Democracia y punto [version reducida]

Transparencia en la gestión pública

 
La esencia de la democracia es el conocimiento por parte de los ciudadanos de las decisiones que se tomen en todas las cuestiones que pueden afectar sus vidas y del proceso de esa toma de decisión, de los datos y circunstancias que confluyen para tomarlas.

Por otra parte, la transparencia en las cuentas públicas (y no los recortes) es indispensable para recobrar la confianza de los inversores y de los mercados.

La transparencia en la gestión pública no puede ser opcional, sino obligatoria en cada ámbito y rincón de la Administración Pública, incluyendo todas las instituciones públicas o privadas que de algún modo reciban financiación pública, gestionen, directa o indirectamente financiación, ayudas, subvenciones o, en general, fondos muebles o inmuebles de carácter público, o las empresas que presten servicios con un impacto calculable en torno a un 10% de la población, por el hecho de operar en sectores de impacto general, tal y como se detalla en la Ley 56/2007, de 28 de Diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

La transparencia pasa por ofrecer información veraz, exacta y actualizada de todos los presupuestos, gastos y balances anuales, actos administrativos, actas, protocolos, informes “lobbistas” o cualquier otra información que haya sido considerada en alguna toma de decisión; las recomendaciones, programas, agendas y planificaciones o cualquier otro documento realizado, emitido o recibido inherente al funcionamiento de alguna de estas estructuras, además de los datos financieros y tributarios de las personas físicas y jurídicas, los actos registrales (de la propiedad, de actividad industrial, concesión de licencias, etc.) de responsables de la gestión pública o de recursos de origen o interés público, han de ser públicos.

Los documentos no tendrán validez legal de no estar publicados y ser accesibles al ciudadano tanto por vía telemática como por vía analógica, así como ahora las leyes no tienen validez hasta su publicación en los Boletines Oficiales.

De esta forma, la ciudadanía será el vigilante necesario de todas las decisiones que le afectan y de todos los gastos públicos. Ésta es la única manera efectiva de acabar con la corrupción, lastre de la democracia del pasado.

Por otra parte, por norma general, las sesiones de todas las cámaras de representación en todos los ámbitos territoriales y sus comisiones han de ser emitidas públicamente.

Son nuestros representantes, ¿de qué tienen que hablar que no debamos saber?

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Poder Legislativo Ciudadano/Wikilegislación – Gobierno con control Ciudadano/Wikigobierno

 
El WikiGobierno es el resultado de una democracia que incluye la participación de la ciudadanía para elaborar y gestionar los asuntos comunes.

Un wikigobierno permite a la ciudadanía priorizar las distintas iniciativas presentadas por los gobiernos e instituciones estatales, autonómicas y municipales. Igualmente permitiría a la ciudadanía disponer de cauces donde presentar iniciativas legales articuladas para que se transformen en acción de gobierno.

Las WikiLegislaciones son leyes construidas a la vista de todos de forma colaborativa y transparente entre la ciudadanía y los gobiernos.

Una WikiLegislación nunca debe partir de cero. Siempre parte de un borrador elaborado por ciudadanos y personas expertas en el tema (sea por iniciativa del gobierno o de la ciudadanía) que han recopilado previamente el conocimiento existente sobre una determinada cuestión.

Por otra parte conlleva un trabajo obligatorio de información para que cualquier persona pueda interesarse por los temas tratados, pueda documentarse y comprender, y ello tanto para participar como para observar el proceso, si así lo desea.

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Derecho a voto real y permanente

 
Además de participar y vigilar a lo largo de todo el proceso de diseño de leyes y políticas públicas, los ciudadanos reclamamos también el derecho a voto de forma permanente, para poder usarlo cuando lo consideremos oportuno. Puede que muchos crean que ya tenemos ese derecho, pero lo que hacemos hoy en día no es votar sino elegir. Elegir, cada cuatro años, a los que votan por nosotros, sin forma de hacerles llegar nuestra opinión en las votaciones concretas: como un cheque en blanco del que no hay que rendir cuentas. Todas las propuestas que hemos enumerado en el punto de WikiGobierno, naturalmente incluyen la posibilidad y las herramientas para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a voto de forma continuada y permanente.

Votar es mostrar directamente una voluntad política sobre un tema en concreto, ya sea aprobación, desaprobación o indiferencia.

Para hacer esto posible, se establece la posibilidad de votar todas las leyes que se debatan en el parlamento, ya sea por Internet utilizando su DNI electrónico, ya sea con el voto tradicional en papel, en los puntos de votación permanentemente habilitados en ayuntamientos y oficinas de correos.

La posibilidad de votar directamente las leyes no convierte el derecho a voto en una obligación, ni acaba con los empleados públicos electos o con las elecciones de cargos representativos en general, aunque modifica profundamente su función. Ahora estarían al servicio del bien común.

Somos conscientes de que no todos podemos, o ni siquiera queremos, estar decidiendo sobre todo todo el tiempo, pero queremos tener la posibilidad de votar cuando los asuntos nos afecten o interesen.

Se trata de recuperar y ejercer la soberanía, mediante voto, en el momento en que queramos. Sin cheques en blanco.

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Referéndum obligatorio y vinculante

 
Tal y como ya se hace en otros países, se trata de consultas para validar todas las legislaciones estructurales, independientemente de su origen (propuestas por la ciudadanía o por legisladores). El referéndum ha de ser vinculante. El referéndum podrá ser de carácter propositivo, abrogativo o aprobativo. Es decir, ha de ser posible proponer leyes, modificarlas, ratificarlas o desecharlas. Vinculante porque lo que en él se decida será de obligado cumplimiento. Propositivo porque a través de él se podrán proponer nuevas leyes. Abrogativo porque podrá derogar leyes vigentes de igual o menor jerarquía que las propuestas. Y aprobativo porque mediante referéndum podrán aprobarse leyes que lleguen al parlamento por vías participativas, como las Iniciativas Legislativas Populares (ILP), o legislativas.

Recordamos que en nuestra propuesta de Democracia y Punto, los ciudadanos pueden votar las leyes al mismo tiempo que se votan en el parlamento, si así lo desean. De esta manera no es necesario aplicar el referéndum más que en casos excepcionales como son los casos de leyes estructurales (constitución, leyes orgánicas, etc. etc.) o en los casos en que el gobierno no enfrente temas que la ciudadanía sí considera indispensables (ILP, etc.).

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Anexo – Obligaciones de los gobiernos y de los ciudadanos representantes de la ciudadanía

El método utilizado por el Partido X para elaborar los cuatro puntos del programa Democracia y Punto consiste en someter un borrador creado con ciudadanos expertos a discusión pública.

El programa Democracia y Punto contempla 4 mecanismos para recuperar la soberanía ciudadana, que son Transparencia en la gestión, Derecho a voto real y permanente, WikiGobierno y Referéndum obligatorio y vinculante. Sin embargo, debido a que durante los días de discusión del programa hemos recibido muchísimas aportaciones respecto a la necesidad de vincular a la Democracia y Punto la regulación de las obligaciones de los gobiernos y de los futuros funcionarios públicos elegidos representantes de la ciudadanía, hemos introducido un quinto punto, el Anexo.

La consideración de estos aspectos estaba ya prevista en nuestra Hoja de Ruta y en el apartado «No más privilegios para políticos», pero hemos querido anticipar la recogida de las propuestas en esta materia, vista la urgencia expresada por las personas que nos han contactado.

Propuestas:

No más privilegios para políticos:

• Recorte drástico del sueldo de los políticos equiparándolo al sueldo de la media de la población, de modo que el régimen jurídico y retributivo de los políticos se equipare al de la Función Pública según lo recogido en el Estatuto de los Trabajadores.
• Supresión de los privilegios en el pago de sueldos, impuestos, dietas, inmunidad, años de cotización y pensiones. Los representantes de la ciudadanía tendrán los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador.
• Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos y de los cargos públicos y de libre designación. Sanciones específicas por dejación de funciones.
• Reducción de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción para ejercer en la función pública.
• Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.
• Penalización a los representantes de los ciudadanos por el incumplimiento del programa electoral.
• Todos los cargos de los servicios públicos y magistraturas son revocables. Transcurridos 3/10 del período para el cual fueron elegidos, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referéndum para revocar su mandato.

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