripción. Y se excusa diciendo que no puede hacer interpretaciones de una ley que no decía nada al respecto… porque eso crearía inseguridad jurídica.

Así que, como resultado, el Tribunal Supremo dice que hay que anular este, casi inédito proceso sancionador por financiación ilegal (al PAR e IU) por deber aplicársele, por defecto, la mínima gravedad y la prescripción en 6 meses. Todo ello para garantizar la seguridad jurídica para los partidos políticos. Sobre la indefensión de la ciudadanía ante esta injusticia no dice nada.

Nos pusimos a estudiar el caso y comprobamos cómo los partidos se hacen trampas al solitario cuando se trata de aprobar las leyes que deberán cumplir ellos mismos.
Aunque la Ley de 2007 ha sufrido diversas reformas en 2012 y 2015 (introduciéndose, ahora sí, graduación de infracciones y plazos de prescripción), siguen existiendo enormes vacíos en la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas y las Cámaras de Cuentas autonómicas:

• No pueden fiscalizar por falta de regulación autonómica como demuestra el caso de la Comunidad de Madrid y por ausencia de regulación municipal (como demostramos en un anterior post ) … a no ser que desde dentro de los plenos municipales los propios partidos lo demanden por mayoría, como ocurrió una vez hace 21 años  o, como hace pocos días ha ocurrido, sus afiliados lo denuncien a la justicia o se filtre anónimamente a los medios.

• En la parte que sí pueden fiscalizar descubren numerosas irregularidades, pero no llegan a emprender ningún proceso sancionador, como demostramos a continuación.

El Tribunal de Cuentas en su último informe correspondiente a 2013 viene a confirmar el uso, cuando menos irregular, de los fondos públicos recibidos por los grupos políticos presentes en los ayuntamientos y otras entidades locales destinados SÓLO a su funcionamiento ordinario local.

En conjunto, los partidos obligados a entregar las cuentas sólo declararon el 39% de los más de 47 millones de euros que reciben de los ayuntamientos con MÁS de 20.000 habitantes (al resto de ayuntamientos el tribunal ni siquiera les requirió información), Diputaciones y otras entidades locales.

Un indicio sobre qué cantidades se pueden llegar a manejar en los municipios de MENOS de 20.000 habitantes nos lo ofrece lo declarado por el PSC, ICV o Convergencia, cuyos grupos políticos locales en Cataluña ingresaron, al menos, 692.000, 262.000 y 149.000 € en total, respectivamente.

Pero es que, además, en las ocasiones en que sí declaran parte de esas cantidades, este tribunal sólo les “tira de las orejas” por casos como estos:

Incluir estas subvenciones públicas en conceptos contables como “Ventas de almacén”, como contraprestación de servicios de apoyo a sus grupos políticos municipales, y sin hacer constar el detalle de los costes incurridos en dicho apoyo: PSOE, 1.726.059,80 €;

• Registrarlas como “ingresos por servicios a terceros” pero justificarlos sólo con notas internas emitidas por el partido: Convergencia, 1.183.325,15 €;
  Como “cuotas de afiliados y aportaciones de cargos públicos”: PP, 271.207 €;
• Como subvenciones con cargo a una cuenta de gastos sin que se produzca ningún flujo de tesorería y, simultáneamente, como “aportaciones a empresas del grupo”: CIU, 1.022.163,36 €;
• Como “otros ingresos”: Convergencia, 96.143,38
• Contabilización por duplicado al incluir los servicios a sus grupos tanto en gastos como en ingresos: Chunta Aragonesista, 88.500 €.

Más recientemente, el Tribunal de Cuentas está aplicando desde 2014 un «Plan de Contabilidad Adaptado a las Formaciones Políticas» donde, esta vez sí, les conmina a declarar la totalidad de estos fondos como “Ingresos de origen público» pero dentro de la categoría «Afiliados y deudores varios->Aportaciones de grupos institucionales”, informando sobre «el cumplimiento o no (sic!) de las condiciones asociadas a estas subvenciones» .

Por lo tanto, NO esperamos un cambio sustancial en la efectividad al fiscalizar estas prácticas por parte de una institución que, en ese mismo año, contaba con una plantilla donde el 14% tenía vínculos familiares con sus altos cargos (elegidos por los mismos partidos a los que tienen que fiscalizar) y con integrantes sindicales de UGT y CCOO del comité de empresa .

El ciclo electoral de 2015 concluye este 20 de diciembre con unas Elecciones Generales marcadas por graves irregularidades impropias de una democracia.
Según los observadores internacionales de la OSCE en las elecciones españolas no se respeta algo tan básico como el derecho a voto secreto. Hemos contribuido a su reciente informe y ahora descubrimos varios hechos más que lo corroboran:

• Los partidos políticos tienen acceso a los datos identificativos y domicilio de quién ha votado y quién se ha abstenido.
• El Voto secreto no está garantizado en los colegios electorales. Actúa para que lo esté.
• Persiste la perjudicial costumbre en todos los grandes partidos del envío al hogar de papeletas en sobres preparados.

Y además:

• Las papeletas son destruidas la misma noche electoral por lo que no existe posibilidad de verificación de los resultados electorales.

Ante el desinterés o complicidad de los partidos por solucionar esta grave situación es responsabilidad de la ciudadanía que evitemos este 20 de diciembre que este tipo de prácticas sean la norma una vez más.
 

El proyecto del Partido X, pionero en muchas de las innovaciones que han influido en las prácticas políticas en España, nació como un método, con el objetivo de acabar con el monopolio que ejercen los partidos sobre nuestra vida política y conseguir una verdadera democracia mediante mecanismos concretos para que los ciudadanos controlemos nuestras instituciones.

Para conseguirlo nos organizamos en dos patas: La principal, de organización e innovación ciudadana para ejercer presión y control en favor de una verdadera democracia sobre el sistema electoral, y una segunda, casi siempre en latencia, que es un dispositivo totalmente funcional y listo para presentarse a unas elecciones si es necesario. En este año 2015 anunciamos que esta última no la íbamos a a usar (http://partidox.org/aniversario-2015/ ) ni directamente ni participando en ninguna confluencia o suma de siglas, así que hemos seguido trabajando en investigar y denunciar las disfunciones del sistema electoral.
[1] [2] [3] [4] [5] [6]

De cara a la próxima cita electoral del 20D queremos contribuir con la siguiente denuncia de unos hechos que consideramos muy graves. Invitamos a toda la ciudadanía a actuar durante la jornada electoral para que se respeten sus derechos porque el problema de falta de democracia no se soluciona con la victoria de un partido concreto si no es acompañada de una ciudadanía activa vigilando sus instituciones.

VOTO SECRETO

Según el Artículo 86 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General:

 
Uno de los mecanismos, garantías y requisitos básicos de una democracia que no se ha cumplido en nuestro Estado y que se volverá a incumplir este 20D es el voto secreto y no condicionado. Esta grave deficiencia ha sido verificada por los observadores internacionales de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) en su reciente informe al que hemos aportado nuestras constataciones sobre las pasadas elecciones europeas.
 

# Los partidos políticos saben quién ha votado y quién se ha abstenido… y dónde y con quién vives.

Partidos políticos y Administración conocen y pueden conservar los datos (nombre, DNI, edad y domicilio) de las personas que han acudido o no a votar el día de las elecciones y saben con quiénes convivimos como lo demuestra el hecho de que algunos partidos envían un único sobre de propaganda, no uno para cada persona, con los nombres de todos los miembros del hogar o de cualquier unidad residencial colectiva. Las listas del censo de votantes se proveen según ley a los interventores de los partidos antes de cada campaña electoral y, el día de las elecciones, a cada una de las mesas electorales, en las que los partidos están presentes, para que se verifique la inclusión en el censo y marquen en ella a cada votante (evitando así un posible doble voto). Este 20D, cuando votes, puedes fijarte en cómo estos interventores te señalan en sus listas.

Estas listas podrían usarse, en el menos malo de los casos, para técnicas de marketing electoral «individualizadas», y en el peor, para la localización y el acoso de personas. Esta grave irregularidad puede incluso permitir la localización de un votante a partidos minoritarios que viva dentro de una o pocas manzanas de casas o edificios (una sección electoral).

A pesar de esto no existe norma legal que obligue a su destrucción: la Agencia Española de Protección de Datos no tiene competencia legal sobre datos electorales pero emitió un informe en 2014 afirmando que estas listas deberían ser destruidas por los partidos al terminar la campaña electoral.

Solo puedes solicitar dejar de aparecer en estas listas si demuestras suficientemente que eres «objeto de amenazas o coacciones que pongan en peligro tu vida, integridad física o libertad», es decir, sólo puedes actuar individualmente y cuando un gran daño ya esté hecho.

También consta a quién avalaste. La Administración puede conservar el dato personal sobre a quién diste tu único aval a una candidatura para poder presentarse a las elecciones en tu circunscripción provincial: al ser un solo aval el permitido por cada ciudadano, esto puede considerarse una declaración explícita del voto, siendo como mínimo una evidente declaración de tendencia o simpatía, lo que contraviene su secreto y es una vulneración de un dato de carácter personal.

Esta comprometida información se revisa por parte de la Oficina del Censo Electoral y tampoco se ha regulado su confidencialidad y necesidad de destrucción (este asunto no se rige por la Ley Orgánica de Protección de Datos sino por la legislación electoral).
 

# El Voto secreto no está garantizado en los colegios electorales. Actúa para que lo esté.

La OSCE detectó en las elecciones generales de 2008 y 2011 que el secreto de voto no había sido respetado ya que los votantes rara vez utilizaban las cabinas de votación, al no ser de uso obligado y por estos otros diferentes factores:

«En general, el sistema de votación y la organización de los colegios electorales no parecían facilitar el secreto del voto. (…)

La confluencia de estos factores se tradujo en que un votante que desease votar en secreto tenía que tomar medidas suplementarias para hacerlo.»

El uso de las cabinas en los colegios electorales el día de la votación es indispensable en cualquier democracia para garantizar que el voto sea secreto. En nuestro país no sólo no es obligatorio, sino que se desincentiva su uso debido, por ejemplo, al reducido número de cabinas y su deficiente estado; a que no están debidamente provistas de las papeletas de voto de todas las candidaturas y/o a que no se colocan las mesas con las papeletas «junto a las cabinas» tal y como regula la normativa; y a que, en numerosas ocasiones, las papeletas de voto a ciertos partidos se encuentran todavía dentro de sus embalajes y colocadas en el suelo.

  ACTÚA  

La importancia del voto secreto: tu voto secreto es voto libre para todos; usa la cabina, cierra la cortina.

Puede que tú puedas votar alto y claro y quieras que todo el mundo sepa el sentido de tu voto, pero otras personas en otros lugares no pueden evitar presiones, coacciones o extorsiones si no tienen una razón o excusa externa a su voluntad como lo sería la costumbre generalizada de pasar por la cabina.

El hecho de que los votantes pasemos por la cabina permitiría asegurar que siempre exista un espacio privado para el elector. Especialmente para aquel elector que necesita la privacidad. El civismo de todos podría eliminar cualquier forma de coacción.

Denuncia la falta de cabinas y papeletas a tu Presidente de mesa y a tu Junta Electoral de Zona!!
Exige como interventor o apoderado las papeletas de TODOS, y no solo las de tu partido, en la cabina.
Si en este periodo de voto por correo, hasta el 18 de diciembre, ves a alguien en las oficinas de correos presentar votos de otras personas, o realizar alguna actuación de los carteros recogiendo el voto a domicilio, denúncialo. Deja constancia en la «hoja de reclamaciones sobre servicios» disponible en Correos, e informa a la Junta Electoral de Zona por el incumplimiento del artículo 73.3 de la Ley Electoral.
 

# Persiste la perjudicial costumbre en todos los grandes partidos del envío de papeletas en sobres preparados.

Una remesa de papeletas sale de las sedes de los partidos políticos viejos y nuevos invitando a llevar el voto desde casa. Esta costumbre solo beneficia a los partidos políticos y facilita el fraude electoral generalizado. Y algo aún más grave: se expone y se abandona a su suerte a la gente más vulnerable.

Con estas campañas de “ensobrado de votos” se propicia el voto preparado “de casa” y, por lo tanto, las adulteraciones del voto conocidas como el “voto familiar” y el “acarreo de votos y votantes”. Se disminuyen también así los inconvenientes de la compra de votos por correo ya que no se levantan sospechas dentro de una oficina postal o causadas por un aumento inusual del voto por correo.

Además, como nos recuerda la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE): «no todos los partidos políticos, coaliciones o asociaciones ciudadanas que presentan listas de candidatos se encuentran en una posición equitativa en este sentido, dado que únicamente a aquellos partidos que obtengan suficientes escaños para formar un grupo parlamentario se les reembolsan los gastos de impresión y envío de papeletas. Por lo tanto los votantes que lleven un voto desde casa normalmente no disponen de todas las papeletas para elegir.»

Si todavía no hemos conseguido que entiendas las gravedad del asunto y lo importante cívica y políticamente que es no traer el voto de casa y usar la cabina, te aconsejamos fuertemente que leas este breve post de Alejandro Vázquez.

Por si todo esto no fuera lo suficientemente alarmante os dejamos una última denuncia que llevamos tiempo investigando.

Según el Comité de Derechos Humanos de la ONU respecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en una democracia:
«Debe haber un escrutinio de los votos y un proceso de recuento independientes y con posibilidad de revisión judicial o de otro proceso equivalente a fin de que los electores tengan confianza en la seguridad de la votación y del recuento de los votos»

En cambio lo que sucede aquí es:
 

# La papeletas son destruidas la misma noche electoral por lo que no existe posibilidad de verificación de los resultados electorales.

En algunos casos que presenciamos in situ como apoderados del Partido X en las elecciones europeas o en otros de los que tuvo constancia la Junta Electoral Central en las elecciones andaluzas y posiblemente en otros que ocurrieron en las municipales y autonómicas ocurre esto:

Las Juntas Electorales Provinciales (formadas por jueces elegidos cada vez por sorteo, y profesores universitarios o juristas propuestos por los partidos) dan como definitivos los datos provisionales recogidos la noche electoral una vez pasados tres días. Datos que recoge una empresa privada (hasta el año pasado ha sido siempre INDRA Sistemas S.A.) contratada por el Ministerio del Interior y que, como se comprobó en las pasadas elecciones municipales no cuadraban con las actas electorales. A pesar de estos precedentes no se comprueba, tal y como obliga la ley, si estos datos coinciden con las actas de escrutinio que les envían las mesas electorales desde sus colegios.

La OSCE observó también deficiencias en la composición y experiencia necesaria en los órganos públicos encargados del recuento, así como posibles injerencias de los partidos políticos:
«los miembros de la judicatura suelen ser nuevos para cada elección. Algunos jueces y partidos políticos expresaron su inquietud por la falta de continuidad de los magistrados de las Juntas Electorales Provinciales y las Juntas Electorales de Zona y por la dependencia excesiva de las Juntas Electorales de Zona del consejo de los partidos políticos debido a la inexperiencia de sus miembros.»

Para completar el cuadro nos encontramos con que las contrataciones para el recuento provisional-definitivo a empresas privadas se han visto envueltas en una trama corrupta dentro del Ministerio de Interior segun la Policía Nacional, Guardia Civil e inspectores públicos.

Por todo esto, porque nos merecemos una mejor democracia y porque solo la ciudadanía organizada puede cambiar las cosas realmente, este #20D exige que se respeten tus derechos.
¡Actúa!
 

NOTAS

[1] Vídeo Alcaldes Caciques:
https://www.youtube.com/watch?v=srLKa_mIkX0
[2] Denuncia de las facilidades administrativas para la compra del voto por correo. La compra del voto por correo con la clara complicidad de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A controlado al 100% por el SEPI, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:
http://partidox.org/compra-de-voto-por-correo/
[3] Investigacion de vías ilegales de financiación municipal de partidos políticos:
http://partidox.org/financiacion-ilegal-partidos-nivel-local/
[4] El analisis de presupuestos, leyes y medidas:
http://partidox.org/desglose-presupuestos-i-d-2015/
[5] Los detalles más perversos y trampas ocultas en tratados internacionales como el TTIP:
http://partidox.org/como-afecta-ttip-salud/
[6] Políticas que defiendan la ciencia
https://www.facebook.com/PartidoX.Ciencia

Aquí puedes consultar el informe original de la OSCE:
http://www.osce.org/odihr/elections/spain/202846 [en inglés]
Traducción hecha por la Coordinadora 25S:
https://coordinadora25s.files.wordpress.com/2015/11/traduccion-osce1.pdf
A este informe ha contribuido el grupo Xnet
https://twitter.com/x_net_/status/669134700175343616
utilizando como referencia esta documentación de la Red Ciudadana, Partido X:
http://partidox.org/2014-viaje-tripas-sistema-electoral/

Ficha para reclamaciones ciudadanas a presidente de mesa y JEZs de madrid.tomalaplaza para las pasadas municipales que incluye extractos de la LOREG y otra normativa de aplicación sobre cabinas y papeletas:
http://madrid.tomalaplaza.net/files/2015/05/hoja-de-control-de-irregularidades-electorales-2015.pdf

A pesar de ser uno de los tratados más antidemocráticos y opacos que existen, se van conociendo algunos de los objetivos y las consecuencias que la aprobación del TTIP tendría en nuestro sistema sanitario público y directamente en nuestra salud. No solo los servicios sanitarios se verían afectados -su universalidad, equidad, la información sanitaria a la que tenemos acceso etc.- si no también los medicamentos que usamos, los alimentos que consumimos, la calidad y potabilidad del agua, nuestros derechos laborales y nuestra calidad de vida.

La aprobación de este tratado persigue dos grandes objetivos. Por un lado disminuir las «barreras arancelarias» en el intercambio de bienes y servicios y por otro «homogeneizar» las normas que regulan la circulación de los mismos. Sin embargo, si se mira más allá de la premeditada neutralidad de los términis, se entiende la enorme preocupación y oposición pública al tratado puesto que eliminar «barrereas arancelarias» incluye suprimir normativas presentes o futuras para protejer la salud de los consumidores que, por ejemplo, regulen la distribución de ciertos productos y «homogeneizar» supone igualar a la baja los estándares de protección y calidad entre EEUU y la UE en la mayoría de casos.

Esto trasladado al ámbito sanitario, en el que las normas de la UE son más estrictas que las de los EEUU significaría la relajación normativa en la protección de la salud, controles sanitarios de alimentos, medicamentos, afectaría a las profesiones sanitarias, a sus derechos laborales y abriría las puertas a la inversión privada y privatización de los servicios sanitarios. [1]

En este sentido, en nuestro país ya se ha ido allanando el camino para esta estrategia a través de las colaboraciones público-privadas en la gestión de los hospitales, la entrada de empresas privadas en la financiación a la hora de construir hospitales a cambio de gestionar servicios sanitarios y no sanitarios tras la construcción más un canon anual, la externalización de los servicios de información, de servicios no sanitarios como las cocinas de los hospitales, de los servicios de diagnóstico como los laboratorios, etc…

Las claúsulas Standstill y Ratchet presentes en el TiSA, tratado sobre el comercio de servicios, también actualmente en negociaciones y complementario al TTIP, provocarían que estos y futuros avances hacia la liberalización y privatización del sector sanitario se conviertiesen en irreversibles. Por ejemplo, las claúsulas presentes en el TISA impiden que los servicios que ya se encuentren privatizados a la entrada en vigor del tratado (Standstill) o privatizados después (Ratchet) regresen al dominio público aunque se demostrase el fracaso del proceso de privatización. [2]

La inclusión del ISDS, por el que las empresas pueden demandar a un gobierno que tome decisiones que perjudiquen sus ganancias obteniendo jugosas indemnizaciones, amenazara la capacidad de los gobiernos de intervenir para defender el interés público con políticas que protejan intereses sociales.

La inclusión del Consejo de Cooperación Regulatoria (otro mecanismo de regulación) haría que toda norma que se planease en materia sanitaria o de salud no pudiese ir contra los intereses económicos de las multinacionales, pudiendo imponer su veto y llegando a paralizar normas antes de su aprobación. En la 8ª ronda de negociaciones del TTIP, la Comisión Europea incluyó el artículo 11.2 por el que se introducía la posibilidad de revisar toda la regulación planeada o existente, con el consiguiente peligro de desmantelamiento para nuestro sistema público sanitario.

Más consecuencias de la aprobación del TTIP en materia sanitaria y de salud: [3][4][5][6]

Sistema sanitario

• Eliminación del derecho a la salud garantizado por un Sistema sanitario Público Universal y equitativo para equipararnos al modelo de estadounidense donde los derechos sociales básicos no están garantizados por el Estado.
• Recortes y pérdida de control público en educación, formación, desarrollo científico y derechos de propiedad intelectual, al servicio de las grandes corporaciones privadas.

Medicamentos

• Alargamiento de la duración de las patentes de medicamentos a más de 20 años junto con la reducción de los requisitos de obtención, con lo que se reducirá la disponibilidad de los genéricos.
• Incrementar el período de protección de los datos de los medicamentos biológicos a más de 12 años (entre 4 y 8 en la actualidad).
• Limitación de la potestad de los gobiernos para fijar los precios de los medicamentos, que garantizaría un acceso universal.
  Prohibir o limitar las políticas de los gobiernos de precios y reembolsos favoreciendo precios más altos para las falsas innovaciones que no aportan mejoras terapéuticas y favorecer la presencia de laboratorios en organismos estatales que fijen las políticas de precios (Garantías Procesales)
• Las técnicas médicas tendrían patente en Europa provocando el encarecimiento de la medicina en general, los estados tendrían dificultades para costearla y tendrán que abrir la puerta a servicios privados.
• Eliminar o condicionar las normas y marcos legales europeos y nacionales que obligan a la transparencia de los ensayos clínicos de los laboratorios farmacéuticos.
• Regular la información sobre los resultados de los ensayos clínicos bajo el principio de confidencialidad comercial, protegiendo los datos de la investigación científica de la divulgación inapropiada según el criterio de las farmacéuticas, anteponiendo así el interés privado a la eficacia y seguridad de los medicamentos puestos a disposición de la ciudadanía.
• Convergencia reglamentaria para poder suplantar a la OMS desde ambos lados del atlántico en el establecimiento de normas de registro, calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos.
• Crear un Comité Industria-Gobiernos para monitorizar el cumplimiento del acuerdo (patentes, normas de genéricos, fijación de precios y reembolsos).
• Incluir el ISDS para que las compañías puedan reclamar compensaciones económicas por decisiones que afecten a las patentes, genéricos o controles de precios que reduzcan su negocio.

Alimentación

• Eliminación del Principio de Precaución que protegía hasta ahora la salud de los consumidores y el medioambiente y al que se recurre ante la existencia de un riesgo potencial. Por este principio, cualquier sustancia sospechosa de ser tóxica no puede salir al mercado sin que la empresa que quiera comercializarla demuestre su inocuidad. Artículo 191 del tratado de funcionamiento UE.
• Autorización de organismos genéticamente modificados (por ejemplo, los transgénicos) no sólo para el consumo humano, sino también para su cultivo, eliminando también la obligación de informar en el etiquetado de la composición de los productos.
  En Europa sólo está autorizada una variedad transgénica, el MON 810, prohibída aún así en 10 países. Con el TTIP, se importarían 150 tipos de transgénicos de maíz, soja y colza. Esto sería especialmente grave en España, donde actualmente ya se están cultivando el 90% de los transgénicos de toda la UE.
• Acceso a los mercados de los alimentos procesados, responsables de enfermedades no transmisibles como la obesidad.
• Autorización de miles de sustancias químicas prohibidas en la UE (pesticidas, disruptores endocrinos) capaces de provocar disfunciones hormonales y daños a la salud.
• Más permisión de la carne de vacuno hormonada y la presencia de antibióticos en la carne que consumimos.
  Un estudio demostró que comer este tipo de carne incrementaba los riesgos de padecer cáncer, problemas endocrinos, de desarrollo, inmunológicos y neurobiológicos, especialmente para los niños, por ello la UE prohibió el uso de hormonas para el crecimiento del ganado.
  Con el TTIP se permitiría el uso de fármacos como la ractopamina como aditivo alimentario para promover el crecimiento de la masa muscular de cerdos, vacas y pavos.
• Autorización de uso del cloro en las carnes para su desinfección (sumergir pollos, pavos, cerdos y otros tipos de carne en cloro al final del proceso de producción, enmascarando posibles enfermedades del ganado), práctica habitual en los Estados Unidos, pero prohibida en Europa.

Personal sanitario

• Precarización de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores sanitarios,
• Destrucciones de empleo en los servicios sanitarios y sometimiento de su actuación a los intereses empresariales como en los hospitales y aseguradoras norteamericanas.

Medioambiente

• Desaparición de regulaciones medioambientales que garantizan la salud pública como la autorización del fracking para obtener gas del subsuelo utilizando productos químicos, que pueden contaminar los acuíferos o las prospecciones petrolíferas sin control.

La aprobación del TTIP incrementaría los gastos sanitarios para los gobiernos poniendo en riesgo la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos. Dificultaría el acceso a los medicamentos por parte de la ciudadanía, aumentaría la irracionalidad del sistema, disminuiría la equidad y la universalidad de la atención sanitaria.

Supondría la pérdida de actividad económica, de puestos de trabajo, la precarización laboral, más contaminación, más burbujas financieras, más desinformación respecto del origen y la composición de los alimentos, medicamentos y otras sustancias químicas como los pesticidas, afectaría a la Salud Pública generando más enfermedades y mortalidad. [4]

Desde Partido X continuaremos vigilantes e informando de aquellos tratados, leyes o actuaciones que benefician a grandes corporaciones en perjuicio de los derechos y la salud de la ciudadanía.

¡¡Seguimos!!

Fuentes:
[1] http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/TTIP-amenaza-sistemas-sanitarios-publicos_0_283471927.html
[2] http://www.diarioinformacion.com/opinion/2015/03/19/tratados-libre-comercio-sistema-sanitario/1611741.html
[3] http://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/analisis-negociacion-asociacion-transatlantica-comercio-y-inversion/20150415180308114797.html
[4] http://attaccastello.blogspot.com.es/2014/12/consecuencias-del-ttip-sobre-la-salud.html
[5] http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/mas-patentes-menos-genericos-medicinas-mas-caras-3826255
[6] http://blog.lacolmenaquedicesi.es/como_afecta_el_ttip/

Partido X, concretamente sus miembros Amparo Ramírez y Alfa Sánchez

Una vez más la ciudadanía demuestra que estamos mucho más capacitados y comprometidos que los gobiernos e instituciones para reaccionar y atender las emergencias de nuestro tiempo. Miles de personas, asociaciones y organizaciones no gubernamentales se han movilizado para dar acogida a los refugiados, víctimas de la guerra o el hambre, que necesitan escapar de su país.

Sobran los ejemplos en los que la sociedad civil que se ha mostrado dispuesta a ofrecer casas o locales para acoger a refugiados o simplemente su tiempo y sus recursos para que haya un mejor conocimiento de la desesperante situación de estos refugiados que se aferran, posiblemente, a una última oportunidad de escapar de su situación.

El muro de Hungría, a punto de terminarse a cargo del gobierno de Orban, los anuncios de Merkel de limitar “la inmigración de la pobreza”, las declaraciones de Cameron exigiendo acabar con la libre circulación de personas en Europa o los planes de Renzi para que el ejército italiano patrulle en el Mediterráneo… Todo se encamina en breve a un cierre de fronteras para aquellos que más lo necesitan. Todas estas acciones irresponsables y populistas de los líderes europeos son las que están creando la urgencia y el verdadero efecto llamada de los últimos meses.

¿Cómo podemos presionar a nuestros gobiernos?

En cuanto a nuestro gobierno central, este ya ha demostrado suficientemente lo poco dispuesto que está a escuchar a sus ciudadanos. Aún así podemos recordarle que lo que está haciendo ES ILEGAL. Inclumplir el Derecho Internacional de los Refugiados y las leyes de asilo es un crimen contra la humanidad que no prescribe nunca y algo a lo que tarde o temprano la ciudadanía haremos que se tengan que enfrentar. Y por si acaso, para que se informen bien del tema, incluimos una guía práctica para parlamentarios.

Apoyamos las iniciativas de algunos ayuntamientos, pero estaremos como siempre vigilantes. Estos se han mostrado mucho más sensibles a la presión ciudadana y han abierto listados donde la gente que tenga la posibilidad puede notificar que tiene un espacio en el que estaría dispuesta a acoger temporalmente.

Desgraciadamente se vuelve a comprobar, una vez más, que la Democracia actual se nos queda corta. ¿Cuál es el grado de actuación que nos conceden los gobernantes ante una emergencia como esta? Ninguno. ¿Se supone que nuestra opción es únicamente esperar a las próximas elecciones para, ya si acaso, cambiar unas cuantas caras? Eso quieren ellos, pero afortunadamente los ciudadanos tenemos una cosa que queda al margen de sus discursos, su egoísmo y su irresponsabilidad: la capacidad de organizarnos por el bien común.

Tras tres años de recortes continuos al I+D, el Gobierno aumenta un 0,36% la inversión en I+D en los Presupuestos Generales del Estado de 2016, en un intento de lavarse la cara para las inminentes elecciones generales.

Este aumento, que ya ha tenido eco en algunos medios, es evidentemente ínfimo respecto de los anteriores recortes. Desde el Partido X hemos analizado, además, los distintos programas de I+D+i de 2015, para ver qué cantidades reciben de los Presupuestos Generales del Estado y centrándonos en descubrir cuál ha sido la inversión real en Ciencia, Tecnología, Energía y Sanidad.
 

Ministerio de Defensa

• Programa 464A (Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas) en el que se destinan algo más de 138 millones de euros al Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban Terradas, de los que se destinan poco más de 25 millones a inversiones reales.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

• Programa 464B (Apoyo a la Innovación tecnológica en el sector de la Defensa) que destina casi 564 millones de euros a la concesión de préstamos, repartidos entre: algo más de 403 millones para empresas del sector público y casi 161 millones de euros para empresas privadas, todo ello para desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con programas de Defensa. 486,2 millones se utilizan en el desarrollo de helicópteros NH90, submarinos S-80 y aviones de transporte militar A400M y en la construcción de dos nuevos Buques de Acción Marítima BAM (161,5 millones). Se destinan 0 euros a inversiones reales.
• Programa 467C (Investigación y Desarrollo tecnológico-industrial) en cuyo capítulo 7 sobre transferencias de capital, destina 152 millones de euros a la financiación en el exterior para la participación en Programas Espaciales. En el capítulo 8 sobre concesión de préstamos, fuera del sector público, se destinan casi 16 millones para financiar el Programa Nacional de Observación de la tierra, 25 millones para el lanzamiento del satélite INGENIO y casi 37 millones para financiar proyectos estratégicos de desarrollo en el sector aeronáutico.
• Programa 467G (Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información) recibe casi 105 millones de los que destina solo 1’5 millones a inversiones reales.
• Programa 467I (Innovación Tecnológica de las Telecomunicaciones) con un presupuesto de más de 658 millones y que destina solo unos 5 millones a inversiones reales.

Ministerio de la Presidencia

• Programa 462M (Investigación y estudios sociológicos y constitucionales) donde se encuentra el famoso CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) que recibe casi 8 millones de euros.

Ministerio de Economía y Competitividad

Es donde se encuentran la mayor cantidad de programas de I+D+i:

• 463A (Investigación Científica) que recibe casi 599 millones de euros para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de los que se destina algo más de 151 millones de euros a inversiones reales.
• 463B (Fomento y coordinación de la Investigación Científica y Técnica) al que se destinan algo más de 1.443 millones de euros repartidos entre distintas secretarías y direcciones generales y destinados entre otros muchos a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la construcción del Telescopio europeo extremadamente grande (algo más de 2 millones de euros), construcciones de laboratorios, láseres, etc…. Se destina 234 mil euros a inversiones reales en infraestructuras, inversiones inmateriales, funcionamiento operativo de los servicios etc.. (capítulo 6).
• 465A (Investigación Sanitaria) recibe casi 238 millones de euros para el Instituto de Salud Carlos III que entre otros destina a modo de transferencias corrientes y de capital casi 23 millones de euros a la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III, casi 18 millones a la Fundación Centro Nacional de Investigación Cardiovascular Carlos III, 825 mil euros para la Fundación Centro de Investigación de enfermedades neurológicas, etc… se destinan casi 11 millones de euros a inversiones reales (capítulo 6).
• 467C (Investigación y Desarrollo Técnológico-Industrial) recibe un poco más de 1.972 millones de euros. De ellos se destinan por ejemplo a Aportaciones Patrimoniales (Capítulo 8: Activos financieros) casi 600 millones dentro de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Investigación, casi 71 millones como transferencias de capital (Capítulo 7) dentro de la Dirección General de Innovación y Competitividad para Apoyo a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Sistema CTE (Ciencia-Tecnología-Empresa) mientras no se destina nada a inversiones reales en este programa.
• 467H (Investigación energética, medioambiental y tecnológica) recibe por su parte casi 93 millones de euros íntegramente para el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, que dedica 18,5 millones a inversiones reales y del restante: 3 millones de euros a «Aportación para la implantación de la ECE-ITER en España» (sede de la empresa común europea para el Reactor Termonuclear Experimental Internacional), 20 mil euros a «Contribución voluntaria a la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA)», un poco más de 1 millón de euros como «Aportación a la Asociación EURATOM-CIEMAT» (fusión termonuclear controlada), casi 10 millones como «Aportaciones al Broader Approach» (para la consecución de energía de fusión a través de la I + D y tecnologías avanzadas para futuros reactores de fusión), 400 mil euros de «Aportación al Institute for Energy Technology para el proyecto HALDEN» (proyecto de cooperación internacional para el funcionamiento seguro de las centrales nucleares), 450 mil euros de «Aportación al CERN para el experimento CMS» (para colisionar haces de protones en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas Elementales), 2 millones de euros a la Plataforma Solar de Almería, entre otros.

Analizando los presupuestos de I+D desglosados se observa que:

Se destina mucho presupuesto al desarrollo de programas tecnológicos relacionados con Defensa mientras se invierte poco en fundaciones que investigan sobre enfermedades neurológicas, cardiológicas u oncológicas, que el presupuesto para la I+D en Defensa es de más del doble que el destinado a Investigación Sanitaria en general.

Se destina mucho presupuesto a energía de fusión o reactores termonucleares mientras que la I+D para renovables es insignificante.

El ministerio de Industria, Energía y Turismo destina de media el 98’77% de su presupuesto a capítulos relacionados con operaciones financieras (7 y 8).

En el ministerio de Economía y Competitividad, los programas con mayor presupuesto de I+D como el de Coordinación de la Investigación científica y técnica (463B) y el de Investigación y Desarrollo tecnológico-industrial (467C), destinan un 86% y un 99’49% respectivamente a los mismos capítulos sobre operaciones financieras, mientras que los capítulos relacionados con gastos de personal (1), gastos corrientes en bienes y servicios (2) o inversiones reales (6) apenas tienen presupuesto.

La inversión en I+D ha de ser estable e independiente de ciclos políticos y económicos. La ausencia de estabilidad, un mal endémico del sistema de investigación español, hace que pierda efectividad y credibilidad. Sin embargo, un incremento en la inversión en I+D no basta por sí solo para modernizar el sistema científico español y aumentar su eficiencia, calidad y competitividad. La mejora de la calidad de nuestra investigación ha de sustentarse en un plan nacional coherente y sostenible orientado al largo plazo y un modelo de carrera investigadora sólido.

El ente encargado de la financiación pública de la investigación tiene que tener autonomía orgánica y una entidad jurídica que permita una estructura racional y ágil. El citado organismo tiene que contar también con autonomía de funcionamiento, con unos órganos directivos independientes del poder político y un mandato independiente de las alternancias gubernamentales, subordinada únicamente a las líneas básicas de actuación fijadas en la Estrategia y en el Plan vigentes.

Mientras tanto la ciudadanía sigue vigilante, con los ojos puestos ya en los presupuestos de 2016.

Partido X – Carmelo Ordóñez y Amparo Ramírez

¿Cómo se financian ilegalmente?

Los ayuntamientos disponen de asignaciones económicas con el único fin legal de permitir «el funcionamiento ordinario» de los grupos políticos municipales en el estricto ámbito del ayuntamiento y del municipio. Hasta aquí todo normal.

Ahora bien, ¿cómo se fiscaliza y controla el correcto uso de esas partidas? Normalmente, no se hace.
Tan sencillo como que sólo los concejales cuyos grupos reciben el dinero pueden aprobar pedirse a sí mismos la justificación de la contabilidad y las facturas de los gastos efectuados a cargo de las asignaciones económicas.

Y sí, son esos mismos concejales los que las aprueban por mayoría en pleno municipal y su cantidad, sin que nunca la Ley General de Presupuestos del Estado les haya fijado algún límite o la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local o el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales exija fiscalización y control alguno del gasto sobre estos fondos públicos.

Así es cómo los grupos municipales financian a sus partidos políticos con asignaciones del ayuntamiento destinadas a otro fin. Con una práctica que es conocida por todos los partidos con poder pero de la que ninguno habla.

Así es como funciona la financiación de los partidos por parte de los ayuntamientos (Dibujo de El Roto)

¿Y el funcionariado independiente como por ejemplo el interventor municipal?

¡Ah!, el interventor de tu ayuntamiento tampoco puede hacer nada si no se lo solicitan ellos, y para el Tribunal de Cuentas el uso dado a estos fondos nunca es detectable.

¿Cómo recuperar el dinero y evitarlo a partir de ahora desde tu pueblo o ciudad?

Existe un precedente. Hemos encontrado un caso inaudito que comenzó allá por el año 1999 en Totana, donde una vez celebradas las elecciones los nuevos concejales consiguieron, 12 años después, una sentencia del Tribunal de Cuentas que obligó a todos los anteriores ediles (del PSOE, PP, IU y Grupo Mixto) a devolver el dinero con su propio patrimonio personal.

Los concejales de los viejos y nuevos partidos, tienen que entender que ya no hay excusa posible para no publicar las cuentas de los partidos, con los ingresos, los gastos y las facturas que corresponden a movimientos de dinero público que se hacen desde las instituciones. Además, el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) del consistorio debe estipular como obligatoria una rendición de cuentas transparente de estos gastos. Es el momento de que estemos vigilantes y exijamos a nuestros concejales de que no solo pongan fin a esta práctica sino que exijan las cuentas de los anteriores ejercicios.

De esta forma evitaremos este gran “ángulo muerto” para el control de la ciudadanía y de sus instituciones fiscalizadoras; y acabaremos con los mecanismos opacos que facilitan corruptelas y complicidades entre cualesquiera bandos políticos, su inacción ante el alcalde cacique de turno y el flujo de financiación ilegal, desde el ámbito municipal a otros más amplios, que alimenta a este sistema partitocrático.
 

Fuentes:
Tribunal de Cuentas:
http://www.tcu.es
BOE:
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-33252
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.t5.html

La foto del hombre invisible es un trabajo del fotógrafo: Gonzalo Merat

En los últimos días la prensa se ha llenado de noticias sobre múltiples incidentes en el voto por correo, siendo los mas llamativos los de Melilla, donde un video demuestra como miembros del PP presentan paquetes de votos por correo, o el de Turre (Almería), donde el propio Alcalde también del PP se presenta en una oficina de correos de un pueblo cercano con 80 votos para enviarlos él mismo por correo.

Desde el Observatorio Ciudadano de Procesos Electorales del Partido X, venimos informado de las numerosas trabas que la administración pone para que las personas ejerzan su derecho a voto.

Ahora se informa de la facilidad que tienen los #AlcaldesCaciques para comprar votos utilizando un vacio legal de la Ley Electoral, con la clara complicidad de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A, controlado al 100% por el SEPI, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El sistema de voto por correo está diseñado para dificultar todo lo posible la solicitud al votante, y facilitar al máximo la manipulación y la compra de votos al cacique.

Para solicitar tu voto por correo tienes que:

• Ir personalmente a la oficina con tu DNI, ya que correos no tiene habilitada la opción para hacerlo telemáticamente con el DNIe.
• Si no puedes desplazarte a la oficina, tienes que autorizar notarialmente a otra persona mediante documento, sin que una misma persona pueda representar a más de un elector.
  Además tendrá que llevar una certificación médica oficial de tu enfermedad o incapacidad.

 
En cambio, una vez recibida la documentación, cualquiera puede votar por ti, sin ningún tipo de autorización por tu parte hacia terceros, que no tienen por qué presentar su DNI, y pudiendo firmar o inventarse las firmas en el modelo de correo certificado.

Y no solo por ti, una sola persona puede presentarse en correos con cientos de votos y enviarlos sin ningún tipo de control.

Así es como los #AlcaldesCaciques no solo compran los votos, sino que se aseguran personalmente que el voto comprado va para ellos.

En el futuro no tendremos que preocuparnos por este tipo de cosas, ya que la participación de la ciudadanía en las instituciones no se limitará a un voto cada cuatro años.
Dispondremos de herramientas de vigilancia, control y participación para que los caciques no vuelvan jamás.

Mientras tanto, seguimos.
 

Hemeroteca
– Caso Melilla (video) http://www.elconfidencial.com/elecciones-municipales-y-autonomicas/2015-05-21/coalicion-por-melilla-denuncia-que-el-pp-esta-manipulando-el-voto-por-correo_852087/

– Alcalde presentando personalmente 80 votos por correo http://www.elplural.com/2015/05/21/pillado-un-alcalde-del-pp-de-almeria-entregando-80-votos-en-correos-y-con-muchos-otros-en-la-sede-del-partido/

– Casos múltiples http://www.eldiario.es/politica/polemicas-compra-votos-elecciones_0_392661703.html

– Investigacion Fiscalía http://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-investiga-PP-presunta-Almeria_0_392311500.html

Información Legal
– Apartado Voto por Correspondencia http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1985.t1.html#c6s10

– Reglamento de Correos http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1829-1999.html

Desde el principio dijimos que este proyecto era un método constituido por dos entidades.

Antes, durante y después de las últimas elecciones europeas (las primeras en las que decidimos activar el dispositivo) hemos seguido desarrollando nuestra labor de presión ciudadana sobre democracia y contra la corrupción.
En cuanto al espacio electoral, ya anunciamos que no nos presentaríamos a las citas electorales de 2015 porque en este momento, todo el pescado ya está repartido.
En este post contestamos a dos cuestiones que muchos nos preguntan: ¿Qué propone el Partido X en las municipales? y ¿A quién apoyamos entre las opciones que se presentan?

Desde el 15M existe un amplio consenso entre la ciudadanía de que la causa subyacente a muchos de los problemas que sufrimos es el déficit de democracia real, si bien automáticamente asociamos ese problema con los gobiernos centrales. El primer problema que pretendemos poner sobre la mesa en esta campaña electoral es el de la falta de democracia local. En su ayuntamiento los alcaldes tienen más poder que los presidentes en la administración central; si los municipios fueran Estados, los alcaldes serían dictadores. De hecho, tienen todo el poder en sus municipios. Un simple repaso a las funciones de las alcaldías nos revela una concentración de poder que escapa a todo control democrático. Éste y no otro es el principal problema que queremos plantear a la hora de votar estas elecciones: que solo podamos elegir entre potenciales caciques en lugar de votar a funcionarios públicos.

Más del 20% de población que habita en el Estado español lo hace en municipios con alcaldes imputados o condenados.

Para explicar este problema y para apoyar a ciudadanos valientes que, sin tener los recursos de siglas mediáticas, han estado trabajando contra viento y marea para acabar con la corrupción y crear alternativas ciudadanas justas y, sobre todo, realmente viables, de tú a tú entre vecinos, junto con Xnet hemos preparado el vídeo Alcaldes Caciques con la esperanza de que acompañe a todos y cada uno de los caciques durante su campaña electoral.
 

 
Por otro lado, como ciudadanía, como electores, decimos solo una cosa. Nos da igual lo que prometan y quién lo prometa. Quienes no aseguren en los primeros 100 días mecanismos con los que le podamos echar si se corrompen, si no cumplen, si nos mienten y nos roban, no pueden tener nuestra confianza.

Los alcaldes tienen el poder de dejar de tener poder. Pueden delegar en personas y grupos competentes. Como sabéis, nosotros concebimos el espacio de gobierno – en todas sus escalas, desde los municipios a los gobiernos nacionales o supranacionales – no como un feudo de partidos sino como un espacio en los que unos funcionarios elegidos federan las competencias de la sociedad civil, más avanzada que cualquier partido, sin duda.

Tanto en el ámbito local como en el autonómico, ningún partido que promete solucionarlo todo lo va a hacer, debemos saberlo. Ni nuevos ni viejos. Una democracia del siglo XXI es aquella en que los partidos reconocen las habilidades de la sociedad civil que ya está solucionando problemas, y le da los cauces, las herramientas y recursos para actuar.

¿A quiénes apoya el Partido X?

Como bien saben los que siguen nuestro trabajo para nosotros apoyar significa trabajar. Y hacerlo con las garantías de que el resultado no será inferior al mínimo que exigimos como ciudadanos Por eso hemos evitado salir en sopas de siglas. Aun así, hemos estado aportando trabajo ahí donde nos ha sido posible.
No creemos en la confluencia. Creemos en que cada cual puede trabajar por el bien común sin dejar de ser lo que es. Creemos en la federación de competencias.

Pero esto no significa que solo reconozcamos a personas que han trabajado o trabajan en el proyecto del Partido X. Queremos tomar partido y estamos apoyando precisamente a aquellas personas que, habiendo decidido libremente participar en el juego electoral, se diferencian de otras porque, por su trayectoria, reconocen y apoyan el trabajo de la sociedad civil; no lo ningunearán, entorpecerán o intentarán apropiárselo como han hecho todos los partidos hasta ahora.

Además de esas personas, también tenemos la obligación de reconocer aquellas cosas que se han hecho bien en algunos procesos ciudadanos y que han supuesto un paso más y una innovación para conseguir algo digno de ser llamado Democracia en el siglo XXI.

A todos hemos propuesto implementar en aquellos ayuntamientos o autonomías que nos lo pidan la versión local de Democracia y Punto, pero creemos que este asunto ha de tratarse después de las elecciones y no mezclarse en la campaña electoral. Democracia y Punto es un trabajo colectivo concreto y no una consigna electoral.

Reconocemos a estas personas en grupos ciudadanos organizados. Aquí algunos nombres, pero seguramente hay muchos más con los que todavía no hemos tenido la oportunidad de cooperar. Ciudadanía competente que trabaja y abre puertas para otra ciudadanía que trabaja y abre puertas. Hay personas con cuyo espíritu de colaboración se puede contar desde siempre en Alternativa por Benalmádena, Terrassa en Comú, Futuro Serracines, Alhaurín Despierta, Ahora Madrid, Málaga Ahora, Barcelona En Comú, Vecinos por Torrelodones o personas valiosas en Zaragoza en Común (como Raúl Burillo y otros queridos compañeros) o en Castellón; o en algunas de las diferentes candidaturas ciudadanistas que se presentan en Galicia, con el esfuerzo que han hecho para tejer una red entre ellas y un nuevo partido como Anova. O personas en la coalicion Més per Mallorca. Y es imposible terminar esta ronda sin mencionar el trabajo que llevan haciendo las CUP desde la base en muchos municipios: para muestra un botón.

Si bien somos muy diferentes a estas iniciativas, aunque a menudo no compartamos método o ideología – o a veces ninguna de las dos -, queremos apoyar el gran esfuerzo que algunas personas están haciendo para introducir cuestiones que siempre hemos estado defendiendo y deseamos de todo corazón que lo consigan.

Lo que sí está claro es que en el 15M prometimos que acabaríamos con el bipartidismo y lo hemos hecho. Gane quien gane, cuanto más se alejen los gobiernos de las mayorías absolutas, más espacios habrá para que la voz de la ciudadanía sea escuchada.